I. FUNDACIÓN

Para fundar el PRI

La transformación del PRM en PRI siguió un largo proceso obediente a la lógica del poder, encabezada directamente esta vez por el Jefe del Ejecutivo y por toda la nueva política del Estado, que acentuaron el peso del autoritarismo frente a las coaliciones. El Presidente no era un caudillo. Su autoridad suprema descansaba menos en lealtades personales y clientelas, que en una jerarquía institucional, civil y militar. Las instituciones de mando dependían menos de su arbitrio y personalidad que de las formaciones sociales articuladas en la administración pública, el ejército profesional, el partido, el poder legislativo y judicial, y el propio ejecutivo. El caudillismo se había convertido en presidencialismo. A ese tipo de organizaciones se añadían otras con reglas de mando, disciplina y negociación personal institucional como las centrales obreras y campesinas, y las organizaciones profesionales. Frente al Estado ya no había generales disidentes ni partidos armados. El último general insurrecto había sido vencido con extrema facilidad. El opositor del Presidente Avila Camacho en las elecciones no sólo había perdido. Había aceptado su derrota, negándose a cualquier intento insurreccional. El clero, por su parte, había abandonado sus viejos ímpetus señoriales, y encontrado en el Presidente elementos de identidad no sólo porque aquél se declaró católico, sino porque ambos eran un poco más laicos y burgueses. En cuanto a los partidos de oposición, el que había sostenido al candidato perdidoso entró en pronto deterioro, como partido antiguo del caudillo sin caudillo. Mientras tanto emergió el Partido de Acción Nacional, liberal, hispanista y católico, con encontradas corrientes antiguas y modernas, todas decididas a luchar dentro de la Constitución y a arriar las banderas religiosas, o a usarlas con extrema discreción, guardando las formas de un Estado laico.

El Estado en general y en particular los aparatos del Estado encabezados por el Presidente contaron con la confianza y el apoyo de las antiguas y nuevas burguesías, y se granjearon, negociado, el del capital extranjero y Estados Unidos. Más que coalición o alianza política apareció una coincidencia de intereses entre la clase política y las clases dominantes. En medio de sus últimos vestigios populares y de su colores locales el Estado pareció más burgués; la presencia de las clases medias en él fue notoria y aún más la de los nuevos funcionarios y los viejos ricos o los inversionistas extranjeros. La CTM y otras organizaciones, pasaron a la defensiva.

El hecho de que el Estado tomara un carácter autoritario institucional no le hizo abandonar la lógica de la hegemonía ni la de las coaliciones, ni la de las manipulaciones. El Estado estuvo lejos de descansar predominantemente en las formas represivas. Con una hegemonía de clase que jamás alcanzaron los gobiernos de Díaz o del Jefe Máximo, el de Avila Camacho usó en el terreno ideológico viejas formas de persuasión paternalista y las mezcló con las de la conciliación religiosa. Al mismo tiempo se propuso reelaborar la hegemonía ideológica en términos cívicos. No solo recurrió a formas tradicionales del control ideológico sino a la substitución de los símbolos y discursos oficiales revolucionarios por otros más acordes con la nueva política democrática y conservadora de un Estado que salía del fervor, y de las ilusiones cardenistas. En el campo de las coaliciones populares no abandonó nuevas posibilidades de acuerdo, convenio y alianza, con abundantes manipulaciones y concesiones limitadas. En fin, el gobierno de Avila Camacho no se redujo a combinar paternalismo y represión; los enriqueció con una política de negociación y concesión diferenciadas en función de la fuerza y el comportamiento de los grupos en pugna.

El nuevo estilo del Estado

En la época de Avila Camacho hubo un cambio de proyecto histórico, ideológico y estructural. El Estado consolidó el camino de un proceso revolucionario en que seguía prevaleciendo la economía de mercado, el incentivo de las utilidades, la acumulación y concentración de capital, y con ello el tipo de leyes o tendencias que caracterizan el desarrollo de la sociedad capitalista, particularmente en las áreas dependientes o periféricas. Desde ese punto de vista extremo y sólo estructural el nuevo gobierno fue lógica consecuencia de los anteriores. En el terreno político e ideológico asumió las consecuencias. Rompió y rehizo alianzas, centros de decisión, ideologías y beneficiarios, combinando siempre represión y paternalismo, autoritarismo y negociación. Apareció en ciernes el esbozo de un nuevo estilo del Estado.

El Estado pasó oficialmente del proyecto socialista a un proyecto democrático, muy en boga en esos años de guerra mundial contra el Eje. Pasó del “Frente Popular” a la “Unidad Nacional”. Y de la tolerancia religiosa con que Cárdenas diera fin al falso anticlericalismo callista, a un liberalismo y una tolerancia más burgueses, en parte constitucionales y también contrarios a la Ley Suprema, como el nuevo impulso de la enseñanza religiosa. En economía el gobierno no fue liberal. Fue partidario de la intervención del Estado aunque preconizó “la cooperación del Estado con el sector capitalista”. En política exterior y petróleo no fue antiimperialista, fue nacionalista, exigente de reconocimiento a una clase gobernante dispuesta a negociar. En el terreno agrario frenó la fiebre de reparto de tierras del cardenismo, aunque no acabó con él. En el terreno obrero aplicó una política de contención de huelgas y salarios, y se dedicó a restarle fuerza a las organizaciones obreras que venían con grandes experiencias de lucha y presentaban obstáculos al “nuevo curso”. Para todo, el Presidente contó con facultades excepcionales que le otorgó el Congreso, en vista de que el país se hallaba en guerra contra el Eje.

El nuevo estilo del Partido

El viraje del Estado repercutió de inmediato en el Partido y sus organizaciones. Desde el 1o. de diciembre de 1940, el Presidente Avila Camacho hizo que desapareciera del PRM el “Sector Militar”. Explicó el cambio en términos civilistas. En realidad se propuso vencer la última resistencia de los militares almazanistas, cardenistas, marginar al ejército de la política de partido, y someter en cambio el partido a una disciplina militar. Para ello colocó en los altos puestos del PRM a un buen número de militares, amigos y aliados suyos.

El Partido empezó a perder fuerza, o presencia propia en el gobierno y paralelamente, los”sectores” empezaron a perderlo en el Partido. El PRM se debilitó también ideológicamente, no sólo por el empantamiento de sus doctrinas anteriores y la búsqueda aún insegura de otras nuevas, sino porque el gobierno acordo que el periódico del Partido (El Nacional) pasara a depender de la Secretaría de Gobernación. Y le quitó la radio-trasmisora. Los “sectores” perdieron fuerza frente a los mandos jerárquicos y los funcionarios. Dentro de los sectores perdió fuerza el obrero. En 1941 se reorganizó el “Sector Popular” y adquirió mayor peso. En 1942 se fundó la “Confederación Nacional de Organizaciones Populares” (CNOP) con iguales efectos. En cuanto a los campesinos, fue cada vez menor la fuerza de ejidatarios y comuneros. En 1943 entraron a la CNC los pequeños propietarios.

En el terreno obrero la ofensiva principal se dirigió contra Vicente Lombardo Toledano hasta obligarlo a abandonar la Secretaría General de la CTM. El sucesor, Fidel Velázquez, empezó por declarar que él no era marxista. La CTM siguió sin embargo siendo objeto de ataques que limaron su fuerza. Algunos, naturales y oportunistas, de la CROM, la CGT y otras centrales menores, fueron a menudo utilizados o alentados por el gobierno. Los obreros se enfrentaron al combate realizando un gran número de huelgas. Muchas fueron reprimidas.

A mediados de 1942 el gobierno llevó a los obreros organizados a la mesa de las concesiones. Sus líderes firmaron un “Pacto de Unidad Obrera” por el que comprometieron a sus organizaciones a no hacer huelgas y a aceptar el arbitraje obligatorio -viejo sueño de los patrones- cuando se planteara una huelga. El acto de sometimiento no bastó.

En 1945 se firmó un “Pacto obrero-industrial” por el que los líderes y direcciones sindicales ratificaron su compromiso de no ir a la huelga. Muchas medidas de represión y control, incluidas concesiones diferenciales a los obreros -a que contribuía con una política de creciente empleo el auge de guerra- ayudaron al gobierno a establecer pactos de que hizo gran alarde.

Al finalizar el gobierno de Avila Camacho la correlación de fuerzas había cambiado sensiblemente en favor de la burguesía, y desmedro de trabajadores y campesinos. Legalizar e institucionalizar el nuevo carácter de la dominación en la lucha de los partidos, y en vista de la sucesión presidencial, fue el siguiente paso en la reestructuración del Estado, un paso importante puesto que tendió a consolidar la reproducción del sistema de acuerdo con la nueva correlación de fuerzas. Como en los casos anteriores, el Estado ya se había reorganizado de hecho. Se trataba ahora de fortalecerlo con nuevas formas jurídicas, de asegurar su continuidad por la vía electoral y la lucha de partidos. La lógica del poder era intachable. Fundándose en ella nacería el nuevo partido del Estado con el significativo nombre de Partido Revolucionario Institucional. El nombre no sólo postulaba que el organismo político lucharía en defensa de las instituciones existentes, sino también que en México la Revolución era ya una institución a cargo del Estado y su Partido.

