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El artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, publicada por la ONU, y ratificada por México, manifiesta expresamente el derecho a la libertad de pensamiento que ostentamos todos, la cual por supuesto incluye la libertad religiosa como manifestación del pensar y del sentir.

La concreción de este derecho tiene múltiples expresiones legales en los diversos países, y su atropello debe estar castigado severamente por las autoridades civiles. Es por completo inaceptable, bajo cualquier punto de vista, coartar la libertad de las personas en el ámbito de sus convicciones. Como todo derecho, no es absoluto; existen límites para el ejercicio del mismo, relativos al derecho de los demás, por lo que el papel del Estado se convierte en fundamental en virtud de que representa la regulación de las relaciones entre los individuos. La fórmula para respetar los derechos de libertad religiosa y de conciencia de todos los miembros de una sociedad no es simple, requiere de un ejercicio intelectual complejo, así como de la articulación de políticas públicas educativas, y finalmente del establecimiento de mecanismos jurisdiccionales capaces de dirimir y resolver las controversias que necesariamente aparecerán en una cultura compleja como la mexicana. Sólo por citar un ejemplo, la Secretaría de Gobernación tiene cerca de 180 cultos diferentes registrados; cada uno con principios diferentes.


Ilustración: David e Izak Peón

También es indispensable una visión muy especial por parte de quienes detentan el poder político y jurídico, dado que tienen la obligación de respetar la perspectiva de todos los que manifiestan alguna creencia particular, así como la de los que no expresan ninguna o niegan la existencia de deidades. El gobernante tiene también el derecho, en tanto que ciudadano, de creer lo que le plazca, pero tiene la obligación absoluta de abstraerse de sus convicciones para respetar a todos los ciudadanos en el ámbito de su responsabilidad pública; de no hacerlo así, evidentemente atropellará los derechos de quienes no comulgan con los mismos principios. En el ámbito de la reproducción humana la ciencia nos permite hoy tener bajo control muchos aspectos del fenómeno. Desde separar el ejercicio sexual de la gestación hasta la posibilidad de encargar a otra mujer gestar en su interior un embrión ajeno para entregar al recién nacido a sus padres genéticos. Por supuesto el progreso médico se vincula también con el aborto; hoy en día contamos con un fármaco que provoca la terminación del embarazo con una sola dosis, de tal forma que es un procedimiento médicamente seguro.

Los avances científicos han provocado nuevos dilemas éticos en este campo del conocimiento, a los que no hemos presentado respuestas aceptadas y aceptables por la mayoría. El ejemplo de la medicina regenerativa es emblemático; crear embriones en el laboratorio a partir de células tomadas de una persona con un órgano enfermo, utilizando posteriormente las células que conforman el embrión para regenerar el tejido que está fallando, es hoy una realidad insoslayable. Ya tenemos a los primeros pacientes tratados con esta terapéutica con resultados interesantes y no hay duda respecto al significado en un futuro relativamente cercano. Frente a la carencia de respuestas es legítimo que cada médico tome decisiones respecto a su posible participación en los procedimientos pero, como en el caso de los demás derechos humanos, su libertad debe estar limitada en tanto no afecte el ejercicio de los derechos del paciente. La oposición a un solo acto como el aborto es válida bajo algunos cuerpos morales, y el médico que se oponga no debe ser obligado a la participación aunque represente algo tan simple como la prescripción de un fármaco, sin embargo ese galeno adquiere entonces varias obligaciones concomitantes, como anunciar pública y previamente su negativa a ciertos tratamientos, para que si alguna mujer se encuentra a la búsqueda de un procedimiento de este tipo no pierda su tiempo ni sus recursos consultando a un objetor. La segunda obligación evidente es brindar la orientación hacia otros profesionales, con igual o mejor preparación médica, pero que no sean objetores y, finalmente, tratándose de algún ambiente con repartición racional de labores médico-quirúrgicas, debe ofrecer otras actividades que esté dispuesto a llevar a cabo a cambio de las no efectuadas. Las obligaciones pueden ser extensivas a cualquier otro tratamiento de los que he mencionado en los que se encuentra involucrada la reproducción humana. Por supuesto la comprensión y articulación cabal de los argumentos mencionados requieren de una actitud tolerante de todos los involucrados, así como de la comprensión de un nuevo estilo aplicado a la relación médico paciente, mucho más horizontal, dejando de lado las viejas y anquilosadas actitudes paternalistas que hacían del médico una especie de hombre-dios facultado para sustituir la voluntad del paciente.

 

Raymundo Canales de la Fuente
Ginecólogo. Investigador del Instituto de Perinatología y del Colegio de Bioética, A.C.