La semana pasada, gracias a una serie de entrevistas que realizó la periodista Carmen Aristegui con Karla Souza, Paola Núñez, Stephanie Sigman, Sofía Niño de Rivera y Azul Almazán, en México se ha reavivado la discusión sobre la violencia sexual que viven las mujeres. Y digo que se ha reavivado porque son años ya los que, de forma intermitente y con distinta intensidad, la violencia sexual ha sido parte de la discusión pública en el país. Si acaso la diferencia estriba en que estos últimos casos refieren, sobre todo, a la que ocurre en el trabajo —y están enmarcadas en la conversación global que se desató con #MeToo—, mientras que los antecedentes que se mediatizaron ilustraban la que sucede principalmente en las calles y en las universidades.

Son muchas las inquietudes que se han manifestado en esta discusión. Existe una preocupación sobre la aparente falta de distinción entre conductas que, para muchas personas, son radicalmente distintas. O acaso, se pregunta, ¿es lo mismo una violación que un “piropo”? Más aún: ¿no se está cayendo en un exceso, prohibiéndose la seducción y el ejercicio legítimo —si bien torpe, dicen— de la sexualidad? Además: ¿por qué es que las víctimas se han tardado tanto en denunciar? Sobre todo, cuando parece que, en ese tiempo de silencio, sus carreras se vieron beneficiadas. ¿No están siendo oportunistas las víctimas? Y, por supuesto: ¿qué de los hombres? Tanto los que son víctimas de violencia sexual, como los que están siendo acusados. ¿Qué del debido proceso? ¿Esto de “siempre creerles a las víctimas” no supone un atropello de ese principio básico de justicia procesal?

En este artículo, espero dar respuesta a estas preguntas, con base en estudios que se han realizado del fenómeno del acoso laboral en México. Me interesa contextualizar lo que han narrado Souza, Núñez, Sigman, Niño de Rivera y Almazán, por no mencionar a las miles de mujeres en el país que han contado sus experiencias a través de #RopaSucia, #MiPrimerAcoso y recientemente #MeToo. Por ello, también voy a hacer referencia al entramado jurídico nacional y cómo regula y castiga (si es que castiga) este tipo de actos. Un análisis exhaustivo del fenómeno de la violencia sexual por supuesto que rebasa lo legal. Mi foco en lo jurídico, por ahora, se debe a que sí hay, de forma constante, una pregunta sobre cómo del Estado debe responder —y responde— a esta violencia. 

1. La violencia sexual en el trabajo: ¿un asunto de mujeres?

Una de las inquietudes constantes que surgen en discusiones sobre la violencia sexual tiene que ver con cómo se plantea como un asunto de mujeres, en el que ellas son, casi sin excepción, víctimas de los hombres. Las objeciones son varias. Para empezar: ¿qué de los hombres que son víctimas?1 Y, segundo: ¿acaso no están demonizando a los hombres, en general? ¿Qué de las mujeres que son agresoras? (¿Qué de los hombres que no lo son?) ¿No se está haciendo una simplificación del fenómeno?

¿Qué nos dicen las estadísticas en México al respecto?

Hay una encuesta que permite ofrecer una respuesta a esta pregunta: la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), que se publica cada año, desde el 2011.2 Esta encuesta permite calcular aproximadamente cuántas personas en el país, mayores de 18 años, son víctimas de distintos tipos de delitos. Los delitos sobre los cuales se les pregunta a las personas son varios: robo, extorsión, fraude, amenazas, lesiones, secuestro y distintos delitos sexuales. Según la séptima y última edición de esta encuesta (2017), aproximadamente el 87.87% de las víctimas de violación mayores de 18 años en el país fueron mujeres, como lo fueron el 89% de las víctimas del resto de los delitos sexuales que se contabilizan en esta encuesta, que son el hostigamiento, los manoseos, el exhibicionismo y los intentos de violación.3 En otras palabras: las mujeres son la gran mayoría de las víctimas los delitos sexuales que se contabilizan en la ENVIPE.

La ENVIPE, además, permite detectar el lugar en el que ocurren estos delitos. De las personas que podemos estimar vivieron hostigamiento, manoseos, exhibicionismo e intentos de violación en el trabajo –solo en el trabajo–, el 83.55% fueron mujeres y el 16.45% fueron hombres. De las personas que podemos estimar sufrieron una violación en el trabajo, según los datos de esta encuesta, todas fueron mujeres (básicamente: ningún hombre indicó haber sido violado en el trabajo, en esta encuesta). Por supuesto que la ENVIPE es un instrumento imperfecto, que puede estar subestimando el fenómeno, pero de cualquier forma la brecha es tan enorme que no puede ignorarse.

Ahora: ¿quiénes cometieron estos delitos, según la ENVIPE? En todos los delitos –sexuales y no–, la mayoría de quienes los cometieron fueron hombres. En el caso concreto del hostigamiento, manoseos, exhibicionismo e intentos de violación en el trabajo: el 63.4% de quienes agredieron a los hombres, eran hombres y el 36.6% eran mujeres. El 99.2% de quienes agredieron a las mujeres fueron hombres y el 0.8% otras mujeres.