Con arreglo a la ley

En 1946 nació el PRI. En sus prolegómenos habían pasado por lo menos ocho años, en su foja pasaron otro doce, cuyo impacto y sentido pueden dividirse en tres etapas. La primera fue la creación de un nuevo marco jurídico del sistema de partidos. El 31 de diciembre de 1945 el Congreso aprobó una nueva ley electoral.

La nueva ley electoral se presentó como avance para superar “la deficiente” organización de nuestros ciudadanos en partidos políticos”. Toda ella pareció estar imbuida del espíritu democrático que tomaba como punto de partida la realidad concreta del país. De hecho tendió a legalizar y encauzar la correlación de fuerzas dominante para que ésta se reprodujera en el campo, electoral. Fue así la base jurídica para que el partido del Estado se organizara en forma idónea, y para la institucionalización de los partidos de oposición electoral. En el trasfondo del sistema legal se hallaban varios supuestos y objetivos: 1o. Que los partidos políticos no fueran dos sino tres para que el Estado mantuviera una posición de equilibrio y arbitraje sin que la oposición fuera entre el Partido del Estado y otro de la oposición, sino entre dos de la oposición con “ideologías discrepantes” que lucharan entre sí de un extremo a otro, mientras el Partido del Estado era el justo medio. 2o. Que no fueran múltiples partidos en lucha sino unos cuantos, de preferencia tres. Con ello se impediría la anarquía del electorado y se desalentaría el nacimiento de pequeños partidos. 3o. Que no fueran partidos locales o regionales, sino nacionales para evitar núcleos de poder que escaparan al de la Unión. 4o. Que en lo ideológico, los partidos de la derecha tradicional no hicieran “alusión a asuntos religiosos” para que se siguiera alejando el viejo peligro del clero-político, elector o subversivo, y se consolidara el Estado laico. 5o. Que en la derecha y la izquierda los partidos no se subordinaran “a una organización internacional o a asociaciones políticas extranjeras”, para impedir la vieja injerencia de las potencias por el intermedio del Vaticano, o la más reciente de los comunistas por la Internacional. 6o. Que los opositores se registraran ante notario y en la Secretaría de Gobernación, y que ésta contara con los nombres y direcciones de los mismos para fines de recuento y control político- policial. 7o. Que los partidos sin registro no aparecieran en la boleta electoral para que no pudiera orientar ni contabilizar votos.

A estos supuestos y objetivos, frecuentemente silenciados, se añadían otros por lo que se alentaba a la burguesía tradicional y a la ciudadanía de clase media a participar más en política. Manteniendo el control del proceso y el recuento electoral, el gobierno sujetaba sus acciones partidarias a la Suprema Corte de Justicia, que había sido simpatizante comprobada de los antiguos latifundistas. Sus nuevas facultades en la supervisión de las elecciones eran una invitación y garantía para los núcleos ideológicos que de alguna manera se identificaban con el falso mundo señorial.

En la ley, además, se eliminaban varias formas que en la práctica legal anterior llevan a la violencia electoral. Se atendían así algunas demandas del PAN para disminuir la violencia y el fraude electoral. Parte de las clases medias urbanas lograba un mínimo de garantías para la acción partidaria.

La ley aprobada el último día de 1945 formalizó el sistema político que habría de regir, en sus lineamientos más generales, durante varias décadas. También sentó las bases para la reorganización del partido del Estado.

El día decisivo 

El 18 de enero de 1946 se reunió una Convención del PRM en la que desapareció aquél y se fundo el PRI. En un solo día, la Convención aprobó la declaración de principios, el Programa de Acción y los Estatutos. Fue un acto de disciplina burocrático-política significativo y ejemplar. Al día siguiente la convención eligió a Miguel Alemán Valdéz como candidato del partido a la Presidencia de la República. En esta segunda etapa, de un solo día, todo cambió. El PRI abandonó el tema del extinto partido que pugnaba “Por una Democracia de Trabajadores” y lo substituyó por otro que obedecía a la nueva retórica: “Democracia y Justicia Social”. El partido emergente dejó de preconizar la preparación del pueblo para el socialismo y propuso educarlo “para una democracia auténtica”. Borró la defensa de la “educación socialista” en favor de una “educación avanzada y nacionalista”. Frase por frase y palabra por palabra fueron modificados casi todos los conceptos ideológicos y retóricos. Unos fueron borrados, otros alterados. Ya no se habló de “Pacto” de obreros, campesinos, ejército, sectores populares, como base del partido. Se habló de una “asociación política de ciudadanos”. El concepto de “lucha de clases” no fue aún eliminado: se transformó toda su dialéctica en una función del Estado.

Las transformaciones estructurales resultaron también significativas y profundas. Todas tendieron a concentrar el poder en los funcionarios del partido, en su Comité Central y en la cabeza de éste. Los nuevos estatutos diluyeron una a una las facultades de las asambleas y las bases, fueron anulados los “sectores” y substituídos por delegaciones de los Estados. En cuanto al Comité Central en vez de delegados se integró con “secretarios”. En lugar de los cuatro delegados de los antiguos sectores hubo siete secretarios con varias funciones. Entre los secretarios se incluyó al obrero como uno entre muchos. Perdió el peso que antes tenía en el voto de cuatro, y como representación de organizaciones y directivas. Los obreros dejaron de tener representación proporcional en todos los niveles y cargos. Se les privó del derecho a elegir a los candidatos de partido en sus lugares de trabajo.

El cambio del PRM en PRI, minucioso y global, fue el de un partido en que el peso del proletariado y las bases populares era considerable, por mediatizado que aquél estuviera, a otro en que se acabó la injerencia directa de las organizaciones obreras, desapareció el debate político interno en los centros laborales, y zozobraron las asambleas de la base, mientras aumentaba el poder de los órganos centrales, característico del nuevo proceso de jerarquización del Estado.

Al “Sector” se opuso el distrito. Y el individuo. El obrero fue mezclado con otras clases y sectores, y se le aisló como ciudadano exaltando los méritos liberales fue una forma de buscar que perdiera aun más su identidad de clase. Ya no se quería que tuviera ni la conciencia de pertenecer a un mismo “sector”.

El partido del Capital

La tercera y última etapa en la forja del PRI llevó más tiempo, cuatro años. Toda ella estuvo a cargo del nuevo gobierno, más abiertamente favorable el capital, en particular el monopólico. Bajo la Presidencia de Miguel Alemán, el Estado adquirió un aire distinto. En forma tenaz y agresiva se dedicó a crear las condiciones favorables del “desarrollo estabilizador” que privaría en México durante varias décadas. Al efecto sometió a trabajadores y campesinos con acciones paralelas de represión y concesión, combinado durante un vasto proceso de corrupción y acumulación primitiva a base de cohechos y peculados. Fue el auge de los “nuevos ricos”, de empresarios y concesionarios, y la parsimoniosa vuelta de los antiguos ricos, industriales y rentistas, con violentas incursiones en el campo y las fábricas, y un desarrollo simultáneo de las fuerzas productivas y de la política global de estratificación y movilidad de los trabajadores.

El régimen forjó un Estado autoritario y centralizado, capaz de administrar toda lucha política, incluida la sindical.

El 5 de Diciembre de 1946, pocos días después de que tomara posesión de la presidencia Miguel Alemán, a iniciativa suya el congreso aprobó una reforma al artículo 27 constitucional. Por ella concedió el derecho de amparo a los dueños de la tierra, amplió el tamaño legal de la “pequeña propiedad” sentando las bases formales del neolatifundismo. Fue el inicio de toda una política que determinó el auge de la burguesía rural y de las empresas agrícolas.

En el mismo mes de diciembre se inició el ataque a las organizaciones sindicales. Los dirigentes del sindicato petrolero fueron arrestados bajo la acusación de haber incendiado la refinería de Atzcapotzalco, y como traidores a la Patria.

Dos días antes de que terminara el año, el Congreso reformó el artículo 3º de la Constitución. Después de doce años la educación dejó de ser socialista.

En diciembre ya habían entrado algunos empresarios al gabinete. En enero entraron al PRI.

