En contraste con la abundancia de datos cuantitativos sobre el crimen en las últimas décadas hay todavía mucho por hacer sobre las tendencias históricas —a pesar de que el gobierno federal publica datos a partir de fuentes judiciales desde principios de la época posrevolucionaria.1 A partir de esa información hemos compilado y puesto a disposición del público los datos sobre personas encausadas y sentenciadas por delitos del fuero común y federal desde 1926. Las series (“Estadísticas del crimen en México: Series Históricas 1926-2008”, que se pueden consultar en https://ppiccato.shinyapps.io/judiciales/) sugieren que los últimos tiempos de violencia y crimen revierten tendencias de más largo plazo hacia una sociedad menos violenta después de la Revolución, aunque aún expuesta a los efectos de las crisis económicas y la debilidad institucional.


Ilustraciones: Patricio Betteo

Antes de analizar lo que esta base de datos nos dice sobre el problema del crimen en el pasado, y su posible relación con el presente, es necesario reflexionar sobre lo que las estadísticas muestran y, tal vez, ocultan. Para entender el problema lo mejor es recordar El principito, de Antoine de Saint-Exupéry. El narrador recuerda que de niño hizo un dibujo después de leer un libro sobre la selva virgen. Cuando se lo enseñaba a los adultos ellos le decían, sin pensar más, que era un sombrero. Pero en realidad era una boa digiriendo a un elefante. El narrador tuvo que dibujar el elefante dentro de la boa “para que las personas mayores puedan entender. Ellos siempre necesitan explicaciones” (ver figura). Sólo el principito, que venía de otro planeta, podía entender el dibujo original sin necesidad de explicaciones.

La primera gráfica que produce la base de datos (ver gráfica 1) es una línea igualmente elegante y engañosa que el primer dibujo de Saint Exupéry. Representa la tasa de presuntos delincuentes en México desde el año 1926 hasta el 2008.

En pocas palabras, la gráfica parece decir que el crimen disminuyó en su frecuencia durante la mayor parte del siglo pasado, y que comenzó a aumentar otra vez a mediados de los años ochenta. Si la ponemos en un contexto histórico más amplio la gráfica sugiere que la disminución del crimen fue un largo intermedio entre la violencia caótica de la Revolución y el encadenamiento de crisis económicas y crimen organizado que empezó en los años ochenta y llega hasta nuestros días. Pero decir esto es tan engañoso como decir que es un sombrero.

A pesar de la simplicidad aparente de la línea hay muchos procesos y detalles que es necesario aclarar. Los datos detrás de esta gráfica y de otras que se pueden generar en nuestra base de datos reflejan los delitos que ponían en marcha la actividad judicial, no los que realmente ocurrían. Es decir, la evidencia de las estadísticas tienen una relación complicada con la realidad. Pero a pesar de sus limitaciones nos permiten entender procesos que atraviesan múltiples décadas y que en términos muy generales se podrían describir como una disminución en la frecuencia relativa del crimen desde los años treinta y un aumento a partir de las dos últimas décadas del siglo XX. Decir más a partir de estos datos requiere distinguir lugares, momentos y tipos de crimen, lo que esperamos sea un producto de trabajos que en parte se apoyen en esta base de datos. Pero también requiere tener en cuenta las limitaciones de la información estadística y en particular la que proviene de fuentes judiciales.

¿Qué podemos medir con estos datos? La gráfica 1 muestra el número de individuos declarados presuntos responsables de un delito por cada 100 mil habitantes del país. Esto quiere decir que no muestra una tasa del número real de delitos cometidos. Ese número es imposible de establecer ya que la mayoría de los delitos no son siquiera reportados a la policía por sus víctimas o testigos, e incluso los que son perseguidos o reportados a la policía no siempre dan lugar a una acusación judicial. A principios del siglo XX, por ejemplo, la policía contaba entre los delitos ocurridos los numerosos incidentes de embriaguez o prostitución que llevaban a un arresto a pesar de que casi nadie, incluyendo los redactores de código penal, consideraban esas actividades como criminales. La policía suele ser más flexible que las autoridades judiciales en la interpretación de los actos que se deben perseguir. Por esa razón, y por la lógica propia de las múltiples corporaciones policiales, no existen series estadísticas policiales unificadas que usen las mismas categorías y cubran un periodo suficiente como para establecer tendencias a largo plazo.