¿Qué quiere decir esto? Que por supuesto todas las personas –hombres y mujeres– pueden ser y son víctimas de violencia sexual, incluida la que ocurre en el trabajo. Pero algo pasa que se trata de una violencia que desproporcionadamente afecta a las mujeres. La pregunta importante es: ¿por qué? Lo mismo aplica para quienes ejercen esta violencia: todas las personas –hombres y mujeres– la pueden ejercer y la ejercen. La pregunta es: ¿por qué es mucho más común que sean los hombres los que la cometen, tanto en contra de mujeres, como en contra de otros hombres?

Aquí es donde se vuelve particularmente relevante la famosa “perspectiva de género”: esta nos invita a ver los factores sociales, económicos, políticos, laborales e institucionales que impactan el riesgo que los hombres y las mujeres tienen de vivir distintos tipos de violencias, así como las oportunidades que tienen para ejercerlas. Los datos no llevan automáticamente a demonizar a todos los hombres (después de todo, como tantos insisten en señalar: no todos los hombres ejercen violencia), sino a entender qué del contexto –social, laboral, económico, etc.– es lo que exacerba o reduce las posibilidades de que las personas ejerzan y vivan violencia.

¿Qué quiere decir esto para efectos de la violencia sexual que ocurre en el trabajo? Si en el país, por ejemplo, los hombres siguen ocupando, en la mayoría de los centros de trabajo –públicos y privados–, los puestos más altos de decisión y las mujeres, en cambio, tienden a ocupar puestos de menor rango, están situados en posiciones que les confieren, a unos, un mayor margen de arbitrariedad y, a otras, menores posibilidades de resistir y denunciar. La desigualdad laboral amplía la entrada para la violencia.

Tomemos el caso prototípico de acoso sexual: que una persona le ofrezca a otra una oportunidad laboral a cambio de “sexo” y que la primera castigue a la segunda, en caso de que la rechace. Para que esto ocurra, la persona tiene que estar en la posición de ofrecer un trabajo y de castigar a quien la rechace. Si ese poder recae desproporcionadamente en los hombres y las oportunidades laborales de las mujeres, además, siguen estando fuertemente condicionadas por la discriminación, quizá los números ya no sorprendan tanto.

Desde esta perspectiva, la discusión pública sobre la violencia sexual en el trabajo nos debería empujar a analizar a los centros de trabajo mismos: ¿cómo operan, cómo están estructurados, cómo están conformados? ¿Qué del lugar y la dinámica laboral permite o solapa la violencia? Y cómo todo esto se exacerba o se reduce si se considera la desigualdad de género –al menos– que actualmente existe en la esfera laboral en el país. Esto para la violencia que ocurre entre quienes se encuentran en una relación jerárquica, pero también entre quienes están situados en un plano de igualdad al interior del trabajo.4

2. ¿Pero realmente es para tanto?

Hasta ahora, solo he referido a los números que nos indican que la violencia sexual, como muchas otras, en el país, está fuertemente atravesada por el género. Más allá de esto, sin embargo, ¿qué tan grande es el problema?

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) es el instrumento estadístico más importante que se ha desarrollado para dimensionar específicamente las violencias que viven las mujeres mayores de 15 años en el país.5 A finales del año pasado se publicó su cuarta edición, que incluye cifras sobre la violencia –física, emocional y sexual– que viven las mujeres específicamente en el ámbito laboral. ¿Qué nos dicen estos números?

• Aproximadamente a 344 mil mujeres (el 1.7%), en el último año previo a la encuesta, les han propuesto o insinuado tener relaciones sexuales a cambio de mejoras o beneficios en el trabajo (una constante, por ejemplo, con Harvey Weinstein).

• Aproximadamente 178 mil mujeres (el 0.9%), sufrieron, en el último año, represalias en su contra, las castigaron o las trataron mal porque se negaron a tener relaciones sexuales en el trabajo (como ocurrió también con Weinstein).

• 90 mil, aproximadamente (el 0.5%), fueron a las que una persona les mostró sus partes íntimas o se las manoseó enfrente de ellas en este contexto (como ocurrió tanto con Weinstein, como con Louis C.K.).

• 289 mil, aproximadamente (el 1.4%), son a las que las han manoseado, tocado, besado o que se les han arrimado, recargado o encimado sin su consentimiento (otra vez Weinstein).

• Aproximadamente a 78 mil las trataron de violar (el 0.4%) y 24 mil sufrieron una violación (el 0.1%).

 

Esto, de nuevo, es solo parte de la violencia sexual en el contexto laboral.

Si queremos realmente dimensionar cómo es el día a día para millones de mujeres, tendríamos que considerar las violencias que viven en otros espacios –como la violencia sexual que viven en la calle, muchas veces para llegar al trabajo–.

Tendríamos que considerar las otras formas de violencia y discriminación que viven en el mismo trabajo (valga solo un dato: aproximadamente a 277 mil mujeres, según la ENDIREH 2016, las despidieron por embarazarse en los últimos tres años).6

Por no decir que tendríamos que analizar el contexto laboral mexicano más amplio: uno en el que la precariedad e informalidad laboral son constantes en las vidas de millones de personas, incluidas, por supuesto, las mujeres, que, según indicadores del INEGI, el 57.4% se encuentra en un trabajo informal. Trabajos que, por definición, las ponen en una situación de vulnerabilidad en las que ejercer sus derechos es particularmente difícil. Lo que nos lleva, por supuesto, al tema de la denuncia.