El tobogán antiobrero

Los siguientes pasos llevaron más tiempo. Consistieron en provocar y vencer la resistencia obrera. Al efecto el gobierno usó múltiples recursos. 1o. Aplicó un llamado “delito de disolución social” -que se había configurado ambiguamente durante la guerra, con el supuesto de que serviría para defenderse de los nazis- contra todos los líderes independientes, opositores a los designios del gobierno. Los inculpados podían ser juzgados por sus ideas e intenciones. Se acusó a los líderes de tener ideas comunistas y de preparar subversiones comunistas. Eran tiempos de “Guerra Fría”. El Congreso dobló la pena máxima del delito de “disolución social” a doce años de cárcel. Muchos líderes fueron privados de su libertad acusados por ese delito, y por otros que permitían acumular sanciones de por vida. 2o. Los líderes independientes (en particular los lombardistas y comunistas) fueron derrotados en la CTM; el mismo Lombardo fue expulsado de la central obrera. 3o. Los líderes ferrocarrileros (y el PCM) trataron de formar una nueva central (la CUT). El sindicato de ferrocarrileros fue ocupado por las fuerzas armadas, y se instaló una dirección sindical espúrea, represiva, mientras los líderes iban a la cárcel. 4o. El gobierno no se limitó a hacer escarmiento en los líderes. Persiguió a los ferrocarrileros acusándolos de delincuentes políticos, de irresponsables y corrompidos. 5o. La CUT (Central Unica de Trabajadores) quedó a cargo de algunos líderes que no fueron encarcelados: éstos fueron presionados y llevados a rendir homenaje al Presidente. 6o. Cuando Lombardo todavía era miembro de la CTM trató de formar un nuevo partido. Pidió apoyo a la Central. Esta se lo ofreció para enfrentarlo a los ferrocarrileros. Se lo retiró una vez que aquéllos fueron destruidos. 7o. Entonces la CTM o mejor dicho sus dirigentes funcionarios, reclamaron la afiliación automática y en masa de las bases obreras y sindicales en el Partido Revolucionario Institucional. 8o. Así se logró que al fundar Lombardo el nuevo partido llamado Partido Popular éste se hallara sin bases sindicales. Y como nació sin ideología socialista, se limitó a ser un “instrumento crítico de la Revolución Mexicana” y a luchar por “las metas de la Revolución Mexicana”. La dialéctica se funcionalizó. Fue derrotada, integrada. 9o. Lombardo no se dio por derrotado. En busca de bases obreras para su partido fundó la “Unión General de Obreros y Campesinos de México”, que afilió a la Federación Sindical Mundial. El gobierno no la reconoció. No le dio registro legal. Desconoció cualquier gestión sindical de sus miembros. Según hizo ver el propio Lombardo el gobierno alemanista “prosiguiendo en su labor de control, intervino en las convenciones y asambleas de los sindicatos industriales, empleando el mismo procedimiento que contra el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros. Así impuso a las directivas de esas agrupaciones, y las retiró de la UGOCM…” 10o. Y siguió su ataque a los grandes sindicatos. El de mineros recibió duros golpes. Fue entonces cuando dio inicio una nueva reforma del PRI.

La democracia viene de arriba 

El 2 de febrero de 1950 se reunió una Convención del Partido que “con un criterio unificado sobre las cuestiones que serían sometidas a su consideración” aprobó los nuevos estatutos, el programa de acción y la declaración de principios que regirían al instituto Político. Todos los documentos fueron aprobados en forma unánime por 1066 delegados, tras dos días de labores, en que no hubo el menor “foco de agitación”. La esencia de las reformas fue ideológica y estructural. Quedó fuera cualquier viso de nacionalismo. En cambio fueron exaltados, el municipio, la familia, los derechos del hombre y la “Civilización Occidental”. Todo derivó en un programa de acción que impulsara a la libre empresa y ofreciera con ella la solución de los problemas nacionales.

La estructura del PRI se hizo más funcional. Se volvió nuevamente al sistema de los “sectores” como forma adecuada de la división del trabajo político, sobre todo ahora que los sectores ya estaban manejados en sus cúpulas por funcionarios, por líderes-funcionarios y por un sistema de apoyos políticos comprometidos con ellos, ligados a ellos y jerarquizados en ellos.

El PRI se convirtió desde entonces en un partido de funcionarios representativos, procuradores y conciliadores, en que los jefes principales designan a los jefes menores y éstos representan a aquéllos, de manera personal y burocrática, pero basada también en “contingentes” de masas representadas.

La designación y elección de los representantes funcionarios obedecen a una dinámica de la representación en que el aparato estatal estudia y decide quién debe ser el representante de los intereses populares, eligiéndolo entre los distintos candidatos a representantes mediante un sistema de auscultación de las fuerzas reales que es sancionado por el sistema de elección formal. Para ésta el partido cuenta, como apoyo, a todos los aparatos del Estado. Es el Estado en competencia con los partidos políticos de oposición.

En 1950 ya estaba hecho el PRI. Cualquier reforma ulterior sería inescencial. En la práctica sólo funcionarían las reformas que afinaran y ajustaran un sistema que ya no varió en su esencia. Desde entonces no sólo había terminado la forja del PRI sino la del sistema político mexicano, tal y como funcionaría por lo menos treinta años. Dentro de ese sistema sólo variarían ligeramente los partidos, en especial el Partido Popular que en 1960 se convirtió en Partido Popular Socialista. Desde entonces hasta 1978 el PRI aparecería en el centro de un Estado Institucional con una oposición institucional.

II. EL SISTEMA POLITICO: PARTIDOS Y ELECCIONES

Los partidos sin Estado

El sistema político-electoral mexicano tiene algunos elementos que van más allá del nacimiento del partido del Estado, e incluso de la época de los caudillos revolucionarios. Entre sus diferencias esenciales no sólo se encuentran las que corresponden al nacimiento y evolución del partido del Estado, sino las que distinguen de un lado a los partidos de poder y a los partidos políticos, y de otro los partidos que se forjan para una elección y a los que se fundan con una cierta permanencia, destinados a contender en varios y sucesivos procesos electorales.

Los partidos de poder del siglo XIX que llegan al XX son el ejército y el clero. A ellos se añade, desde 1919, un partido que busca ser a la vez partido de poder y partido político, pero cuya debilidad en ambos campos es extrema, el Partido Comunista Mexicano.

Clero y ejército como “partidos” tradicionales y de poder son controlado definitivamente en los años cuarenta. Sus reapariciones posteriores corresponden a grupos de presión, uno en el gobierno y otro fuera de él, que en nada se parecen a las formaciones Políticas decimonónicas. Puede decirse que entre 1940 y 1979 los antiguos “partidos” han funcionado como parte del Estado, ocupando en su interior y exterior las áreas de influencia asignadas. Sólo recientemente se les empieza a usar de nuevo para un cambio en la correlación de fuerzas, pero siempre bajo los designios de una burguesía hegemónica que hasta 1940 no existía.

En cuanto al PCM, que siempre fue un grupo relativamente pequeño, desde finales de los veintes fue controlado como partido político y de poder en acosos sucesivos. Expulsado de los sindicatos y centrales obreras quedó también fuera de las luchas electorales con plenos derechos. Hasta la década de los setentas empezó a recuperar alguna fuerza. En el terreno electoral sólo hasta 1978 recuperó casi todos sus derechos con la reforma política.

Entre 1940 y 1976 los antiguos partidos de poder y el PCM no contaron en las luchas electorales. Su acción se redujo a presiones e influencias mediadas por el Estado y los partidos políticos legales. Así, en cuanto a opciones electorales el período 1940-76 presenta una relativa homogeneidad, aunque desde 1968 el sistema exhibe algunos síntomas de crisis y cambio.

Dentro de la historia reciente de México, la diferencia entre los partidos políticos que se organizan para una sola elección y los que tienen un carácter permanente es muy significativa. Los primeros surgen en torno a un candidato, pero durante años se ligan a los grupos de poder, sean las fuerzas tradicionales de la vieja oligarquía, el imperialismo de enclave y el clero, o uno o varios caudillos militares surgidos de la Revolución de 1910. En todo caso esos partidos electorales son en cierta forma partidos armados. Su proyecto no sólo consiste en participar en una elección sino en intentar la toma del poder. Cuando este último objetivo se pierde, cuando los partidos para una elección ya no tienen la posibilidad de pasar a la rebelión, empiezan a decaer. Los que les suceden se convierten en instrumentos de presión de los candidatos y sus clientelas. A menudo son parte de una oposición institucional ad hoc que el Estado maneja y regula para encauzar y controlar la parte de la oposición que no se expresa en los partidos institucionales.

La oposición leal

En cuanto a los partidos permanentes, desde su fundación misma con objetivos electorales sucesivos, entrañan un cierto compromiso de aceptación de un sistema en el que están decididos a luchar -incluso para cambiarlo-, de acuerdo con las reglas y leyes que las propias clases y grupos dominantes han impuesto. La educación política, la propaganda, el proselitismo, la afiliación, la influencia en la opinión ciudadana, la superación de fraudes y trampas electorales, mediante actos políticos y legislativos, constituyen su esperanza y proyecto de lucha dentro de un proceso evolutivo y acumulativo que la mayoría de ellos acepta, y que excepcionalmente combina con proyectos de lucha por el poder: sindical, poblacional, o insurreccional. Si bien estos partidos plantean constantes exigencias en relación a un sindicalismo independiente y a un municipio libre y otras formas de poder local -de pobladores rurales y urbanos-, la mayoría de las veces y en casi todas partes encuentran obstáculos insalvables para hacerse de bases sindicales y locales, y sólo en momentos críticos recuerdan el derecho y la posibilidad histórica de la violencia o la insurrección. Lo hacen en forma declarativa, cuando otros elementos de lucha fallan. No combinan en forma sistemática su política de poder con su política electoral.

