A pesar de la complejidad del problema de violencia en contra de las mujeres parecería que creemos que tiene una potencial solución sencilla. En contra del acoso callejero o laboral, para frenar la violencia obstétrica o para garantizar la pensión alimenticia, se invoca como conjuro al derecho penal. Con nuevos tipos penales como el feminicidio o la persecución oficiosa de delitos de violencia doméstica buscamos que el Estado haga justicia a través del vehículo mediante el cual suele ser complaciente y cómplice. Así, como en otros ámbitos de la vida social, el derecho penal se ha convertido en la principal herramienta para enfrentar este problema. ¿Puede el derecho penal ser una herramienta exitosa de igualación de género y/o de protección de las mujeres? ¿Podemos, como la princesa Leia en el episodio VI de La guerra de las galaxias, usar la cadena que nos somete para deshacernos de nuestro captor? Adelanto la respuesta: no lo creo. El derecho penal no es una herramienta que vaya a permitir que las mujeres nos libremos de la mano masculina que nos acosa en el transporte público, en la calle, en la casa, en el trabajo o en la escuela. Tampoco será la razón por la que finalmente nos reconozcan como iguales los varones. Pero peor aún, nuestro derecho penal, que hoy es sinónimo de encarcelamiento, hace lo contrario: sirve para extorsionar, empobrecer y subyugar a miles de mujeres. Así, la herramienta de liberación que hemos buscado conquistar para frenar la violencia genera nuevas condiciones de violencia hacia las mujeres.

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Ilustraciones: Kathia Recio

Es difícil exagerar el clima de violencia que las mujeres vivimos. Las últimas semanas —o meses— nos hemos enterado, con escalofriante detalle, la forma en que padecemos cotidianamente la violencia. El hashtag #MiPrimerAcoso logró mas de 100 mil menciones en tan sólo unas horas de haberse lanzado en Twitter. En 140 caracteres miles de mujeres contaron cómo de niñas, muchas de seis o siete años, vivieron la primera —no la única— invasión a su intimidad, a su cuerpo y a su desarrollo. El sitio de internet Estamos en Duelo1 también se abrió como espacio para que mujeres den su testimonio de los abusos o la violencia que han sufrido. Columnas de opinión, programas de reflexión, testimonios en Facebook, blogs, la marcha #24A, más hashtags, todos dieron cuenta de lo normalizada que es la violencia sexual hacia las mujeres. Ningún perfil ni contexto se salva. El acoso se da en la calle, en el transporte, en la escuela, en la casa, en el trabajo. No hay lugar seguro. Participan de la violencia —o la solapan— hombres desconocidos, anónimos, pero también —y con preocupante frecuencia— parientes cercanos y personas de confianza. Todas las mujeres somos blanco de ataques cotidianos, de mayor o menor virulencia, desde niñas.

Los datos muestran además que la violencia no se limita al acoso y al abuso sexual. Según el INEGI, entre 2003 y 2014 fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país.2 Desde 2007, cuando fue creada, la declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres (AVGM) se ha solicitado 13 veces. Este instrumento está pensado como una respuesta extraordinaria para enfrentar la violencia más extrema, aquella que termina con la vida de las mujeres. ¿Cuántas mujeres murieron en cada caso antes —y después— de solicitarse la AVGM? Los informes estremecen a cualquiera, no sólo por las cifras sino también por el rencor con el que se violenta el cuerpo de las mujeres. Muestran la complejidad del problema de violencia de género contra las mujeres que atraviesa todas las capas y espacios sociales.

Ante este alud de violencia multicausal, el clamor social parece unirse en torno a la exigencia de una misma respuesta: proceso penal y cárcel para los perpetradores. Pero quienes impulsan el uso del derecho penal como remedio poco se detienen a reflexionar cómo funciona en la realidad ese instrumento jurídico y social, ni sobre las consecuencias concretas que su uso tiene para muchas mujeres de este país. El derecho penal es un sistema normativo e institucional pensado y construido por los hombres que dista de ser una herramienta de común acceso. A lo largo de la cadena de instituciones mediante las cuales funciona, se refleja la miopía para entender las necesidades, vulnerabilidad y capacidades de las mujeres. Desde la barandilla hasta la celda podemos constatar cómo el sistema excluye a las mujeres que piden su intervención y deja fuera de su visión a las (invisibles) que inadvertidamente afecta.