Según estimaciones de la ENDIREH 2016, el 91.2% de las mujeres que experimentaron violencia física o sexual en el trabajo a lo largo de su vida, no solicitaron apoyo de ninguna institución, ni interpusieron una queja o denuncia ante alguna autoridad. Solo el 2.3% solicitó apoyo a alguna institución, el 5.3% presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad, y el 1.2% solicitaron apoyo e interpusieron una denuncia.

¿Por qué, según la ENDIREH 2016, es que las mujeres no denunciaron, ni solicitaron ayuda? El 23.9%, porque tenían miedo a las consecuencias o a las amenazas; el 17.1% porque pensó que no le iban a creer o que le iban a decir que era su culpa; el 14% por vergüenza; el 20% porque no sabía cómo y dónde denunciar; el 17.1% porque era una pérdida de tiempo o porque no tenía tiempo; y el 12.4% porque no confía en las autoridades del gobierno.

¿Son infundadas las razones que esgrimen estas mujeres? ¿Es errónea su percepción sobre las posibilidades de obtener justicia en el país? Esto nos lleva, por ahora, al entramado jurídico mexicano.

3. Los laberintos de la justicia

En los casos que se han denunciado con #MeToo, se incluyen una variedad de conductas. Van desde los comentarios sexistas o insinuaciones sexuales realizadas en un contexto profesional, que no necesariamente se repiten en el tiempo, pasando por tocamientos indeseados constantes, hasta la violación. En algunos de los casos, si bien solo existió una única insinuación sexual, a esta le siguieron represalias laborales. Y esto es importante: no se puede obviar en esta discusión que la denuncia no solo tiene que ver con conductas sexuales, sino con cómo se condiciona el trabajo de las mujeres. La pregunta, por ahora, es: ¿cuáles, de todas estas conductas, se encuentran prohibidas por las leyes mexicanas? La respuesta a esta pregunta no es fácil.

A. La multiplicidad de instancias

Para empezar, distintas formas de violencia sexual se encuentran sancionadas no solo por el derecho penal, sino también por el derecho laboral, el derecho civil,7 el derecho administrativo y, en ciertos casos, el derecho de los derechos humanos (CNDH) y el derecho anti-discriminación (CONAPRED).8 ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo del trabajo en el que la persona se encuentre, una misma conducta puede violar distintas leyes, por lo que puede acudir a distintas instancias para denunciar.

Por ejemplo: si una mujer es acosada por un servidor público, esto puede ser, al mismo tiempo, un delito, una falta civil y una causa de responsabilidad administrativa. Puede ir al Ministerio Público, acudir a un tribunal civil y/o a la contraloría interna de la institución en la que trabaja. Las consecuencias en cada instancia son distintas. En la penal, la mayoría de los códigos establecen que el acoso sexual será sancionado con pena de prisión. En la vía civil, con dinero. En la vía administrativa, con amonestación, suspensión o inhabilitación laboral. En todas, se supone, se debe garantizar la “reparación integral” del daño.

Si, por el contrario, la persona trabaja en una empresa privada, tiene distintas opciones. Puede, para empezar, acudir a la misma empresa para que esta haga algo –como despedir a quien acosa–. Si la empresa no hace nada y, por el contrario, “permite o tolera” el acoso, la víctima puede demandar a la empresa laboralmente (o civilmente). Esto es importante: en México, distintas leyes generan responsabilidad no solo para quienes cometen el acto, sino para los centros de trabajo que no hacen su debida diligencia para detener la violencia. 

Hay huecos, por supuesto. ¿Qué de las personas, por ejemplo, que si bien acuden a trabajar a una empresa en donde son acosadas por un trabajador de ahí, están legalmente subcontratadas por otra? ¿Quién, entonces, es responsable civil y laboralmente? ¿Qué de las personas que se encuentran en un trabajo informal? ¿Qué barreras enfrentan ellas?

B. La heterogeneidad de las conductas

Ahora: ¿qué está sancionado? Otra vez: depende.

Todos los códigos penales en el país sancionan el “abuso sexual” y la “violación”, incluidas las que ocurren en el trabajo. Prácticamente todos los códigos penales sancionan el “acoso sexual”, el “hostigamiento” o el “aprovechamiento sexual”. Las definiciones, sin embargo, como puede verse en un estudio que realizó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no son homogéneas y algunas siguen incluyendo elementos sumamente problemáticos (pensemos en la sentencia de los Porkys, en la que se exigía comprobar el “interés lascivo” de quien abusaba de la víctima para configurar el delito).