El Partido de Acción Nacional, el Partido Popular Socialista, y un tercer partido fundado en 1954, muy poco distinto del PRI en su composición, ideología y opciones electorales tienen todas las características arriba señaladas, en la inteligencia de que los dos primeros al sostener una ideología y una política más distinta y definida, muestran persistentes esfuerzos por transformar las condiciones electorales y los procesos democráticos en su favor. Ello no obsta para que en el terreno ideológico y político el PAN de un lado y el PPS de otro muestren afinidades con el PRI, llegando aquél a sostener puntos de la ideología oficial, y éste a los candidatos del PRI, en especial al candidato a la Presidencia de la República. El tercer partido, llamado Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) no sólo dice sostener la ideología oficial sino que apoya también a los principales candidatos oficiales, reservándose algunas diferencias de estilo ideológico… y algunas curules.

En todo caso puede decirse que desde 1952 en que los tres partidos presentan candidato a la presidencia, hasta 1976 en que el PAN se abstiene de hacerlo, el sistema de partidos institucionales funciona en medio de todas sus limitaciones y contradicciones. Así, en lo que se refiere a los partidos de poder el sistema electoral funciona con relativa estabilidad desde 1940 hasta 1970, y en lo que se refiere a los partidos electorales, con derecha, centro e izquierda, desde 1952 hasta 1976.

Los votos elocuentes 

Durante un amplio período -1911 a 1976- la proporción de votos que obtiene el candidato triunfante oscila entre el 74 y el 100 por ciento. En las últimas elecciones de Porfirio Díaz, el viejo dictador obtuvo el 98.93 por ciento de los votos. En las primeras de la Revolución, Madero obtuvo el 99.26 por ciento. El Presidente López Portillo obtuvo en 1976 el 98.69 por ciento: el PPS -como ha ocurrido desde 1958- sumó sus votos a los del candidato oficial, el PARM -como ha ocurrido siempre- hizo otro tanto, y el PAN, como se dijo arriba, se abstuvo de presentar candidato. Sólo el 1.31 por ciento de los electores pudo dar sus votos por candidatos no registrados.

Los resultados reconocidos por las instancias gubernamentales, en especial por el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados a lo largo del período, se consignan en el Cuadro I, al final de este artículo. El simple análisis de esos datos revela cuán lejos se hallan los partidos de oposición de plantear una alternativa electoral a nivel presidencial. Otro tanto ocurre en materia de gobernadores de los Estados. Nunca un proceso electoral ha determinado la alternativa de partidos en el gobierno de un Estado de la Federación. En cuanto a los senadores, sólo en las elecciones de 1976 el PPS pudo alcanzar un puesto, pero en acuerdo electoral con el PRI: el candidato triunfante lo fue de ambos partidos.

La excepción a los triunfos electorales del candidato del Partido del Estado, sólo se da a nivel de los diputados, de los presidentes municipales y los concejales. En este terreno los tres partidos de la oposición institucional han logrado que les sean reconocidos algunos triunfos. Su fuerza es mínima. En varios casos el propio gobierno ha reformado o incluso violado la ley para que el PAN, y sobre todo el PPS y el PARM alcancen triunfos que de otra manera habrían acabado con su presencia. Así ha ocurrido, cuando todo el sistema político y su funcionamiento, hechos para mantener y reproducir una oposición electoral extremadamente débil, han sentido que están a punto de extinguirla. El sistema político necesita reproducir a la débil oposición como instancia de legitimación y canalización de luchas. De otro modo acabaría consigo mismo.

Entre 1955 y 1964 de un total de 500 diputados federales los partidos de oposición alcanzaron 31 curules, el 6.2 por ciento. A partir de 1964 el creó una nueva institución llamada “diputados de partido” para candidatos que habiendo perdido la elección en sus respectivos distritos reciben el acuerdo con la proporción de votos registrada por el partido, hasta un máximo de veinte, siempre que el partido sea minoritario y alcance un porcentaje del voto total de 2.5 por ciento o ese expediente los partidos de oposición registrados lograron entre 1964-73 el 18.7 por ciento de las curules (100 de 534).

La oposición en las urnas

El partido de oposición que mayor número de votos y de diputados es el PAN. Aún así estos representan un número mínimo dentro de cada legislatura, como puede verse en el cuadro:

DIPUTADOS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

(1934-1976)

DISTRITOS

LEGISLATURA

AÑOS

NUMERO

147

XXXIX

1943

0

147

XL

1946-9

4*

147

XLI

1946-52

4

161

XLII

1952-5

5

161

XLIII

1955-8

6

161

XLIV

1958-61

6**

178

XLV

1961-4

5

178

XLVI

1964-7

20(2)***

178

XLVII

1967-70

20(1)

178

XLVIII

1970-73

20(0)

196

XLIX

1973-6

25(4)

 196

L

1976-9

20(20)

NOTAS: * Uno de ellos fue expulsado del PAN. ** Dos rechazaron su cargo como protesta del partido por fraudes electorales: los otros lo aceptaron y fueron expulsados del partido. *** Entre paréntesis se señalan los que registran mayoría en su respectivo distrito; los otros son “diputados de partido”. Corresponden a una cantidad de diputados que habiendo perdido en sus distritos reciben el cargo de acuerdo con la proporción de votos registrados por el partido.

La debilidad numérica del PAN en el Congreso es evidente en términos absolutos, o si se compara a cualquier sistema político de congresos y parlamentos. A esa debilidad se añade la del propio Congreso en el régimen presidencialista mexicano. En cuanto a otros triunfos reconocidos al PAN, se limitan a algunos municipios.

La situación del PPS es aún más débil. En seis elecciones en que participó sólo le fueron reconocidos siete diputados de mayoría y nueve de partido. En 1949 obtiene un diputado sobre 69 candidatos que presenta. En 1952 alcanza dos curules. En 1955, logra una. Al pedirle a su candidato electo que como protesta rehúse el puesto, éste se niega a hacerlo y queda como diputado sin ser del partido. En 1958 y 1961 no alcanza el mínimo legal para ser partido nacional (75,000 miembros). En 1964 el gobierno le concede graciosamente diputados de partido (sin que haya alcanzado el 2.5 por ciento de los votos). En su ya largo historial electoral el PPS siempre logra menos votos que el PAN.

En cuanto al PARM, desde su fundación nadie ha dudado de que carece del número de miembros y de la distribución regional de los mismos que la Ley Federal Electoral exige para reconocer a un partido el carácter de nacional. Su condición artificiosa, su identidad general con la ideología oficial y el número de representantes que recibe son testimonio institucionalizado de los elementos arbitrarios de la vida partidaria. El nacimiento del PARM obedeció a intereses circunstanciales del Estado; su permanencia a veces se explica como símbolo irracional de la lucha partidaria. Ha tomado posiciones rituales y anti-comunistas en que invoca a la Revolución Mexicana para hacer campañas de desconcierto, algunas con movilizaciones populares localizadas. En 1958 obtuvo un diputado, en 1964 cuatro, en 1967 seis, en 1970 cinco, en 1973 siete, en 1976 diez.

Con suma frecuencia el PAN y el PPS han denunciado los fraudes de que son objeto en el proceso electoral. Nunca han reclamado el triunfo de su candidato a la presidencia de la República; pero el PAN ha formulado demandas para que le fuera reconocido el triunfo a la gubernatura de Baja California (1959), Sonora (1967), Yucatán (1969); el PP, a la de Sonora (1949), y a la de Nayarit (1975), caso este último en que el Comité Central se retractó provocando una fuerte escisión. La debilidad de ambos partidos como institutos políticos nacionales se ha visto acrecentada por constantes disensiones y expulsiones, y por distintos fenómenos de identidad relativa con la ideología oficial de la Revolución Mexicana.

Todo lo anterior da idea del carácter precario que los partidos políticos tienen en las luchas sociales e ideológicas del país. No obstante, representan formas de organización significativa para una política de cuadros y grupos de presión. Algunos cuadros dirigentes que no caben en el gobierno se organizan en forma de partidos y son reconocidos como representantes populares. En tanto que grupos de presión los partidos alcanzan una influencia varia para cuadros y clientelas, visible en los círculos oficiales. En la legislación también logran algunas concesiones.