Los sistemas penales, siempre, han sido un instrumento accesible para —y controlado por— los miembros (enfatizo el masculino) más aventajados de la sociedad. Un instrumento que suele ser injusto, violento y de aplicación selectiva. Una y otra vez lo vemos usado para castigar la pobreza y lo diferente. En el México del Porfiriato, por ejemplo, como narra Robert Buffington en su libro Criminales y ciudadanos en el México moderno (2000), el discurso del derecho penal mezclaba ideas sobre la raza, la clase y el género para excluir del proyecto nacional a los grupos marginados. Las actividades tradicionales de los indígenas, de los migrantes que llegaban a las ciudades, de las trabajadoras sexuales, eran consideradas riesgosas para la sociedad y dañinas para el desarrollo económico del México moderno. Por ello fueron tipificadas como delictivas, criminalizando así a los migrantes, indígenas y mujeres.

La historia no ha cambiado mucho en 100 años ni es exclusiva de México. En Estados Unidos, por ejemplo, la población afroamericana e hispana representa el 64% de la población en prisión (75% de la que se encuentra en prisiones federales), aunque estos grupos sólo componen 37% de la población general.3 En aquel país las leyes de drogas han sido la excusa para criminalizar a un sector específico de la población.

Hoy México también tiene un sistema burdamente selectivo que sirve principalmente para procesar y encarcelar a personas con perfiles muy específicos: hombres y mujeres jóvenes, pobres, con escasa educación, provenientes de lugares marginados y, me atrevo a decir, sin estadística en las manos, de tez oscura. Las mujeres encarceladas, además, suelen ser madres y, por lo menos en el sistema federal, sancionadas con muchos años de prisión por delitos no violentos de drogas. No es un sistema que castigue a culpables, sino uno que sanciona principalmente a pobres y a incómodos sociales, a los jóvenes que hoy tampoco encuentran cabida en el proyecto nacional.

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El sistema penal es además elitista en la elección de sus causas, una herramienta que deja enormes márgenes de discrecionalidad y arbitrariedad en manos de funcionarios públicos que la usan, las más de las veces, para su propio beneficio. Para las mujeres, como para otros grupos vulnerables, es lento, torpe e ineficaz. Entre más pobre la mujer, más lento e ineficiente es el sistema. Cuando una mujer quiere denunciar un delito de violencia en su contra suele ser rechazada, la importancia de su causa minimizada. Quizá por ello, o por temor a represalias, la enorme mayoría de mujeres violentadas optan por no usarlo. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2011), por ejemplo, señala que del total de mujeres casadas o unidas que fueron violentadas por su pareja sólo 9% pidió ayuda o denunció el hecho.4 De éstas, 61.6% lo hizo ante el Ministerio Público y el resto acudió a otras instituciones. La poca frecuencia con que las víctimas de este tipo de violencia acuden a las instancias penales en busca de protección debería alertarnos de lo inadecuada que es la justicia penal para resolver el problema de violencia en contra de las mujeres. El panorama se ensombrece cuando vemos que sólo un mínimo porcentaje de los casos que sí se denuncian resultan en una sentencia. En el Distrito Federal, por ejemplo, de las averiguaciones previas iniciadas en 2010 sólo 0.9% resultaron en una sentencia condenatoria.