A veces, lo que unos códigos llaman hostigamiento, otros lo subsumen al acoso sexual. Qué se incluye en cada categoría, varía. En el Código Penal Federal, por ejemplo, comete el delito de hostigamiento “al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica”. El “asedio” tiene que ser reiterado –y cometido por alguien jerárquicamente superior– para que se configure el delito. En la Ciudad de México, en cambio, es “acoso sexual” cuando una persona “solicita favores sexuales para sí o para una tercera persona” o cuando realiza “una conducta sexual de naturaleza indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad”. ¿Puede haber una conducta sexual indeseable, pero que no cause “un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione [la] dignidad” de una persona? ¿Cómo y quién lo determina? La corredora Alín Osuna, por ejemplo, relató que, cuando fue a denunciar un acoso que vivió mientras corría en un parque, se le practicó un examen psicométrico para determinar, básicamente, qué tan “afectada estaba”.9 Al no estar “afectada mental, ni emocionalmente por el asunto”, según el peritaje, se consideró que no hubo delito.

En el ámbito laboral, la Ley Federal del Trabajo prohíbe el hostigamiento y el acoso sexual. ¿Cómo define el primero? A ver si queda claro: es “el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas”. ¿Cómo define el acoso sexual? Es “una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.” ¿Quedan claros? (A mí no.)

El Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, aplicable para la Administración Pública Federal, ofrece definiciones similares, si bien aclara que el acoso sexual “es una forma de violencia con connotación lasciva” y el hostigamiento sexual “se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva”.

c. El famoso debido proceso

Hay dos elementos comunes a las distintas regulaciones de la violencia sexual que ocurre en el trabajo en México. El primero es que se reconoce que tanto las víctimas, como los agresores pueden ser hombres y mujeres (lo que significa que el trato desigual que luego se alega por parte de los hombres es jurídicamente infundado). El segundo es que todos tienen incorporado el debido proceso en su actuar. Eso de “creerles siempre a las víctimas” en el país es, en el mejor escenario, un punto de partida para la investigación, pero no es la base de las condenas.

En el derecho penal, por ejemplo, la presunción de inocencia implica que, si se va a sancionar a alguien por cometer alguno de los delitos señalados en la ley, tiene que comprobarse que, sin lugar a dudas, realizó el acto. Si la víctima ofrece su testimonio, la persona acusada puede ofrecer múltiples elementos probatorios para contradecirlo y así desestimarlo. El proceso está diseñado para que la víctima sea cuestionada.

En el derecho laboral, ocurre algo similar. Conforme a la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, solo se puede despedir a un trabajador o trabajadora, con causa. Sí: el acoso sexual u hostigamiento son dos de esas causas por las cuales se puede despedir a alguien. Pero: ¿qué pasa? Que la persona despedida siempre puede demandar a la empresa si considera que esa causa no existió o, para efectos prácticos, no se demostró. ¿Qué implica esto? Que las empresas tienen que demostrar que un trabajador o trabajadora acosó u hostigó para que el despido sea legal.

Lo mismo ocurre en la regulación administrativa, diseñada para las y los servidores públicos. Si se analiza el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, se verá que, otra vez, se tienen que investigar las quejas y garantizar la presunción de inocencia.

Incluso en casos, por ejemplo, como el del Gustavo Loza, cuyo contrato con Televisa fue terminado, como consecuencia de la denuncia de Karla Souza, existen salvaguardas. Los contratos, por definición, incluyen cláusulas sobre su terminación. Si las personas estiman que estas cláusulas se violaron –alegando, por ejemplo, que fue injusto que se terminara por una “simple” queja de violencia sexual–, también pueden demandar. Lo mismo aplica para la denuncia social y mediática: en México, la vía civil, a través del juicio por daño moral, le otorga a las personas una manera de protegerse de lo que estiman es un daño a su “honor” o “reputación”.

D. La efectividad del sistema legal

Todo lo que acabo de mencionar hasta ahora es lo que dicen las leyes. ¿Qué de su cumplimiento, sobre todo considerando que en México existe un problema inmenso de impunidad? ¿Qué de la efectividad del sistema de justicia mexicano?

Lo primero que debo mencionar es que hay problema brutal con el acceso a datos públicos.

Si quisiéramos, por ejemplo, saber cuántas denuncias laborales han interpuesto las personas por considerar que fueron despedidas injustificadamente por acoso, los datos que publica el INEGI sobre las “relaciones laborales de jurisdicción local”, que incluyen los “conflictos individuales de trabajo”, no permiten saberlo. Solo sabemos el número de casos que hay por “despidos injustificados” o por una “rescisión del contrato”, sin saber a qué, en concreto, se deben.10 Si queremos saber cuántos casos han llegado a los tribunales civiles, con base en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, también es imposible saberlo. Los datos solo vienen desagregados por materia (civil, mercantil, familiar), pero no por motivo. Si quisiéramos saber cuántos casos llegan a las instituciones públicas, así como cuántos servidores públicos han sido sancionados por acoso u hostigamiento, también es prácticamente imposible saberlo con base en los datos públicamente disponibles. El Sistema de Registros de Servidores Públicos Sancionados es un chiste (solo se puede buscar si conoces el nombre o RFC de quien fue sancionado; o bien, no puedes saber por qué, en concreto, se le sancionó). La única manera de subsanar estas insuficiencias es a través de solicitudes de acceso a la información pública y a veces ni siquiera eso es una garantía.

