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La función primordial del Poder Legislativo es la creación de leyes, cuya pretensión es dotar de un corpus normativo coherente que brinde seguridad a sus ciudadanos. Esto es lo que en la ciencia jurídica se denomina como derecho positivo. El derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas que se encuentran vigentes en un tiempo y en un lugar determinados.

Sin embargo, en nuestro país pasa algo bastante singular, al menos en temas biotecnológicos de incidencia jurídica, no hemos logrado ni la coherencia ni mucho menos la seguridad legal que como ciudadanos nos merecemos.

En México, particularmente en los temas relacionados con el inicio y final de la vida, nuestros Congresos (federal y locales) han sido incapaces de asimilar los cambios derivados de las biotecnologías, reflexionar sobre sus implicaciones y legislar en consecuencia.

Una de las características de nuestro sistema federal es que ciertas facultades legislativas están reservadas para la federación, otras para los estados y algunas más tienen un carácter mixto, este es el caso de la salud, en donde la mayoría de las facultades legislativas se encuentran reservadas para la federación. Existen, sin embargo, materias reservadas exclusivamente para los estados como lo es el derecho de familia.

Ilustración: David e Izak Peón

Ahora bien, temas como la Reproducción Humana Asistida (RHA) tienen sin duda una incidencia evidente en temas de salud pero, de igual forma, influyen directamente en cuestiones familiares. Si bien ha habido casi una decena de proyectos de ley en el ámbito federal, pretendiendo regular la RHA, ninguno ha prosperado. Esto ha permitido que los estados con las facultades que tienen para legislar en materia familiar hayan legislado desde dicha perspectiva cuestiones relacionadas con la RHA.

Ahora bien, lo preocupante en todo caso es la ligereza y la falta de conocimientos con que se han abordado estos temas, lo que ha resultado que en muchos casos se generen francos absurdos jurídicos.

Iniciemos, por ejemplo, con el estado de Querétaro, en el que, por disposición de su Código Civil, se han creado lo que podríamos denominar como niños microscópicos. La legislación civil queretana establece que “los embriones pueden ser adoptados”. Es decir, los dota de derechos equivalentes a los de un ser humano nacido; consecuentemente, para el legislador queretano lo que en biología se conoce como embrión, por disposición legal es una persona.

Igual sucede en Coahuila en donde el Código Civil establece que “El óvulo fecundado corpórea o extracorpóreamente, cualquiera que sea su grado de desarrollo, merece la protección que este código y las leyes otorgan a la vida humana inherente a las personas concebidas”. Así, todo embrión, incluso los que se encuentran fuera del cuerpo de la mujer, se consideran personas.

También en Coahuila, pero ahora en su ley de Familia, se establece que para que una mujer pueda ser usuaria de la RHA debe dar su consentimiento previo, pero luego la misma ley establece que “El consentimiento a que se refiere el artículo anterior, quedará revocado con la muerte de quien lo otorgó, si antes no se hubiere producido la fecundación”, lo que podría ser válido si se tratara del varón fallecido, pero en este caso el absurdo, al no hacer distinciones la ley, si se trata de la mujer y ésta muere, simple y llanamente ya no puede haber fecundación, por lo que hablar en este caso de una posible revocación del consentimiento es francamente inadmisible.

En el Estado de México un hijo concebido de manera natural puede, bajo las reglas genéricas del Código Civil, ser dado en adopción, pero si se trata de un hijo nacido bajo el uso de la RHA esto queda prohibido ya que la legislación establece literalmente que “La mujer casada no podrá otorgar su consentimiento para ser inseminada, sin la conformidad de su cónyuge. Tampoco podrá dar en adopción al menor nacido mediante este método de reproducción”.

Uno de los temas que más ha generado polémica es la Maternidad Subrogada (MS), y es probable que en el Estado de México, sin establecerlo expresamente, lo que se pretendía era evitar la inseminación artificial de una mujer con material genético de un varón que no fuera su esposo, con quien se pactara a su vez la entrega del nacido. Sin embargo, tal y como se redactó, termina siendo uno más de los absurdos jurídicos que podemos encontrar en ciertas legislaciones

En el mismo Código Civil del Estado de México se establece también que en caso de inseminación artificial (IA) “el consentimiento a que se refiere este capítulo deberá otorgarse judicialmente”, lo que deviene en pregunta obligada, ¿qué tiene que ver un juez, cuya función primordial es la de dirimir controversias entre particulares, con aprobar el consentimiento para un procedimiento de IA? Peor aún, en este código olvidaron, por ejemplo, que existen otras técnicas como la fecundación in vitro (FIV), ya que de dicha técnica nada se dice al respecto.