Para épocas recientes podemos atisbar el tamaño de los delitos que no llegan a ser investigados gracias a las encuestas de victimización. Éstas no usan como punto de partida los juzgados o las estaciones de policía sino que le preguntan a un grupo representativo de personas si han sido víctimas de crímenes. Estas encuestas son tan nuevas en México que no hay series extensas que nos permitan medir cambios durante el siglo XX. Es decir, no podemos saber la relación entre los delitos que se denunciaban y el total de los que realmente sucedían, ni cómo cambiaba esa relación. Estas encuestas arrojan de manera consistente un dato significativo: la enorme mayoría de los delitos no son denunciados ante las autoridades porque los ciudadanos desconfían de ellas. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2017 hecha por el INEGI, no se denuncian 93% de los delitos. Si tomamos el número total de delitos reportados en la encuesta que es 37.1 millones en un año, esto quiere decir que no se denuncian 34.5 millones delitos. Se trata, por supuesto, de una inferencia estadística, pero señala el tamaño del elefante debajo de la gráfica 1.

Por esta razón el número de presuntos delincuentes puede ser engañoso. Cuando un juez recibe una consignación del ministerio público se inicia el proceso sobre la base de que hay pruebas suficientes para una acusación. Para los sospechosos, las víctimas, e incluso los periodistas que a veces cubren estos casos, la declaratoria del juez de que el detenido queda “formalmente preso” es suficiente para asumir que se ha empezado a hacer justicia, aunque el resultado final sea incierto. Esto refleja prejuicios firmemente establecidos en los medios según los cuales la mera presentación de los sospechosos ante el juez y las cámaras se hace sobre la premisa de que son culpables hasta que se pruebe lo contrario.2 Como los juicios criminales pueden tardar tantos meses y las cárceles preventivas son tan inhospitalarias, para efectos del castigo, el sospechoso ya se amoló cuando se lo declara “bien preso”. Muchos acusados son liberados antes de llegar a ser sentenciados por haber pasado en la cárcel tanto tiempo como el que dicta el código penal como sentencia máxima para el delito del que se les acusa. Como justicia, sin duda, es un resultado magro para todos los involucrados, pero al menos uno que se puede vivir para contar.

Hay tantos factores que influyen en el resultado del proceso, desde la corrupción de los funcionarios hasta la ausencia de los testigos y las víctimas, que la cifra de sentenciados culpables es aún peor como indicador. Si comparamos el número de presuntos con el de sentenciados queda claro que, por lo menos, el sistema judicial no es muy eficiente: sólo una parte de los juicios llega a determinar culpabilidad y, en algunos delitos, el porcentaje es muy bajo. Desde 1926 hasta 2008 en promedio poco menos de la mitad de las consignaciones llevaban a una sentencia culpable, aunque la variación es grande: uno de cada cuatro en 1930, uno por cada 1.2 en 1953 y 1994. En algunos delitos, sin embargo, la relación es menor: uno en cada 2.4 casos de violación consignados llevó a una sentencia condenatoria.