La materia en la que más datos públicos están disponibles es la penal. Aunque incluso aquí los problemas de información son múltiples. Apenas en enero de este año, por ejemplo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública comenzó a registrar el número de averiguaciones previas a nivel estatal para los delitos de abuso sexual, acoso sexual y hostigamiento sexual. En los Censos Nacionales de Procuración de Justicia Estatal que publica el INEGI, solo se tienen datos sobre las averiguaciones previas de estos delitos a partir del 2013. En relación a las sentencias judiciales, el panorama no es mucho mejor (sobre todo considerando que las sentencias no están públicamente disponibles). Es solo gracias a la base de “Judiciales en materia penal” que podemos saber cuántas personas condenadas hubo para todos estos delitos entre 1997 y el 2012. Después de este año, sin embargo, solo podemos saber el número de personas sentenciadas, sin saber el sentido de la resolución.11

Ahora: con los datos públicamente disponibles, ¿qué podemos saber sobre la efectividad del sistema penal para castigar distintas formas de violencia sexual en el trabajo?

Primero: no es posible saber cuántos de los delitos que se han denunciado y castigado ocurrieron en el contexto laboral, porque los datos no están desagregados de forma tal que se pueda saberlo. Solo contamos con datos sobre los delitos sexuales que se denuncian, procesan o condenan, en general.

Segundo: la violación es el único delito sexual, relevante para este texto, sobre el cual se puede saber cuántas averiguaciones previas se abrieron entre 1997 y 2012, así como el número de delitos y personas que se llegaron a procesar y condenar en estos años. Lo que revela un análisis de estos datos es que existe una brecha nada desdeñable entre las averiguaciones previas que se inician y los casos que se llegan a consignar frente a un tribunal. Algo que, por supuesto, no sorprende si se toma en consideración los múltiples estudios que se han hecho sobre el sistema de procuración de justicia (así como los datos que año tras año arroja la ENVIPE).12 Guillermo Zepeda Lecuona lo dijo hace tiempo: la averiguación previa funciona como el nodo central o “el corazón de la impunidad” en México.

Gráfica 1. Número de averiguaciones previas, delitos de las personas procesadas/imputadas y delitos de las personas condenadas para el delito de violación, en el fuero común, para los años 1997-2012 en México13

Fuente: Para las averiguaciones previas, “Incidencia delictiva del fuero común” del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; para los delitos de las personas procesadas y condenadas, los datos contenidos en “Judiciales en materia penal” del INEGI, que contiene datos para los años 1997-2012. Valga decir que una misma averiguación previa puede tener más de un delito. Y que una persona puede cometer más de un delito.

¿Cuántas personas fueron condenadas por el delito de violación? En todos estos años, 44,154 hombres y 334 mujeres. El año en el que más personas fueron condenadas fue el 2004: con 3,177 hombres condenados y 17 mujeres.

Gráfica 2. Hombres y mujeres condenadas por violación, en el fuero común entre 1997-2012

Fuente: “Judiciales en materia penal” del INEGI.

Si bien no se cuentan con datos sobre las averiguaciones previas para los años de 1997-2012 del delito de abuso sexual (por lo que no es posible saber la brecha entre averiguaciones previas y consignaciones), sí hay datos sobre el número de delitos de abuso sexual de las personas condenadas entre 1997-2012. ¿Cuántos delitos de abuso sexual se condenaron en todos estos años? En el año en el que más abusos sexuales se condenaron, la cifra asciende a 2,851.

Gráfica 3. Delitos de las personas condenadas por abuso sexual en el fuero común entre 1997-2012

Fuente: “Judiciales en materia penal” del INEGI, que contiene datos para los años 1997-2012.

¿Cuántas personas fueron condenadas, entre 1997-2012, por abuso sexual? En estos 16 años, en total: 20,910 hombres y 178 mujeres.

Gráfica 4. Hombres y mujeres condenadas por abuso sexual, en el fuero común, 1997-2012

Fuente: “Judiciales en materia penal” del INEGI, que contiene datos para los años 1997-2012.

¿Qué de los delitos de acoso sexual, hostigamiento sexual y aprovechamiento sexual?14 Entre 1997 y 2012, se condenaron a 163 hombres y a 3 mujeres por estos delitos. En esta misma temporalidad, en el fuero común solo se sancionaron 218 delitos de acoso, hostigamiento y aprovechamiento sexual.

Gráfica 5. Hombres y mujeres condenadas por acoso sexual, hostigamiento sexual y aprovechamiento sexual, en el fuero común, 1997-2012

Fuente: “Judiciales en materia penal” del INEGI, que contiene datos para los años 1997-2012.

Gráfica 6. Delitos de las personas condenadas por acoso sexual, hostigamiento sexual y aprovechamiento sexual, en el fuero común, 1997-2012

Fuente: “Judiciales en materia penal” del INEGI. Se sumaron los “delitos de las personas sentenciadas en sentido condenatorio” por estos tres delitos, para los años 1997-2012. De 1997-2008, se incluyen datos solo para “hostigamiento sexual”; entre 2009 y 2012, se incluyen datos para “acoso sexual” y “aprovechamiento sexual” (pero desaparece la categoría de “hostigamiento sexual”).