Por su parte, el código Familiar de San Luis Potosí establece que “Sólo se permitirá la reproducción heteróloga cuando ha sido médicamente diagnosticada”, sin embargo, es evidente que el legislador no entiende del tema, pues lo que se diagnostica son enfermedades, no procedimientos, y la “reproducción heteróloga” es un procedimiento, no un padecimiento y mucho menos una enfermedad.

Otro absurdo que podemos apreciar en la legislación potosina es cuando la misma ley establece que “Si hubiere un óvulo fecundado en forma extracorpórea, podrá ser implantado sólo en el caso de la mujer viuda, pero ello deberá hacerse dentro de los catorce días siguientes al fallecimiento del marido”, ¿por qué 14 días, por qué no 13 o 15? Nótese, además, la franca violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, cuando uno de los verbos utilizados por la ley es el verbo deber. Así, tajante y contundentemente, la ley ordena que la implantación deberá efectuarse en el plazo ordenado.

Otro absurdo de la legislación potosina es cuando establece que en caso de que una mujer quede embarazada y enviude, debe informar a la autoridad judicial que lleve la sucesión, pero luego establece además el referido código Familiar que “Igual procedimiento se seguirá en el caso de existencia de embriones fecundados in vitro”; nuevamente y al igual que en otras entidades antes comentadas, sin decirlo expresamente, atribuyen a los embriones derechos equivalentes a los de las personas ya nacidas. En concreto, en San Luis Potosí los embriones pueden heredar.

Por su parte, en Tabasco si bien no se puede heredar a los embriones, es posible reconocerlos como hijos. Efectivamente, la legislación civil tabasqueña nos plantea otro absurdo legislativo al ordenar que “Puede reconocerse al hijo que aún no ha nacido, incluyendo a los concebidos por cualquier método de inseminación artificial o fertilización in vitro, aun cuando no se encuentre en el útero materno en el momento del reconocimiento…”. Aunque no se dice, es de suponerse que un embrión al encontrarse fuera del útero materno, por ejemplo los generados por FIV, típicamente se encuentra congelado. Así, ¿podemos, lógicamente hablando, pensar que es viable reconocer como hijo a un embrión congelado?

Con una redacción medianamente disfrazada y diferente, en Jalisco también se considera a los embriones como niños, ya que el Código Civil establece: “Se entiende por niñez, la etapa de vida en los seres humanos que comprende la gestación, el nacimiento, la primera y segunda infancia y la pubertad”. Si la gestación inicia con el anidamiento del embrión en el endometrio materno, entonces ciertamente ese embrión, por disposición legal, es niño. Cabe precisar que con redacciones diferentes los estados de Quintana Roo y Puebla también incurren en el mismo absurdo, al asemejar a embriones con niños.

Hasta aquí hemos hablado predominantemente del inicio de la vida, sin embargo, hasta el momento el mayor de los absurdos jurídicos que hemos encontrado está en la Ley de Derechos de los Enfermos en Etapa Terminal de Nayarit. En este caso es evidente que el legislador ignora completamente los temas biomédicos, bioéticos y, consecuentemente, biojurídicos. Esta ley define la Objeción de Conciencia como “el derecho del médico tratante para negarse a someter al paciente a cuidados paliativos”. Así, un enfermo en etapa terminal puede desear recibir cuidados paliativos (lo que por cierto es su derecho) pero el médico tratante, argumentando objeción de conciencia, se puede negar a darlos. Adicionalmente, esta misma legislación tiene otro absurdo pues establece, respecto del documento de voluntades anticipadas que “cuando el solicitante fuere sordo o mudo, mientras sepa leer, se le dará lectura en voz alta al documento donde se hiciere constar su Declaración de Voluntad Anticipada”. Cabe precisar que si se tratase de un invidente la ley ordena que se le dé lectura de dicho documento dos veces. Así, por disposición legal, el sordo recibirá una lectura del documento “en voz alta” en tanto el ciego dos.

Situaciones como las aquí planteadas abundan en nuestras legislaciones. No ahondamos en más casos por razones de espacio, sin embargo, estos ejemplos demuestran la ligereza e ignorancia con que se legisla en nuestro país.

 

Héctor A. Mendoza Cárdenas
Doctor en derecho. Profesor-investigador, UANL. Integrante del SNI.

 

2 comentarios en “Absurdos jurídicos

  1. No cabe duda, los mexicanos somos únicos en la interpretación de la ciencia y en la elaboración de las normas, su artículo ameno y divertido, muchas gracias, saludos

  2. Comencemos por establecer un Registro Civil Fetal. El médico que atiende un embarazo podría enviar los datos de ultrasonido, vía Inernete, a las oficinas de Registro Civil. Se otorgarían dos nombres provisionales a la criatura, uno masculino y el otro femenino, por ejemplo: “Juan o Gloria Pérez Reyes”.