En todo caso, su influencia en la opinión pública es reducida, por más que efectivamente se les escamotee el voto. En las elecciones de 1946 el PAN logra el 2.4 por ciento de los votos; en las de 1949, el 12.6; en las de 52 el 7.8; en las de 55 el 9.4; en las de 58 el 10.2; en las de 61 el 7.6;en las de 64 el 11.5; en las de 67 el 12.3; en las de 70 el 14.2; en las de 73 el 14.7; en las de 76 el 8.5. En cuanto al PPS, en 1949 registra el 2.8 por ciento; en 1952 el 1.98; en 1955 el 2.45; en 58 el 0.69; en 61 el 0.95; en 64 el 1.37; en 1967 el 2.06; en 1970 el 1.41; en 1973 el 3.61; en 1976 el 2.98. Las cifras dan idea de la débil influencia ideológico-política de ambos partidos. El registro de votos del PARM es aún más bajo:.49 por ciento del total en 1961;.71 en 1964;.84 en 1970; 1.82 en 1973; 2.51 en 1976. (Algunas cifras suelen variar en el registro de la Cámara de Diputados pero ello no altera el orden de magnitud del problema).

Respecto al número y crecimiento de los miembros del PAN y el PPS -no se diga del PARM- es imposible obtener datos públicos fiables que permitan analizar la distribución y evolución de sus fuerzas. Algo semejante ocurre con el PRI, aunque en sí, resultaba absurdo medir el número de miembros ya que se trata del partido del Estado: del Estado

III. LA CRISIS DEL SISTEMA POLITICO

La crisis del sistema político mexicano se manifiesta en varios terrenos. Dos de los más significativos son la abstención y la pérdida del carácter arbitral del Estado. Ambos fenómenos se relacionan con varios más que expresan la crisis del Estado y la sociedad.

El abstencionismo 

La abstención de los ciudadanos en el proceso electoral está asociada en México a los índices de crecimiento y desarrollo económico, de urbanización, alfabetización y peso de las clases medías; se presta para ello a distintas interpretaciones.

La abstención electoral puede ser o no el índice de una oposición latente, puede corresponder a un sentimiento de desinterés o rechazo consciente, puede ser un fenómeno que obedece a una tendencia de la ciudadanía atomizada -como parece ocurrir en forma mayoritaria- o corresponder a una acción concertada que sigue una consigna -como ocurre en escalas mucho menores-. En todo caso es síntoma de limitaciones del sistema de partidos como expresión de las luchas sociales y políticas. Por sí sola, la abstención tiene al menos dos importantes significados: uno que cuestiona la legitimidad de un sistema que no expresa sino a una parte de las fuerzas sociales en juego, y otro que corresponde a las formas no partidarias, no electorales en que se expresan esas fuerzas. Para el Estado y la oposición -partidaria o no- la abstención es índice del carácter precario del conjunto Estado-oposición legal, electoral. La abstención es índice de los límites de la “soberanía del Estado” en su mediación de “la soberanía del pueblo” a través del sufragio. Una parte de ella corresponde a la abstención en los propios aparatos de masas del Estado; indica pérdida del consenso del Estado en sus bases. El Estado, el partido del Estado, los partidos con plenos derechos, los partidos semilegales y los grupos que luchan por el poder -revolucionarios o contrarrevolucionarios- forzosamente reparan en esa abstención que hace del sistema político electoral sólo una parte de la hegemonía del Estado.

Los números electorales corresponden a un subconjunto variable. La “mayoría” de los electores no es siempre la mayoría de los electores probables. La diferencia suele ser numéricamente elevada y significativa en un cálculo político de las fuerzas reales. De ahí que el gobierno y la oposición no sólo reparen con interés en los votos y su comportamiento, sino en los no-votos, en los espacios vacíos de sufragios. Y aunque unos busquen ocultarlos destacando la realidad formal, y otros exageren su significado como contrario al sistema dominante, todos los analizan con el propósito de desentrañar en ellos el significado real del sistema político.

La mayoría relativa 

En las elecciones a la presidencia de 1970 se calculó que el electorado probable sería de 24 millones 550 mil electores. Se empadronaron 21 millones 650 mil (el 88 por ciento). Votaron 14 millones (el 57 por ciento). De los que votaron, más del 1.5 por ciento emitió votos en tal forma que fueron anulados: algunos por torpeza, otros por escribir críticas que buscaban a la vez injuriar y hacer nulo el voto. Los votos en favor del candidato del PAN y de otros opuestos al del PRI llegaron al 14 por ciento. Sumadas la abstención y la oposición manifiesta llegaron al 52 por ciento. De tal modo que si el PRI obtuvo el 83 por ciento de los votos válidos, sólo logró el 48 por ciento del electorado probable. Eso hizo decir a varios intérpretes que el PRI ya era un partido minoritario. Las elecciones de 1970 revelaron una crisis. Ocurrieron después de la masacre de Tlatelolco.

En 1976 la crisis se manifestó en otra forma. Al no presentar candidato el PAN y apoyar los demás partidos reconocidos al candidato del PRI, el sistema electoral dejó de plantear la elección del Presidente. En ese momento desapareció hasta el espejismo de la elección, al menos en lo que al Presidente se refiere. Al abstenerse todos los partidos registrados de presentar un candidato a la Presidencia distinto al del PRI el acto se convirtió en una mera consagración o sanción. La elección desapareció como protesta de uno: el PAN, y como afinidad, simpatía, identidad de todos: PRI, PPS, PARM. Las diferencias y luchas sólo se expresaron en las elecciones de senadores y diputados.

En otros terrenos el sistema mostró simultáneamente síntomas de vitalidad y crisis. Aunque entre 1970 y 1976 aumentaron los electores no empadronados (de 12 a 13 por ciento) y disminuyó el abstencionismo (de 35 a 31 por ciento), al mismo tiempo aumentaron los votos anulados (de 1.5 a más de 5 por ciento). Y esta vez no sólo porque los electores nulificaron sus votos sin quererlo, o deliberadamente, sino porque en muchas casillas electorales los funcionarios anularon los votos en favor del candidato de un partido no registrado: el PCM. El PRI como partido obtuvo el 88 por ciento de los votos (cifra superior a las elecciones anteriores en que sólo había obtenido el 83 por ciento). La votación alcanzada por el PRI fue nuevamente mayoritaria (53 por ciento) si se toma como base al electorado probable. Del total de los votos válidos, el candidato López Portillo obtuvo el 93 por ciento, y en relación al electorado potencial, el 56 por ciento. De ese modo el gobierno logró que disminuyera la abstención, que el partido del Estado volviera a ser por todos conceptos mayoritario, y que una parte de la oposición que no presentó candidato propio votara por el suyo. Todo ello habría constituído un éxito cabal para el gobierno si al mismo tiempo no se hubiera dado la ausencia del PAN, el aumento de votos anulados en proporción de 4 a 1, el de votos por “otros candidatos” -donde prevalecía el del PCM- en proporción de 12 a 1, así como varios fenómenos más que eran muestra de la continuidad y gravedad de la crisis.

La cauda del 68

Desde el movimiento estudiantil popular de 1968 el Estado Mexicano entró en un deterioro que adquirió múltiples manifestaciones. El movimiento del 68, sacudió sobre todo a las clases medias, en particular a los estudiantes universitarios, los profesores y los intelectuales. Enarbolando demandas de base constitucional (libertad a los presos políticos, derogación del artículo de disolución social, cese del jefe de la policía), el movimiento estudiantil cobró características populares de gran magnitud. Terminó en una masacre que los cálculos oficiales se empeñaron en negar mientras los periodistas nacionales e internacionales registraron varios cientos de muertos. Constituyó un punto de ruptura en la evolución ideológica del país.

Movimiento esencialmente contestario, limitado a una crítica de rechazo sin proyecto alternativo expreso, el movimiento estudiantil-popular de 1968 atacó y erosionó seriamente los mitos del Estado conciliador y árbitro, tratando de revelar su papel predominantemente represivo. El fracaso de los leves intentos conciliadores del gobierno y la escalada de represión que culminó en Tlatelolco acentuaron los enfrentamientos políticos e ideológicos. Estos fueron producto de una política inhábil y represiva, y también manifestación de nuevas formas de lucha de la oposición.

El Estado perdió su hegemonía ideológica a un grado sin precedente. Los símbolos de la Revolución Mexicana fueron usados para justificar la represión. Acabaron vaciados de contenido. La nueva izquierda y la vieja izquierda empezaron a acercarse a un planteamiento frontal de la lucha, con señalamientos de un nuevo proceso revolucionario, y negativas a cualquier conciliación o transacción. La “conciliación” (de clases) y la “transacción” (o “tranza“) fueron estigmatizadas en forma que no había ocurrido desde 1928-33. El carácter de clase del Estado se impuso cada vez más en el discurso de la izquierda. El PRI por su lado usó un lenguaje primitivo de enfrentamiento con la Universidad, de injurias a sus autoridades, con un anti-intelectualismo y una demagogia furiosos que no convencían a nadie. La vieja lógica del Partido Popular Socialista de exaltación simultánea al Estado Mexicano y a los Estados socialistas perdió su última capacidad persuasiva. Identificado con el PRI y el gobierno, el PPS perdió cualquier identidad con una izquierda emergente que el PCM procuró conducir. El PAN por su parte se identificó con las críticas al Estado represivo. Sus grupos y líderes más avanzados se hicieron de la dirección del partido. Recurrieron al pensamiento católico progresista y revolucionario de América Latina y produjeron documentos y discursos que trataban de atraer la enorme fuerza en movimiento. No sin contradicciones. El sistema político convencional -con su centro (PRI), izquierda (PPS), derecha (PAN)-, quedó hecho añicos. El Estado dejó de ser árbitro de grupos y clases en pugna, forjó una sola imagen de paternalismo y represión, de conciliación y corrupción. Perdió legitimidad ideológica y política. Fuera de los partidos se desató la protesta. La violencia gubernamental hizo que la protesta fuera en gran parte violenta y también lógica, también intelectual. Toda la sociedad civil pareció entrar en acción, aunque no en forma simultánea ni creciente, sino con altibajos y variantes.