Creo, contrastando estas cifras con los datos publicados en la ENDIREH (tanto la última edición, del 2016, como las de años pasados),15 que es sensato afirmar que, en el país, la gran mayoría de los casos de violencia sexual no se denuncian y, de los que sí, como quiera no se logra una condena. Desde aquí, es importante retomar la pregunta: ¿por qué las personas no denuncian? Bueno: con un sistema de justicia así, ¿para qué? Las probabilidades de obtener justicia parecen ser casi nulas.

A esto hay que sumarle el escarnio social y muchas veces mediático que acompañan a las denuncias. El mismo caso de Karla Souza es el ejemplo más reciente de esto: los mismos medios se han encargado de “socavar” su testimonio, publicando una entrevista que dio en el pasado, en la que refiere a cómo se ha “aprovechado” del hecho de que le ha gustado a un productor para obtener algo a cambio. Como si eso anulara la violencia a la que fue sometida (y como si eso no tuviera una explicación relacionada con cómo las mujeres siguen siendo valoradas principalmente a través de su sexualidad y belleza en este sistema). En meses y años recientes hemos visto cómo le han hecho lo mismo a varias mujeres. Andrea Noel, por atreverse a denunciar el hecho de que le subieran la falda y le bajaran los calzones en la calle, acabó con amenazas de muerte. Y, ¿cómo olvidar el caso de Lesvy Berlín? La misma Procuraduría de la Ciudad de México se encargó de publicar que estuvo “alcoholizándose y drogándose” con amigos antes de ser asesinada y que, por cierto, ya ni estudiaba y hasta “debía materias”.  

Si a eso se le agrega el hecho de que, en los casos de violencia sexual en el trabajo, el trabajo –el sustento mismo– es el que muchas veces está en juego, lo verdaderamente sorprendente es que haya denuncias, en primer lugar.

Si sigue sin entenderse el silencio de muchas víctimas, valga una analogía para cerrar: la Constitución le garantiza a todas las personas el derecho a realizar una jornada laboral de no más de 8 horas. Ese es nuestro derecho. Y, sin embargo, según la OCDE, México es el país en el que más horas se trabajan; muchas más de las que permite la ley. ¿Cómo es posible que esto ocurra si se trata de un derecho? ¿Cómo es que tantas personas “lo aceptan”, si es, por definición, una violación a la ley? Porque las personas saben que, frente a una empresa –por no decir frente a este sistema económico–, es poco lo que lograrían con una denuncia. Es mucho más probable que las despidan a que logren, solas, cambiar la manera en la que su centro de trabajo –por no decir el país– funciona. Si esto ocurre con algo que es fácil de probar y que muchas veces está contabilizado, ¿nos sorprende que el silencio se replique en casos de violencia sexual en el trabajo? ¿Casos que por lo general ocurren sin testigos, sin registro alguno, más allá del testimonio de la víctima?

La analogía con el respeto a la jornada laboral no es fortuita. Ambos casos son violaciones a derechos que ocurren en el trabajo. Violaciones que ocurren en un fuerte contexto de desigualdad y precariedad. Y esto es a lo que tendríamos que estarle poniendo atención. Más allá del castigo: ¿cómo cambiamos el mundo del trabajo para que sea un espacio en el que todos los derechos de todas las personas se respeten? Esa es la deuda pendiente.

 

Estefanía Vela
Profesora asociada y responsable del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE.


1 Un punto que por lo general surge en discusiones sobre la violencia sexual que viven las mujeres es cómo, de cualquier forma, los hombres son víctimas de la mayoría de la violencia en el país. Esto es cierto en lo que al homicidio se refiere (si bien muchos de los homicidios de hombres y mujeres presentan características diferentes que no pueden, ni deben obviarse); así como en relación a las desapariciones (de las 33,125 personas que se contabilizan en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el 73.69% son hombres) y las lesiones (según la ENVIPE 2017, el 63% de las víctimas de este delito aproximadamente son hombres), al menos. Esta realidad, sin embargo, no está peleada con el hecho –ni lo descalifica, o minimiza– de que, en lo que a la violencia sexual se refiere, son las mujeres la mayoría de las víctimas. Solo significa que cada violencia, en cada espacio, debe analizarse a detalle, para que podamos entenderlas adecuadamente.

2 La ENVIPE es una encuesta probabilística, que se aplica a la población de 18 años y más. En concreto, la última edición, el tamaño de la muestra nacional fue de 102,051 viviendas. No es la encuesta más sofisticada, que existe en el país, para medir distintos tipos de violencia en el trabajo, en general –violencias que no necesariamente siempre son delitos–, ni la violencia que viven las mujeres en el trabajo, en particular (para eso está la ENDIREH). Pero la utilizo aquí porque, al ser una encuesta que incluye tanto a hombres, como a mujeres (a diferencia de la ENDIREH, por ejemplo, que solo se aplica a mujeres), permite detectar si estos delitos sexuales impactan de manera diferenciada a hombres y a mujeres. Sirve, en otras palabras, como un punto de referencia para visibilizar cómo estos delitos son atravesados por el género. Valga, sin embargo, mencionar que la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) 2014, también sirve para analizar distintas violencias que viven los hombres y las mujeres en el trabajo. Esta Encuesta confirma los resultados de la ENVIPE: tratándose específicamente de la violencia sexual, la mayoría de las víctimas –dentro y fuera del trabajo– son mujeres.