Cuando el sistema “funciona” y resulta con una persona procesada, sancionada y puesta en prisión —no necesariamente en ese orden—, genera efectos perversos para un enorme número de mujeres que pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad. El estudio sobre las mujeres invisibles, publicado en este mismo espacio en diciembre de 2015,5 da cuenta de cómo el costo de mantener a internas e internos en prisión recae principalmente en las mujeres de sus familias: sus madres, parejas, hermanas, tías o hijas. 80% de los visitantes que encuestamos en los centros del DF y Morelos eran mujeres. Al entrar una persona en prisión ellas se convierten en las principales proveedoras de comida, agua, ropa, cobijas, calzado, jabón, protección, medicamentos y demás enseres que una persona necesita pero que el Estado no proporciona a sus internos. Y no sólo deben sufragar la manutención de los hombres y mujeres en reclusión sino también pagar las extorsiones del personal de los centros de readaptación social. Para poder ingresar los bienes, para usar una mesa en el área de visitas y no tener que sentarse en el piso, para que le avisen a su familiar que llegaron visitas, deben pagar. También deben pagar para que sus hijos, hijas, parejas tengan protección dentro del penal y no sean golpeados por otros internos o por los mismos custodios. Deben pagar importantes cantidades de dinero para que tengan cama o para que no sean alojados en celdas superpobladas. El resultado es las miles de vidas de mujeres abocadas a sostener el sistema penitenciario infame que hemos construido. 52% de las mujeres que encuestamos tuvo que empezar a trabajar o conseguir un trabajo adicional para costear los gastos de tener a su familiar en prisión. 67.9% reportó problema de salud a raíz del encarcelamiento de su pariente. Por el estigma que genera tener a un pariente en prisión o por falta de tiempo la mayoría dejó de frecuentar amigos, vecinos y familiares, enfrentando solas la extensión del castigo penal.

Las razones sobre por qué estas mujeres asumen el cuidado de los y las internas van más allá del objeto de este texto. Sin duda, un sistema penitenciario menos corrupto y políticas que ayuden a compartir el cuidado del otro, servirían para crear un sistema con resultados menos injustos para las mujeres. Pero la realidad es que hoy un mayor uso este derecho penal implica un mayor uso de estas cárceles y ello significa que más mujeres se vean agraviadas por el sistema que pretendemos usar para protegernos. Cuando pensamos en usar más años de cárcel en contra de los hombres negligentes que no pagan alimentos, o a los médicos que privilegian su comodidad por encima de las necesidades de sus paciente, sería bueno tener en mente que nuestras cárceles también castigarán severamente a las mujeres que les rodean.

La ineficacia y corrupción del sistema penal es bastante conocida. Así, ante la evidencia sobre su arbitrariedad, pareciera que el clamor punitivo tiene un objetivo más simbólico que práctico. Pareciera responder a un deseo de un reconocimiento social sobre lo censurable que es la violencia hacia las mujeres. Sin duda, la sociedad debe reprochar, severamente, las conductas violentas de los hombres hacia las mujeres y mandar un mensaje fuerte de rechazo. La mujeres tenemos derecho a vivir libres y a pedir que se condenen los actos que violan nuestra intimidad y seguridad. Tenemos razón en pedir que los hombres (y las mujeres que tienen la suerte de no haber sido victimizadas) se indignen por la violencia que padecemos o hemos padecido. No minimizo la importancia del poder simbólico del derecho penal, los símbolos pueden ser vehículos de cambio, en particular de los complejos cambios culturales que necesitamos para transformar aquello que sustenta la violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Pero la realidad es que el derecho penal y las cárceles tienen una capacidad transformadora escasa en casi todos los ámbitos sociales. La energía invertida hacia el mayor uso del sistema penal difícilmente logrará grandes cambios. Si el objetivo es empoderar a las mujeres para que vivan libres de violencia, parece más importante lograr salarios iguales por trabajo igual, escuelas de tiempo completo y guarderías de buena calidad para apoyar a madres que trabajan, que elevar los años de cárcel para los agresores. Es más importante lograr paridad en las instituciones, públicas y privadas, prevenir embarazos de niñas adolescentes y tener más mujeres profesionistas que más mujeres formadas afuera de los reclusorios.