Con anterioridad el Estado había enfrentado momentos críticos que aparentemente fue capaz de absorber, como en 1958-59 durante el movimiento obrero encabezado por los ferrocarrileros; en 1962 en que fue asesinado el líder campesino Rubén Jaramillo; en 1964 en que se enfrentó al gremio médico, mientras se iniciaban las guerrillas en Ciudad Madero (Chihuahua), o en 1967, en que tras la matanza de Atoyac, Lucio Cabañas se fue a las guerrillas del sur. En realidad todos esos movimientos y otros más no derivaron directamente en una crisis del Estado. Este los controló en forma política o militar. Pero desde 1968 el fenómeno abarcó todos los campos y adquirió nuevas dimensiones.

Escenarios de la crisis 

Las manifestaciones de la crisis, que se agudiza en 1968, son múltiples y complejas: 1. Guerrillas y terrorismo en Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Distrito Federal, etc. 2. Movimientos estudiantiles y crisis universitarias en Morelia, Puebla, Monterrey, Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Distrito Federal, etc. 3. Movimientos de trabajadores de sindicatos de empresa y de industria, a lo largo de la nación, por salarios y prestaciones, y por la representación sindical, dentro de un proceso creciente llamado de “insurgencia obrera”. 4. Movimientos campesinos y de comunidades indígenas con ocupación de tierras en numerosos estados de la República. 5. Tomas de presidencias municipales y de palacios de gobierno como protesta por actos gubernamentales o por decisiones electorales. (Las tomas de alcaldías llegan a varios cientos y han sido llamadas “insurgencia municipal”. Las crisis de gobierno de las entidades federativas determinan la caída de varios gobernadores).

La crisis político-ideológica se acentúa a partir de 1971 en que la crisis económica se manifiesta en todos los terrenos. Ambas operan dentro estructura altamente desigual con desarrollo predominante de los monopolios y oligopolios. La estructura oligopólica de la producción abarca todos los sectores económicos. En el industrial, en 1971 el 4.3 por ciento de los establecimientos produce el 88.2 ciento del valor total. Desarrollo y crisis favorecen la concentración de capital. De 1971 en adelante hay un notable descenso en la actividad productiva; decae la inversión; se restringe la oferta, crecen las presiones inflacionarias, la especulación, el rentismo y la fuga de capitales. Aumenta el proceso de concentración de la propiedad y el ingreso; se estrechan los mercados, crece capacidad ociosa de capital. Aumentan las tasas de utilidad, disminuyen los salarios reales, aumenta el subempleo y el desempleo. A una política inflacionaria sucede otra deflacionista, comprometida con el Fondo Monetario Internacional. Ambas políticas constituyen una unidad en materia de endeudamiento externo, inflación, y congelación salarios. La tasa promedio de crecimiento baja del 7.03 por ciento en el período 1960-1969, a 4.08 en 1975, a 1.67 en 1976, para subir sólo a 3.20 en 1977. En esos mismos años la inversión privada decrece de -1.62 por ciento a -0.17, a – 21.61. La tasa de inflación promedio 1975-1977 es de 23.73 por mientras los salarios mínimos se contraen al imponérseles un tope de 12 ciento en 1977. Los menos organizados y los rurales sufren una pérdida real de salarios aún mayores. El desempleo y el subempleo alcanzan del 20 al 40 por ciento de la población económicamente activa según los indicadores que se usen.

Mientras tanto el saldo de la deuda externa pasa de 4,545.8 millones dólares en 1971 a 22 mil 912.1 millones en 1977; y el servicio de la deuda de 743.3 millones de dólares a 3 mil 544.2 millones en esos mismos años. Los índices de concentración de capital, las altas utilidades, la desigualdad y dependencia se acentúan con una crisis que en otro Estado habría sin duda dado lugar a explosiones populares y políticas de mayor alcance. En México, el Estado la enfrenta en medio de serias dificultades que en el terreno económico sólo en parte parece poder aminorar el petróleo.

La crisis tiende a acentuarse en el futuro inmediato. El alto endeudamiento externo, el predominio creciente del poder oligopólico en las decisiones económicas del gobierno, la “política de estabilidad” adoptada -que corresponde a un acelerado proceso inflacionario, con restricciones en los aumentos de los salarios nominales- ha determinado (bajo el programa de facilidad ampliada suscrita con el Fondo Monetario Internacional) la contención del déficit público de 8.2 por ciento del PIB en 1976 a 2.5 en 1979. Todo esto hace prever un crecimiento de “la inconformidad popular” y un “endurecimiento represivo de las organizaciones políticas” a que se resisten varias facciones de las propias clases gobernantes y las organizaciones democráticas y populares, con resultados de difícil previsión.

Las alternativas 

Tres parecen ser, desde 1970, las alternativas que las clases dominantes encuentran a la crisis, la de una política neopopulista -ya fracasada-, la de una política de democracia ampliada -la más progresista-, con cambios cualitativos que lleven al campo de la legalidad las luchas por el socialismo y el comunismo, y la de una política predominantemente autoritaria y represiva, que vuelva a colocar en un primer plano a las fuerzas tradicionales de dominación latinoamericana, en particular el ejército y el clero. Cada una de esas políticas encuentra apoyos e interpretaciones varias en los partidos y organizaciones políticos y sindicales vinculados a los aparatos del Estado, y en los que se le enfrentan desde posiciones socialistas y revolucionarias. Cada una se complementa con proyectos de política económica más o menos distinta, que da mayor consistencia al proyecto político o aumenta sus contradicciones.

Neopopulismo y realidad 
El modelo neopopulista fue intentado durante el gobierno del Presidente Echeverría (1970-76). Ese gobierno ensayó una política cuyos rasgos principales fueron: recuperar la perdida hegemonía ideológica, acabar con los movimientos guerrilleros y terroristas, satisfacer las demandas diferidas de las clases medias y mantener los niveles de ingreso de los trabajadores. En el terreno económico, el gobierno de Echeverría continuó durante el primer año la política de “estabilidad monetaria” que había predominado en el período anterior. En el segundo esbozó una política de reformas fiscales, de control de inversiones extranjeras, y de aumento de la inversión y el gasto público. Al mismo tiempo buscó apoyo en algunas tendencias democráticas del sindicalismo. Al fracasar los intentos reformistas y no lograr la democratización sindical como parte de un proceso dirigido por el propio gobierno, éste continuó la política de inversiones y gastos a costa de un creciente endeudamiento externo, y de un proceso inflacionario que aumentó las tasas de acumulación y crecimiento de utilidades, acentuando las desigualdades entre el campo y la ciudad, en el interior de las clases trabajadoras y las capas medidas, y entre el campo y la ciudad, en el interior de las clases trabajadoras y las capas medias, y entre la gran burguesía, la clase media acomodada -consumidoras ambas de bienes y servicios de lujo- y el resto de la población, en particular los trabajadores no organizados de la ciudad y el campo. El país adquirió un perfil cada vez más parecido a los sudamericanos en lo que se refiere a modelos de inversión, producción y consumo, y a rasgos generales de acumulación y desigualdad. La correlación de fuerzas varió a lo largo del sexenio en favor de los grupos monopólicos y oligopólicos y de sus instancias internacionales. Mientras tanto el gobierno logró dominar y casi extinguir a los movimientos guerrilleros y terroristas, mediante acciones militares, policiales y políticas. En todo caso aquéllos presentaban al finalizar el sexenio una fuerza y actividad considerablemente menor que al principio. En el terreno de la lucha por la hegemonía, el gobierno de Echeverría hizo esfuerzos de acercamiento con los intelectuales, los estudiantes y las universidades, tratando de sumar fuerzas a un proyecto encabezado por el propio ejecutivo. El lenguaje de los discursos oficiales fue símil del lenguaje callista de la época radical, puesto al día para procurar la atracción de las nuevas corrientes de izquierda. La contradicción entre los propósitos y la realidad sólo fue superada en algunos renglones: mayores recursos a la educación, en particular a la superior, satisfacción de algunas demandas de las clases medias y los obreros organizados, particularmente de los grupos y organizaciones más poderosos, y medidas de política exterior progresista, particularmente en las relaciones económicas y culturales con Cuba, y en el apoyo consecuente al gobierno de la Unidad Popular en Chile que determinó la ruptura con el golpista y fascista de Pinochet, y el asilo a gran cantidad de emigrados chilenos. Tales medidas no acabaron sin embargo con la nueva perspectiva contestataria surgida desde el 68. Esta incluso se profundizó y amplió perspectivas revolucionarias en lucha por una nueva hegemonía centrada en la clase obrera y en el proyecto socialista. En el terreno de los partidos políticos y la lucha electoral el gobierno buscó solución a dos problemas: atraer a la juventud a la lucha electoral y partidaria; y mantener al PRI en el centro de la escena política. Para lograr lo primero dio gran publicidad a una medida que se había tomado desde 1970 por la que se había extendido el derecho de voto a los jóvenes de 18 años (antes la ley exigía 21), y por la que se adquiría el derecho a ser elegido diputado a los 21 años (antes se necesitaban 25), y senador desde los 30 años (antes 35). En los puestos del Ejecutivo y en los puestos de elección popular -de gobernador para abajo-, abundaron los funcionarios jóvenes, y sobre ellos se hizo gran campaña publicitaria con todos los medios y discursos disponibles. En cuanto a la preservación del PPS y el PARM que habían alcanzado bajísima votación, recibieron nuevos estímulos al reducir el mínimo para acreditar los primeros cinco “diputados de partido” de 2.5 a 1.5 por ciento del voto total. Al mismo tiempo se aumentó el número máximo de los diputados de partido de 20 a 25. Tales medidas y una enorme publicidad electoral permitieron corregir las tendencias a la abstención que se habían venido observando; pero fueron insuficientes para enfrentar la crisis electoral profunda; ésta parecía exigir cambios cualitativos.