3 Gracias a Carolina Torreblanca y Carlos Guadalupe, de Data Cívica, por procesarme y pasarme los datos de la ENVIPE sobre violación y “otros delitos sexuales”, desagregados por sexo y lugar de ocurrencia.

4 Sugiero, al respecto, el artículo que escribió la académica del derecho Vicki Schultz sobre el acoso sexual, para entender cómo la conformación, dinámicas y estructuras laborales permiten, solapan y hasta fomentan el acoso sexista (y no solo sexual) que viven las mujeres (aquí está en español). Aquí analizo el panorama de discriminación en el empleo más amplio en México, así como las políticas públicas que se han implementado –y que se deberían implementar– para hacerle frente.

5 La académica Sonia Frías ha escrito sobre los distintos problemas y límites de la ENDIREH 2016 (y sus ediciones pasadas) aquí.

6 Estos son los datos que presenta la ENDIREH 2016 para la violencia que ocurre en el ámbito laboral.

Tabla 1. Distribución de mujeres de 15 años y más que han trabajado, por condición, tipo, clase y situación de violencia laboral según periodo de referencia (2016). Estimaciones puntuales.

  Absolutos Relativos
Periodo de referencia Periodo de referencia
A lo largo de su vida En los últimos 12 meses  A lo largo de su vida En los últimos 12 meses 
Total de mujeres que han trabajado 33 066 522 20 074 204 100 100
Sin incidentes 27 603 001 18 020 878 83.5 89.8
Con incidentes 5 463 521 2 052 621 16.5 10.2
Violencia emocional 3 505 063 1 313 893 10.6 6.5
Degradación 3 146 885 1 196 390 9.5 6
La han ofendido o humillado por el hecho de ser mujer (la hicieron sentir menos o mal) 1 638 786 565 447 5 2.8
La han ignorado o no la han tomado en cuenta, por ser mujer 1 258 259 489 973 3.8 2.4
Le han hecho comentarios ofensivos acerca de que las mujeres no deberían trabajar 1 483 201 582 035 4.5 2.9
Han comentado que sus logros o ascensos se debieron a que usted tuvo relaciones sexuales con algún superior 763 128 306 038 2.3 1.5
Intimidación / acecho 765 086 250 031 2.3 1.2
La han vigilado o seguido al salir del trabajo 765 086 250 031 2.3 1.2
Violencia física 536 234 155 479 1.6 0.8
La han pateado o golpeado con el puño 160 480 45 675 0.5 0.2
La han atacado o agredido con un cuchillo, navaja o arma de fuego 169 873 42 484 0.5 0.2
La han pellizcado, jalado el cabello, empujado, jaloneado, abofeteado o aventado algún objeto 312 263 97 279 0.9 0.5
Violencia sexual 3 713 235 1 317 959 11.2 6.6
Intimidación 3 055 258 1 141 163 9 5.6
Le han enviado mensajes o publicado comentarios con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas, a través del celular, correo electrónico o redes sociales (como Facebook, Twitter, WhatsApp) 818 193 427 326 2.5 2.1
Le han dicho piropos groseros u ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo 2 175 175 826 798 6.6 4.1
Le han hecho sentir miedo de ser atacada o abusada sexualmente 1 109 374 284 186 3.4 1.4
Acoso-hostigamiento 1 459 907 388 180 4.4 1.9
Le han propuesto o insinuado tener relaciones sexuales a cambio de mejoras o beneficios en el trabajo 1 368 983 344 261 4.1 1.7
Tomaron represalias en su contra, la castigaron, o trataron mal, porque se negó a tener relaciones sexuales (le limitaron sus posibilidades de mejora o promociones, intentaron despedirla o la despidieron, la congelaron o cambiaron de lugar, etc.) 652 601 178 568 2 0.9
Abuso sexual 1 431 964 333 340 3.5 1.7
La han obligado a mirar escenas actos sexuales o pornográficos (fotos, revistas, videos o películas pornográficas) 67 087 14 988 0.2 0.1
Alguna persona le mostró sus partes íntimas o se las manoseó enfrente de usted 335 124 90 431 1 0.5
La han manoseado, tocado, besado o se le han arrimado, recargado o encimado sin su consentimiento 967 395 289 043 2.9 1.4
Violación e intento de violación 401 237 81 818 1.2 0.4
Han tratado de obligarla a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad 371 797 78 541 1.1 0.4
La han obligado a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad  120 324 24 333 0.4 0.1

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016. Nota: La suma de los tipos, clases o situaciones no coincide con el total de mujeres, pues cada mujer puede haber declarado más de un tipo de violencia. Estos números tampoco incluyen discriminación en el empleo. Datos disponibles en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/endireh/2016/

7 Para la vía civil, se puede utilizar, como base de la denuncia, la figura del “daño moral”. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 2014, al resolver el Amparo Directo 47/2013, confirmó que esta vía podía utilizarse para combatir el acoso laboral.

