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Las reformas deben evaluarse por sus resultados. La electoral de 2007 ya ha dado algunos que ayudan a sopesar su calidad y relevancia. Tres parámetros de evaluación son centrales: equidad, libertad y eficacia. ¿Cómo afectaron las nuevas reglas la equidad de la contienda? ¿Cómo afectaron la libertad de los ciudadanos para estar informados y expresar sus puntos de vista? ¿Qué tan eficaz es la norma para alcanzar los propósitos que persigue?

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La equidad fue la bandera central de la reforma. Aunque desde 1996 ya se habían sentado las bases de un juego nivelado que facilitó la alternancia y estimuló la competitividad entre partidos, los arquitectos de 2007 definieron que ése era el asunto a atender. Siempre es mejor más equidad, salvo que ésta se obtenga a costa de una pérdida de otros principios como la libertad y la eficacia de la norma.

Dos medidas se adoptaron para este fin. Uno, dar a los partidos acceso gratuito a los medios electrónicos; y dos, prohibir que terceros (o sea, todos aquellos que no formamos parte de un partido político) puedan expresarse a través de publicidad pagada en medios electrónicos.

El principio de acceso gratuito a la radio y TV me parece un aspecto positivo de la reforma, pero se combinó con un pésimo modelo de asignación. El modelo de spots y su volumen excesivo trivializó el debate y junto con la prohibición de campañas negativas fomentó cánticos de buenas intenciones y mucha mentira. ¿Qué hace más daño a los electores, las campañas negativas que “denigran” con la verdad o las positivas que en ocasiones prometen cosas irreales o incluso que van en contra del marco constitucional, como la propuesta de pena de muerte del Partido Verde? ¿Estuvieron los votantes mejor informados como resultado del nuevo modelo de comunicación política?

La prohibición para que terceros adquieran spots en medios electrónicos sacrifica un principio de libertad de expresión para evitar la desventaja que ocurre cuando sólo algunos cuentan con los recursos para expresarse. Pero esa lógica que Héctor Aguilar Camín ha llamado de “igualitarismo a la baja” sería también justificación para coartar otras libertades por el simple hecho de que no todos pueden ejercerlas por carencia de recursos. ¿Por qué no se prohíbe la educación privada que coloca a unos en desventaja frente a otros?

En aras de callar a un destinatario con nombre y apellido (los empresarios), se calló a toda la sociedad. Ciertamente, es legítima la preocupación de que los ricos o incluso el crimen organizado puedan influir de manera determinante en las contiendas, pero en lugar de sacrificar de manera absoluta un principio, se podrían encontrar modalidades para respetar el derecho de libre expresión y evitar que se convierta en un problema serio de inequidad.

Pero el mayor problema de la reforma es que no ataca el problema de fondo. El origen de la inequidad en el acceso a los medios está en la estructura de la industria, no en el carácter comercial de la venta de spots. Una industria concentrada en muy pocas manos genera poder de discreción, de veto y de influencia indebida sobre las campañas, pero el modelo de acceso gratuito no es la solución. Mientras esa estructura se mantenga, la inequidad de trato se mantendrá, aunque haya spots gratuitos. No sólo eso, a menor influencia de los spots, más influencia de la cobertura noticiosa y de las entrevistas.

Cuando no se ataca la raíz del problema, surgen consecuencias indeseadas: cobertura noticiosa sin valor noticioso, entrevistas “pagadas”, y ello genera más inequidad de la que existía anteriormente. Nunca en la historia reciente de México había existido un precandidato como el gobernador del Estado de México con un posicionamiento tan alto en las encuestas que hace nugatoria la posibilidad de que alguien más le compita con alguna posibilidad de éxito. ¿Qué acaso no estamos frente al mayor fenómeno de inequidad de la joven democracia mexicana a tres años del 2012?

Bajo la falsa premisa de que lo negativo envilece y polariza, la reforma electoral de 2007 prohibió la “denigración” a nivel de la Constitución. Ojo, la denigración se define con base en el propósito, no en la veracidad del contenido. Denigrar es buscar afectar la fama de otro, aun sea con hechos veraces y verificables. Se puede denigrar con la verdad.

Por eso durante las campañas se dijo que el pasado no importa, que lo relevante es ver hacia el futuro. Pero ver al futuro sin voltear a ver la biografía de los candidatos y el desempeño de sus partidos, es la ruta a la impunidad. Cuando en aras de construir una democracia propositiva se prohíbe la denuncia y la crítica dura que efectivamente demerita al adversario (no hay crítica negativa que enaltezca), estamos en la antesala de la impunidad.

Lo que envilece a la política y polariza a la sociedad no es la crítica o la denigración, sino la desigualdad, la corrupción y la impunidad. Lo malo en una democracia no es que se exhiba el lado oscuro de los políticos (ésa es justamente una de sus bondades), sino que esa democracia carezca de los instrumentos para castigar a políticos ineptos e irresponsables. La reforma de 2007 mata al mensajero para ocultar el mensaje (la corrupción y la impunidad). El problema no es el mensajero, sino el mensaje. Cuando se calla a los mensajeros, se premia la impunidad y el cinismo. El propósito de las campañas es la rendición de cuentas, no la protección de la fama de los políticos.

La reforma contiene varios aspectos positivos, entre ellos mayores causales para el recuento de votos, la simplificación de las actas de votación que redundará en menores errores aritméticos, así como la eliminación de la figura de coaliciones. Pero el mayor avance lo constituye la prohibición para que los gobernantes usen la publicidad oficial para fines de promoción personal. Aunque esta norma tampoco ataca el problema de fondo (éste es la discrecionalidad del gasto en comunicación social), se trata de una restricción para moderar los ímpetus publicitarios y el derroche de recursos públicos que sí generan inequidad. Desafortunadamente, siendo una buena medida, no ha sido observada. Todos los días la prensa nacional contiene gacetillas de gobernadores y presidentes municipales sin que los partidos hagan mayor cosa para denunciarlos. Una gran simulación de la ley que cuenta con la complicidad de los propios medios que son los beneficiarios de la inobservancia de la norma.

Quizá el mayor problema de la reforma de 2007 no se localiza en lo que hizo mal, sino en lo que dejó de hacer. Los legisladores hicieron un mal diagnóstico de la enfermedad y por ello recetaron una mala medicina. El problema de fondo de la democracia electoral es la escasa representatividad y rendición de cuentas de los partidos políticos. Esa enfermedad que algunos llaman partidocracia es la que genera enojo, hartazgo, desencanto y fomenta movimientos como los del voto nulo. Pero la reforma de 2007, lejos de atacar ese problema, lo empeoró. Porque se trató de una ley para proteger a los partidos, en lugar de ensanchar la voz de los ciudadanos. Porque busca la equidad entre partidos, pero aumenta la inequidad entre partidos y ciudadanos. Porque a pesar de que redujo el presupuesto de los partidos, aumentó sus prerrogativas (financiamiento de más tiempo gratuito en medios). Porque no sometió a los candidatos al veredicto de los ciudadanos mediante la reelección legislativa.

En suma, la reforma de 2007 buscó más equidad pero con instrumentos equivocados. Así la eficacia de la norma es muy limitada. Pero lo más grave es que lo hizo a costa de la expresión y participación de una sociedad frustrada que quiere expresarse en los partidos y más allá de ellos. Se trata de la primera reforma electoral regresiva de los derechos ciudadanos.


Luis Carlos Ugalde
. Catedrático del ITAM. Fue consejero presidente del IFE en 2003-2007.