Más allá de la estadística judicial aquí descrita hay otra fuente de datos que nos da información importante tanto sobre los delitos cometidos como sobre la forma en la que actúa el aparato de justicia frente a ellos. Los homicidios no sólo han sido contados como delitos con personas procesadas como presuntos responsables, sino también como una causa de muerte registrada por las instituciones de salud. Esta serie de datos no es perfecta pero tiene la virtud de que está basada en registros que al menos deben coincidir con la presencia de un cuerpo y un diagnóstico médico. Los datos que existen en México de la tasa de homicidios a nivel nacional van desde los años treinta hasta la fecha. Como se puede ver en la gráfica 2, ésta no parece un elefante dentro de una boa, ni un sombrero. La tasa de homicidios más alta registrada a nivel nacional, según fuentes forenses,  fue en 1940 con 67 homicidios por cada 100 mil habitantes; en contraste, la más baja fue en el año 2007 con ocho homicidios por cada 100 mil habitantes. Al menos hasta 2007 se puede decir que la violencia homicida siguió la tendencia de lo que se conoce como el “proceso civilizatorio”: un Estado más presente, acompañado de mecanismos institucionales y sociales para resolver disputas de forma no violenta, y una menor predisposición hacia la violencia entre la población.3 Esta misma gráfica nos muestra que también la tasa de personas procesadas por el delito de homicidio es bastante estable a través del tiempo. En el extremo de dicha estabilidad se encuentra el año 2008, donde el total de procesados por homicidio es casi igual al de 2007 (alrededor de ocho mil, un total no muy lejano al de 1940), aunque el número de homicidios registrados es de casi el doble de un año a otro. No obstante, lo importante es que aunque las personas procesadas por el delito de homicidio son muchas menos que las personas cuya causa de muerte fue homicidio, la tendencia general de ambas series es casi igual: lentamente a la baja hasta el año 2007. El cambio en la tendencia que se avista en 2008 también nos dice algo sobre la fragilidad de este “proceso civilizatorio”.

En suma, los indicadores judiciales pueden señalar tendencias pero no son tan precisos como descripción de la realidad en un momento dado. Por ello, los números que se pueden consultar en esta base de datos tienen que ser considerados siempre como un granito de sal: el Estado cuenta y produce números, pero éstos refieren más que nada a su propia actividad. Los expertos, muchas veces pagados por el Estado, interpretan esos números y tratan de proveer resultados que sirvan desde el punto de vista estatal; los medios de comunicación, por su parte, digieren parcialmente esos resultados y los divulgan, generalmente con el fin de mostrar las terribles y crecientes dimensiones del problema. Contra ese dispéptico proceso digestivo más vale ir despacio, como la boa, explorando fenómenos que se repiten muchas veces (por eso se pueden contar), pero que también son parte, siempre individualizada en sus circunstancias y consecuencias, de la vida cotidiana.

Si intentamos profundizar la historia que nos sugiere la gráfica 1, podemos empezar por describir las tendencias más generales de la criminalidad y compararlas con los datos más detallados de los últimos años.

La línea que baja y luego sube parece muy clara, pero hay mucho que explicar. Cuando la vemos desde el presente tan problemático no podemos sino pensar que algo fundamental cambió a principio de los años ochenta y que desde entonces las cosas van de mal en peor. Antes de ese cambio las cosas no eran óptimas pero iban mejorando: el crimen no era una preocupación tan central en la vida pública y privada. Hoy, como lo prueban incontables sondeos de opinión, la seguridad es la preocupación más importante para los ciudadanos. Leer cualquier periódico o ver cualquier noticiero no parece sino confirmarlo: balaceras, cadáveres y otros actos de agresión que no están, como en los viejos tiempos, contenidos por una explicación (perversión, locura, influencias extranjeras) que de alguna manera los mantenga a distancia de la realidad cotidiana. Hoy el crimen está presente en todos lados, y ya no se limita al mundo de los criminales por naturaleza y las víctimas ricas y famosas. Desde esta perspectiva, el pasado es una edad dorada que no sirve para explicar el presente.