8 Dentro de las Recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encontré la Recomendación No. 61/2017, en la que analiza el caso de una mujer que trabajaba en el gobierno de San Luis Potosí que fue acosada por distintas personas con las que trabajaba. Si bien fue la única que encontré, desde mi óptica confirma el hecho de que, en ciertos casos (necesariamente cuando quien agrede sea un servidor público o ocurra al interior de una institución pública), la CNDH (o sus homólogos estatales) pueden ser una vía a la que acudan las personas para denunciar el acoso. El CONAPRED, por su parte, incluye en su página web una queja que revisó que se inició “con relación a un programa de televisión, en el que una conductora presuntamente fue víctima de acoso sexual e insultos por parte de su compañero de conducción”. Con esto, también, asumo que, en ciertos casos, el CONAPRED (o sus homólogos) pueden ser instancias a las que se acude en casos de acoso sexual (cuando éste pueda vincularse a la discriminación).

9 Andrea Noel, en su recuento sobre su caso, relató también lo que fue someterse a un examen psicológico.

10 Actualmente, gracias a una solicitud de acceso a la información pública, cuento con datos sobre el número de casos en los que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo le ha proporcionado asesorías u acompañamientos a trabajadores en casos de rescisión por acoso u hostigamiento. Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017, esta Procuraduría tiene registradas 621 asesorías por rescisión por acoso u hostigamiento (entiendo que son el número de casos en los que algún trabajador o trabajadora ha acudido para recibir orientación sobre qué hacer en estos casos). Ha representado a trabajadores y trabajadoras en 8 conciliaciones y en 1 solo juicio. Esto no quiere decir que solo hay 1 juicio por rescisión de contrato por acoso u hostigamiento, solo quiere decir que la Procuraduría ha estado involucrada, como representante del trabajador o trabajadora, en 1 solo juicio por este motivo. (Oficio Número A00/PG/CPPE/012/2018, del 23 de enero de 2018, en respuesta a la solicitud 1411100005118, realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia).

11 A partir del 2011, el INEGI empezó a publicar, anualmente, el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal. Solo para los años 2012 y 2013 es posible saber el sentido de la sentencia. Después, solo es posible saber las personas sentenciadas, mas no su sentido.

12 Hay un estudio fundamental para entender qué ocurre con las procuradurías frente a casos de violencia sexual: el que realizó la académica del CIDE Alejandra Ríos, para el Instituto Nacional de las Mujeres, sobre “los sistemas de información de los ministerios públicos en con perspectiva de género”. Este estudio busca “realizar un diagnóstico del proceso de atención y registro de la información que se realiza en las Agencias del Ministerio Público y el Área o Centro de Atención a Víctimas dependientes de las procuradurías estatales”. Es el estudio más importante que existe en el país que se adentra a cómo responden las procuradurías frente a casos de violencia sexual. Además de este, para quien tenga interés, sugiero el artículo que realizó Sonia Frías sobre las estrategias que implementan las mujeres para pedir ayuda en casos de violencia por parte de la pareja, así como el artículo que publicaron Frías y Ríos, juntas, sobre las mujeres que buscan ayuda en las procuradurías en casos de violación (por alguien distinto a la pareja). 

13 Los números específicos para el delito de violación, de acuerdo al SNSP y a la base de sentencias judiciales en materia penal del INEGI, son estos:

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Averiguaciones previas 11,664 11,315 11,492 13,067 12,971 14,372 13,996 13,650 13,541 13,894 14,199 14,067 14,771 14,908 15,757 14,570
Delitos de las personas procesadas 4,496 4,555 5,031 5,256 5,267 5,249 5,374 5,413 5,402 5,259 5,193 4,968 4,542 4,144 4,109 3,840
Delitos de las personas condenadas 2,736 2,991 3,076 3,099 3,406 3,284 3,546 3,687 3,752 3,577 3,563 3,675 3,245 3,107 2,975 2,714
Hombres condenados por violación 2,219 2,509 2,594 2,575 2,860 2,818 3,028 3,177 3,120 3,056 2,993 3,074 2,755 2,609 2,508 2,259
Mujeres condenadas por violación 0 0 0 0 17 25 26 17 32 18 27 34 40 37 25 36

 

14 Una diferencia importante que quizá explica por qué los casos de acoso, hostigamiento y aprovechamiento son bajos, en comparación con los que hay de abuso sexual y violación, tiene que ver con cuándo las diferentes legislaciones penales estatales los incorporaron como delitos. La primera vez que se tipificó en México el hostigamiento fue en el Código Penal Federal en 1991. Es un delito relativamente reciente, comparados con los otros.

15 La persona que más ha estudiado la ENDIREH, en lo que a la violencia en el trabajo se refiere, es Sonia Frías. Recomiendo estos tres artículos suyos, si se tiene interés en ahondar en las cifras y el fenómeno: este, de 2011, este, de 2013 y este, de 2014.

 

2 comentarios en “#MeToo en México