No propongo que el derecho penal nunca sea usado o que no se sancione a homicidas, golpeadores o violadores. Todo adulto responsable debe responder por el daño que cause a los derechos de otro u otra. Pero la insistencia en el uso del derecho penal como solución parece obviar la naturaleza violenta y selectiva del derecho penal. Pareciera olvidar que los aplicadores del sistema (las policías, los ministerios públicos, los militares, los custodios de las prisiones) son parte del problema y que difícilmente servirán como vehículo para transformar nuestra realidad. El derecho penal no es como la cadena que tiene cautiva a la princesa Leia y con la que da muerte a Jabba el Hutt. La insistencia en su uso se parece más al momento en que Lando Calrissian pacta con Darth Vader para mantener segura a su ciudad en las nubes, pensando que las instituciones del imperio protegerían los intereses de su comunidad. A la postre, Calrissian se ve traicionado por el imperio y orillado a unirse a la Resistencia. Quizá es hora de pensar en nuestra resistencia desde otras herramientas construidas por nosotras para dar respuesta a nuestras necesidades.

 

Catalina Pérez Correa
Investigadora de la División de Estudios Jurídicos, CIDE.
Twitter: @cataperezcorrea


1 http://www.duelo.org.mx

2 http://bit.ly/1Tzmgfw

3 The New Observer, Nonwhites Are 2/3 of US Prisoners, consulta 7 de mayo de 2016, disponible en: http://bit.ly/1TStVTD

4 INEGI, ENDIREH, 2011. Disponible en http://bit.ly/1qFkj6O

5 El artículo puede consultarse en: https://www.nexos.com.mx/?p=26995

 

4 comentarios en “La cadena de Jabba: La falacia punitiva

  1. Excelentes artículos que tendré la oportunidad de leer en mis programas de INTERNET radio y por el canal 19 de cable visión en Huauchinango, Puebla de 7 a 8 de la noche los martes.

  2. A ver si se entiende: cuando la violación deje de ser considerada el summum del agravio, disminuirá. Cuando se le matice, contextualice y descatolice…cuando se entienda cabalmente, la mujer tendra mas herramientas para su defensa. Sera un eslabón de la cadena de jabba.

    • Para esto es necesario que no se le permita a la Iglesia, continuar dando clases de religion en todas las escuelas, ni en las de ellos tampoco, que la Educaciòn sea realmente laica, porque la religiòn debe darse en las Iglesias, en los Templos, asì, todos estaremos en posiciòn de ejercer la Libertad de Culto y la Iglesia que se deje de obligar y someter a todos a pertenecerle por medio de castigos, de torturas, de escarnio, de discriminaciòn, segregaciòn, de pederastìa, de violaciòn y asesinato de mujeres y de manipular a todo mundo con el cuento de que la “Familia es Sagrada” -es sagrada la Imagen de la Sagrada Familia, que nos ponen como la familia de Jesucristo, Marìa, Josè y el Niño Jesus, a quienes tampoco les respetaron la vida y fueron perseguidos por ellos los 3 durante toda su vida, hasta el momento de clavar a Jesucristo en una cruz y muy seguramente a su madre y hermanos, aùn despuès de esta barbarie cometida en su contra. Jamàs los seres humanos se podràn respetar unos a otros, mientras no le pongan un alto a la Iglesia y le quiten ese derecho de propiedad que se ha adjudicado Roma sobre todos los seres del planeta, por medio de una Fe de Bautismo, cuando un bebè aùn no puede decidir, porque no tiene conciencia para ello. Siendo esto un total abuso, una violaciòn a todos nuestros derechos humanos y humanos. Es un despojo de nuestro cuerpo, mente, alma y corazòn, puesto que nos obliga a pensar como ella ordena, a casarnos con quien ella ordena y a excluìrnos unos a otros por no obedecerla en todo.

      • ´Fe de erratas de mi comentario anterior: Derechos humanos y legales (borre algunas palabras y olvide cambiar la segunda palabra de humanos. Se me pasò que tambièn somete a los lgbti por medio de la segregaciòn y la negaciòn de todos sus derechos humanos y legales.