La gráfica 1 muestra que las tasas totales descendieron hasta fines de los años setenta y luego comenzaron un crecimiento rápido que, aunque atemperado, continúa hasta 2008. Sin embargo, el promedio para el último periodo está en el rango de los registrados entre 1926 y 1950. Lo que ha cambiado con claridad es el tipo de delitos por los que se consignó a los sospechosos. Como lo muestra la gráfica 3, el robo, que era el segundo delito más frecuente al principio del siglo, superó a las lesiones y llegó en los últimos años a niveles superiores a los de su punto más alto anterior, el primer quinquenio de los cuarenta. Esto quiere decir que el aumento de las tasas de criminalidad no necesariamente significa un aumento en la violencia.

Las lesiones y el homicidio, siguiendo la misma gráfica, continuaron una tendencia declinante desde el comienzo de la serie estadística, y probablemente desde antes, si consideramos la violencia generalizada de la época revolucionaria. La violación, incluida en la gráfica no por su importancia numérica sino porque indica otro tipo de violencia, pocas veces reportada, mantuvo un nivel sorprendentemente estable a través del siglo.

En otras palabras, la imagen más amplia sugiere que la frecuencia de la criminalidad durante el siglo XX no cambió tanto como la relación entre distintos tipos de delitos. Como en otras sociedades modernas, los delitos contra la propiedad aumentaron mientras que la violencia interpersonal disminuyó. Al igual que en otros países de América Latina, los años ochenta son un momento en que se agudizaron los conflictos sociales a partir de las recurrentes crisis económicas, como se ve reflejado en el incremento en el robo.4 En cambio, las relaciones de género no parecen cambiar a la velocidad que deberían, o por lo menos la denuncia y acción judicial en cuanto a la violación no parece haber cambiado mucho.

Un determinante importante de las tendencias es sin duda la actividad judicial basada en las prioridades ideológicas y de políticas públicas del Estado. Por ejemplo, la gráfica 4 muestra el aumento de los presuntos delincuentes por “delitos contra la salud” (como se conoce el tráfico de drogas) desde 1940. Como lo han señalado otros autores a partir de la historia más amplia de la persecución del narcotráfico: se trata de una decisión política que poco tuvo que ver con las prácticas de consumo asociadas con sustancias ilícitas, y que en buena medida repite lo que sucede en Estados Unidos. Puede argumentarse, es más, que muchas de esas prácticas, sobre todo el consumo, no son unánimemente consideradas como criminales.5 En este caso las estadísticas retratan más el interés del Estado que las visiones colectivas sobre lo que es un crimen.

Cuando examinamos diversas áreas del país vemos variaciones significativas. Si comparamos entre estados a lo largo del siglo encontramos que hay algunos que tendían a estar por debajo o por encima del promedio nacional de consignados totales. Por ejemplo, Baja California y Tamaulipas casi siempre tenían una tasa más alta que la nacional, en el caso de la primera más del doble en promedio. Otros estados, como Guerrero, Hidalgo, Oaxaca o Tlaxcala estaban entre los que tenían tasas más bajas. Hay estados que muestran ciclos distintos. Durango, por ejemplo, tenía tasas menores al promedio nacional desde mediados de los sesenta, mientras Chihuahua las tenía mayores a partir de principios de los setenta. Sin embargo, precisamente porque la capacidad del Estado para atender delitos determina en buena medida las cifras de presuntos delincuentes, no sorprende que la participación del Distrito Federal hasta mediados del siglo XX es mucho mayor que la de otros estados incluso considerando las diferencias de población. Por ejemplo, hasta los años cincuenta del siglo pasado entre 20% y 30% de todos los procesados lo eran por delitos cometidos en el DF, aunque el DF no acumulaba más de 15% de la población del país. El cambio a partir de los años sesenta es probable que esté vinculado, entre otras cosas, a la creación de policías estatales en varios estados de la República.