Restauración y reforma 

Al empezar el nuevo sexenio la mayoría de los grupos y organizaciones patronales trataron de imponer una interpretación del país. Contrarios a la intervención del Estado en la economía y partidarios del liberalismo monopólico encontraron eco creciente en un gobierno que desde el sexenio anterior había terminado firmando una carta de intervención con el Fondo Monetario Internacional (septiembre de 1976). El nuevo gobierno acabó con la retórica populista, con los alineamientos internacionales con el Tercer Mundo, y cedió en la palabra y la práctica a las presiones del liberalismo económico, con los efectos consabidos en la dependencia, la especulación financiera y crediticia, la inflación seguida de la congelación de salarios, el incremento del desempleo y la diminución de inversiones y servicios. Mientras tanto exploró en el terreno económico la posibilidad de aumentar su peso frente a los grupos empresariales, a través de un aumento en la exploración, explotación y venta del petróleo. Todo ello no impidió una presencia cada vez más directa y agresiva del capital monopólico en puestos del ejecutivo y en las políticas económicas, ideológicas y de gobierno, incluída la nominación de los candidatos a puestos de elección popular, en especial de los gobernadores. Tampoco impidió una recuperación relativa de la economía: en 1978 el PIB creció en un 6.6 por ciento, y el público en un 9.3 por ciento, dentro de un proceso contínuo de concentración del capital.

En el campo político-electoral el Estado y los aparatos y organismos más ligados al mismo exploraron dos posibilidades. La de una reforma al sistema de partidos, y la de una reforma al PRI. La primera surgió como proyecto del Ejecutivo, de su ala mas progresista. Su característica principal consistió en cambiar los requerimientos legales para el registro de partidos nacionales, de modo que pudieran entrar en la lucha electoral fuerzas que estaban marginadas hasta entonces. De acuerdo con la nueva ley pudieron obtener un registro provisional -a reserva de probar en las elecciones para diputados de 1979 que alcanzan la votación necesaria-, el Partido Comunista Mexicano (que desde 1949 había perdido el registro); el Partido Socialista de los Trabajadores, integrado por disidentes de un partido que había cobrado fuerza a consecuencia del movimiento de 68 (el Partido Mexicano de los Trabajadores), y una formación política de origen sinarquista, el Partido Demócrata Mexicano. La nueva ley puso en movimiento a las principales fuerzas organizadas de la izquierda, aunque estas siguieron gravemente limitadas en su política sindical.

Permitió también el acceso a la lucha electoral a una derecha que en el pasado reciente había mostrado más diferencias que simpatías con el PAN. Constituyó, de hecho, el proyecto más avanzado del gobierno.

Los proyectos en pugna

Poco después surgió en el seno de la CTM, y de otras centrales que con ella se organizan en el “Congreso del Trabajo”, un planteamiento de demandas que exige a la vez la reformulación de la política económica creciente del Estado, mayores recursos al Estado -en base a nacionalizaciones-, y una reestructuración ideológica y programática del PRI. La reformulación de la política económica no pudo ser llevada sino a planteamientos generales, relativamente discontinuos, y que hasta ahora no han determinado ni movilizaciones de masas, ni cambios en la política económica del gobierno, ni medidas legislativas concretas que correspondan a una reorientación de la propiedad pública y social. En cuanto a la reforma del PRI no ha pasado, hasta ahora, de un proyecto ideológico y programático general. El PRI declaró ser un “partido de los trabajadores”, pero no sólo acabó incluyendo dentro de esa categoría a los empresarios, sino que en nada modificó el carácter jerárquico y la centralización de decisiones en su interior. La reforma a sus estatutos se limitó a perfeccionar formalmente la división del trabajo para el desempeño de sus funciones. Todo pareció indicar que los movimientos internos de las organizaciones obreras y populares inclinadas a una reorientación de la política y la estructura del partido y el Estado en favor de las masas obreras, hasta ahora sólo han alcanzado un carácter ilusorio o demagógico. Sin embargo, frenaron por momentos los ímpetus de los grupos más regresivos, patronales y burocráticos. Estos se retiraron de la escena, o al menos dejaron de ocupar un primer plano, sin que por ello hayan abandonado sus presiones económicas e ideológicas, entre ellas la solicitud de ingreso de México al GATT, la privatización de los canales de televisión antes públicos, y el intento de dar un sesgo evangelizador-colonialista y revanchista a la visita del Papa Juan Pablo II. En las clases dominantes se dan así dos proyectos contradictorios, el de la reforma política con un nuevo proyecto de democracia-social y el de lucha por imponer -con el liberalismo monopólico- una nueva hegemonía que clausure la autonomía relativa del Estado y reinterprete el pasado y el futuro de México en una forma esencialmente conservadora.

Gobierno y represión 

La situación del Estado en el uso de la represión, las negociaciones, las concesiones, las coaliciones, y la hegemonía ideológica muestra hoy distintas facetas de la crisis. La geografía de la represión, los tiempos y estratos de la represión siguen presentando características desiguales; pero no cabe duda que con la crisis se han extendido e incrementado. El gobierno mantiene las formas constitucionales en el conjunto del territorio; no es un gobierno de facto. Sin embargo, el cumplimiento del derecho público y privado, y su práctica cotidiana, se contraen y contradicen con la realidad cada vez más, con recursos parecidos a los de otras naciones latinoamericanas. A lo largo de la crisis surgen “grupos paralelos” represivos, de cuyas acciones nunca se da cuenta. El uso de las fuerzas armadas y la policía, en formas abiertas y encubiertas adquiere en ocasiones y zonas de conflicto agudo las características de una “guerra interna”, librada con la ideología de la “contrainsurgencia” que desarrolló el Pentágono en los años sesenta. Al frente de varios Estados se encuentran militares y jefes políticos conocidos por sus prácticas violentas, aplicadas a las guerrillas y también a organizaciones políticas, sindicales, campesinas. En el campo, gobiernos y fuerzas armadas apoyan a los neolatifundistas y jefes locales, en acciones constantes, contra ejidatarios, comuneros y núcleos indígenas. La represión cae en menor grado sobre las clases medias. Aunque ha habido acciones violentas contra prensa y universidades, se han combinado con márgenes de libertad. Una y otras han logrado imponer o mantener sus derechos. La destrucción de bienes, la desaparición, encarcelamiento, tortura y muerte de dirigentes políticos ha llegado a afectar a la propia población de clase media y urbana. El PCM, el PPS, el PAN, organizaciones religiosas y humanitarias han denunciado los hechos de manera cada vez más abierta y sistemática.

A lo largo de todo el espectro social de los grupos no marginados se ha seguido combinando represión, negociaciones y concesiones. Incluso algunos grupos relativamente marginados de las ciudades, y algunos núcleos de campesinos organizados, han logrado forzar negociaciones y concesiones. Sin embargo, la crisis económica y la política que sucede a la devaluación han disminuído los recursos gubernamentales de la negociación y la concesión, y amenazan con disminuirlos aún más si triunfa el liberalismo monopólico. La combinación de represión, negociación, concesión ha entrado en crisis frecuente.