El resultado fundamental es claro: la violencia disminuyó durante el siglo XX, hasta que dejó de disminuir. Se trataba de una sociedad menos violenta hasta que la tendencia se revirtió cuando cambiaron las políticas estatales contra las drogas. Pero no todo el homicidio se explica por eso. Hay un efecto de retroalimentación en estos números: mientras hay más homicidios más fácil es cometer un homicidio. Se trata de un efecto indirecto, mediado por la capacidad (o deseo) de la policía y el aparato judicial para investigar. La discrecionalidad es difícil de aceptar políticamente pero es inevitable en las condiciones de la realidad actual: sólo algunos delitos son perseguidos. Nadie toma responsabilidad por esa decisión, pero ahí está, como un elefante. Esa discrecionalidad empieza desde abajo, cuando los investigadores dosifican su esfuerzo de acuerdo con las condiciones materiales y las presiones de sus superiores. Esto generalmente sucede a menos que haya reclamo del público, ya sea porque las víctimas son de clase alta o famosas o están relacionadas con la política nacional. El esfuerzo disminuye cuando el homicidio parece relacionado con el narcotráfico.

Una perspectiva de largo plazo sobre las tendencias del crimen en México sugiere que las últimas décadas son excepcionales y que eventualmente se va a restablecer la tendencia decreciente de los crímenes, sobre todo de los que incluyen violencia. Otra interpretación de los mismos datos, más pesimista, sería que las tendencias del siglo XX ya nunca van a ser recuperadas y que el país ha entrado en una nueva era de violencia y debilidad institucional. El análisis que acabamos de proponer, por el contrario, indica que las tendencias son diversas en términos de los delitos y los lugares y que la posible solución no es una. Algunas de ellas pueden cambiar como resultado de decisiones políticas (reforzar el sistema judicial, mejorar la capacidad investigativa de las policías) mientras que otras son reflejo de cambios sociales causados por complejas combinaciones de factores económicos e institucionales que sólo se pueden revertir lentamente (como el robo).

 

Andrés Lajous
Estudiante de doctorado en la Universidad de Princeton.

Pablo Piccato
Profesor de historia en la Universidad de Columbia, Nueva York.


1 Rafael Ruiz Harrell, Criminalidad y mal gobierno, México: Sansores y Aljure, 1998; Alfonso Quiroz Cuarón, José Gómez Robleda y Benjamín Argüelles, Tendencia y ritmo de la criminalidad en México, D.F., México, Instituto de Investigaciones Estadísticas, 1939.

2 Guillermo Zepeda Lecuona,Crimen sin castigo: Procuración de justicia penal y ministerio público en México, México, Fondo de Cultura
Económica-Cidac, 2004, pp. 109, 155.

3 Eric A. Johnson y Eric H. Monkkonen, The Civilization of Crime: Violence in Town and Country since the Middle Ages, Urbana: University of Illinois Press, 1996.

4 Howard Zehr, Crime and the Development of Modern Society. Patterns of Criminality in Nineteenth Century Germany and France, Londres: Croom Helm, 1976; Pablo Fajnzylber, Determinants of Crime Rates in Latin America and the World: An Empirical Assessment, Washington, D.C.: World Bank, 1998; United Nations Development Programme,“Citizen Security with a Human Face: Human Development Reports” (consultado el 17 de agosto de 2016). http://hdr.undp.org/en/content/citizen-security-human-face

5 Luis Astorga, El siglo de las drogas: El narcotráfico, del Porfiriato al nuevo milenio, México, Plaza y Janés, 2005; Ricardo Pérez Montfort, Yerba, goma y polvo: Drogas, ambientes y policías en México, 1900-1940, México, Conaculta, 1999; Paul Gootenberg, Andean Cocaine: The Making of a Global Drug, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2008.

 

Un comentario en “Tendencias históricas del crimen en México

  1. Una agenda de investigación fascinante y necesaria la que presentan. Una duda muy pequeña y puntual: cuando dicen: “Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2017 hecha por el INEGI, no se denuncian 93% de los delitos. Si tomamos el número total de delitos reportados en la encuesta que es 37.1 millones en un año, esto quiere decir que no se denuncian 34.5 millones delitos”, ¿no debería ser 345 millones de delitos que no son denunciados (es decir, algo proporcional al 93%)?