Coalición e ideología 

En cuanto a la política de coaliciones se ha dado más como estructura del Estado con sus tres sectores -campesino, obrero y popular-, dirigidos por los aparatos gubernamentales, sindicales, agrarios y populares, que como una alianza actualizada y operante que atraiga de algún modo a las bases. Ciertamente una parte de éstas sigue participando de la disciplina y la lógica de las alianzas característica de la cultura política del Estado mexicano. Esa parte sigue viendo también en la negociación, la concesión y la disciplina una posibilidad mayor que en la ruptura y el enfrentamiento. Pero el desempleo, la inflación y el deterioro de los servicios públicos, por la concentración del gasto gubernamental, aumentan las presiones de las bases sobre los Líderes y la de éstos sobre los funcionarios, en formas que hasta ahora no satisfacen a unos y otros, y que en nada han modificado la política económica y social impuesta por los grupos monopólicos y el FMI. De ese modo “La Alianza para la Producción”, que fue una forma que el actual gobierno propuso a los sindicatos y organizaciones patronales para enfrentar la crisis, ha funcionado de manera que más obedece a la disciplina y cultura política de las bases, o a la estructura política y jerárquica de las organizaciones, que a resultados significativos en producción, empleo, salarios, o precios, satisfactorios para las bases y direcciones sindicales, campesinas o populares. Unas y otras sostienen la “Alianza” como sostienen la estructura del Estado que surgió, en parte, de una historia de coaliciones. Y calculan la historia y actualización de las represiones.

En el terreno de la hegemonía ideológica la crisis ha sido tal vez más profunda. La sistemática despolitización de las masas en los sindicatos y organizaciones populares del Estado en forma de adhesión disciplinada, paternalista, populista, así como un cierto manejo del lenguaje “revolucionario” con absoluto apartamiento de la realidad, han acentuado las distancias entre líderes y masas, y disminuido la capacidad de reflexión conjunta y la de comunicación. El uso de mensajes y lenguajes religiosos que se experimentó con fines políticos, a propósito de la reunión del Celam y la visita del Papa, constituyó un experimento de estabilidad frente a la crisis. También fue un anuncio de las posibilidades que ésta tiene de acabar con el ciclo de los gobiernos surgidos de las luchas populares que encabezaron desde el siglo XIX los liberales, y de que se quiso heredara la Revolución Mexicana.

Endurecimiento o democracia ampliada

En esas condiciones el Estado y estructuras parecen estar en un punto de quiebre. Las amenazas se ciernen sobre el sistema político y sobre el Estado como estructura interna de dominación; sobre sus alianzas, combinaciones, métodos de gobierno, ideologías. En cambio el Estado como expresión de las clases gobernantes, el capital monopólico y la burguesía queda en una especie de retaguardia estratégica. Lo que parece estar en crisis en ese tipo de Estado y de sistema político que surge en muchos países dependientes y cuya característica principal es la articulación de coaliciones de liberación en un partido único o predominante. El desarrollo de los monopolios de un lado, el de la clase obrera otro, el crecimiento de las ciudades, la población escolarizada, de las clases medias, y muchos factores más, parecen poner en crisis la estructura corporativa del Estado y de las organizaciones, y apuntar en dos direcciones principales, una de tipo predominantemente represivo y otra de una democracia ampliada, con mayor juego en lucha de los partidos, y con legalidad reconocida a socialistas y comunistas. La primera solución no apunta necesariamente a la derogación del régimen constitucional, sino a su endurecimiento. Al menos en una primera instancia. La segunda, sólo apunta a la transformación del sistema político, sin que haya planteado la del Estado como estructura de sectores y coaliciones corporativas y burocráticas altamente jerarquizadas, cuya democratización y politización, en la práctica aterroriza a sus líderes.

Las fuerzas democráticas y socialistas viven en esta situación. Para las que encuentran en el gobierno el camino está en imponer una política económica acorde con los requerimientos de un desarrollo social que no cabe con la actual estructura del Estado. Exigen la movilización, democratización y politización de las masas en las propias organizaciones oficiales. Piensan que la reforma política no sólo aliviará las presiones que sobre el sistema ejercen los grupos y partidos de la oposición, sino estimulará los procesos de democratización interna, y por su intermedio aumentará las posibilidades de una política económica y social más nacional y popular.

Los partidos y grupos socialistas se dividen en sus perspectivas. Unos consideran necesario luchar al lado de las fuerzas democráticas del gobierno. Tal es el caso del PPS o del PST. Otros apuntan hacia una alianza electoral, como el PCM, el PSR, el PPM y el PRT. Mientras, el PMT se muestra más resistente a participar en luchas electorales. Y desde luego existen organizaciones, hasta ahora poco significativas, que consideran necesario el endurecimiento del Estado, y directo el proceso de una lucha violenta por el socialismo.

En las condiciones del México de hoy es difícil decir cuál camino habrá de prevalecer, aunque no cabe duda que entre los motores de un cambio menos represivo, se encuentra la reforma política, sobre todo si ésta se mueve en concierto con las organizaciones democráticas gubernamentales y no gubernamentales para imponer un plan de inversiones de los recursos petroleros, que en el futuro inmediato pueden doblar e incluso triplicar su contribución a los ingresos del Estado.

Desde el punto de vista de las organizaciones de izquierda ese proyecto es viable. Para ellas la principal medida anticapitalista consiste hoy en un proceso de acumulación de fuerzas, y éste se verá asegurado en el sistema sindical, y de autonomía nacional respecto a la política económica más represiva de los grupos monopólicos. Las mismas perspectivas aparecen en el propio partido del Estado: en sus bases. Democracia y socialismo se plantean en el interior de las organizaciones de masas del Estado y fuera de ellas, en los partidos. También se plantean en una proporción enorme de población que no se encuentra en unas ni otras.

Pablo González Casanova. Autor del libro clásico de la sociología política mexicana, La democracia en México (1965), su intenso trabajo crítico y sistemático en el campo de las ciencias sociales incluye numerosos libros y ensayos, el último de los cuales es imperialismo y Liberación en América Latina (Siglo XXI, Editores, 1978).

CUADRO I

ELECCIONES EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (1910-1964)

AÑOS Y

CANDIDATOS

VOTOS

%

1910

PRESIDENTE

18 826

100.00

18 625

98.93

Madero

196

1.04

Limantour

1

0.00

Resendis

2

0.01

Dehesa

1

0.00

Sánchez G

1

0.00

1911

PRESIDENTE

20 145

100.00

Madero

19 997

99.26

L.delaBarra

87

0.40

VázquezGómez

16

0.07

Otros

45

0.12

1917

812 928

100.00

Carranza

797 305

98.07

González

11 615

1.43

Obregón 

4 008

0.49

1920

1 181 550

100.00

Obregón

1 131 751

95.78

Robles D.

47 442

4.01

Otros

2 357

0.19

1924

1 593 257

100.0

Calles

1 340 634

84.14

Flores

252 599

15.86

Otros

24

0.00

1928

1 670 453

Obregón

1 670 453

100.00

1929

2 082 106

100.00

Ortiz Rubio

1 947 848

93.55

Vasconcelos

110 979

5.32

Triana

23 279

0.11

1934

2 265 971

100.00

Cárdenas

2 225 000

98.19

Villarreal

24 395

1.07

Tejeda

16 037

0.70

Laborde

539

0.03

1940

2 637 582

100.00

Avila Camacho

2 476 641

93.89

Almazán

151 101

5.72

Sánchez Tapia

9 840

0.37

1946

2 293 547

100.00

Alemán

1 786 901

77.90

Padilla

443 357

19.33

Castro

29 337

1.27

Calderón

33 952

1.48

1952

3 651 201

100.00

Ruiz Cortines

2 713 419

74.31

Henríquez

579 745

15.87

González Luna

285 555

7.82

Toledano

72 482

1.98

1958

7 483 403

100.00

López Mateos

6 767 754

90.43

Alvarez

705 303

9.42

Otros

10 346

0.13

1964

9 422 185

99.98

Díaz Ordaz

8 368 446

88.81

González Torres

1 034 337

10.97

Otros

19 402

0.20

1970

13 915 963

100.00

Echeverría (PRI)

11 970 893

86.02

(Por el PRI)

11 708 065

84.13

(Por el PPS)

120 493

0.87

(Por el PARM)

75 810

0.54

(Personales)

66 525

0.48

González Morfín (PAN)

1 945 070

13.98

1976

López Portillo (PRI)

16 727 993

100.00

(Por el PRI)

15 435 321

92.27

(Por el PPS)

648 778

3.88

(Por el PARM)

339 922

2.03

(Personales)

303 972

1.82

NOTA: En 1910 y 1911 las elecciones fueron indirectas. Los presidentes faltantes sólo fueron designados. En 1976 en el acta del Diario de Debates sólo se dio constancia de los votos por el candidato registrado, y presidente electo.

FUENTES: Diario de Debates de la Cámara de Diputados.