DEFENDER LO INDEFENDIBLE

POR GUSTAVO HIRALES M.

La opinión pública avanzada es consciente de lo que está en juego detrás de estas escaramuzas: sacar los cadáveres del clóset, sancionar a los depredadores y avanzar hacia la vigencia real del Estado democrático de derecho.

En su texto en defensa de la guerra sucia y sus ejecutores, Luis de la Barreda Solórzano (Nexos 321) polemiza conmigo en varios puntos. En lo que sigue daré respuesta a sus argumentos y al final intentaré una valoración más general de su escrito.

 1. Contra mi argumento de que no hubo impunidad para los ex guerrilleros amnistiados, pues la mayoría pasaron (pasamos) largos periodos en prisión, De la Barreda afirma que “la amnistía sí concedió impunidad a los miembros de la guerrilla”. Pero, ¿no es esta una discusión extemporánea? ¿No se saldó en su momento precisamente con la amnistía, que no significa impunidad sino olvido, mediante un acto soberano de los poderes ejecutivo y legislativo de la Unión? Acto que, hasta donde sé, no fue atacado —en sentido jurídico formal— por nadie. La amnistía a los alzados fue parte del paquete regenerador que, con la reforma política y otros hechos, abrió paso sin duda a una etapa nueva y superior en la vida del país.

2. Bajo el subtítulo “Condenar porque no hay pruebas”, Luis de la Barreda retoma mi artículo de Nexos (julio, no. 319), donde cuestiono —ante los amparos judiciales concedidos a Nazar Haro— la justeza de juzgar a los acusados de la guerra sucia con la lógica de un proceso penal normal y afirmo que, si así se va a proceder, “la justicia está en problemas… El que un juez busque pruebas directas e incontestables… supone desconocer la lógica del poder durante la guerra sucia y en particular la lógica de la policía política”. Con ese planteamiento, dice De la Barreda, “los juzgadores deben conceder a priori todo lo que les solicite la Fiscalía sin ocuparse de la minucia de si las peticiones están sustentadas en pruebas”. Según él. yo propongo que “dada la índole de los casos, jueces y magistrados deben plegarse a las pretensiones punitivas sin que haya elementos probatorios…”. Como se habrá percatado el lector atento, no hay tal cosa; De la Barreda miente para “acomodarse al adversario”. En ningún momento escribí ni insinué que los jueces debían librar órdenes de aprehensión sin pruebas, lo que dije es que los jueces debían (y deben) analizar bien las pruebas, ligar unas con otras, unos casos con otros, ubicarse en una circunstancia histórica en la que los acusados eran piezas estratégicas del poder y el poder hacía y deshacía —literalmente— a los detenidos, procurando no dejar rastro de sus crímenes. De la Barreda ironiza con mi alusión a las lógicas operativas del poder y de la policía política, pero no le interesa analizar cuáles eran ésas, pues ello derrumbaría su peculiar tesis acerca de la vigencia del Estado democrático de derecho en esos años.

El caso de Jesús Piedra Ibarra es paradigmático por muchas razones, pero una es central: en ningún otro se tienen tantos testimonios directos de actores que intervinieron en su detención y posterior interrogatorio (en su primera fase). Estos testigos eran agentes de la policía judicial de Nuevo León y estaban comisionados en la delegación de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) en esa entidad. Sin embargo, Luis de la Barreda dice que “este aserto… no está probado, pues no existe en el expediente el respectivo oficio de comisión y además, ha quedado plenamente desvirtuado (sic) ya que el actual procurador general de justicia de la entidad informó que en ese entonces (abril de 1975) ningún agente judicial estuvo comisionado a la Dirección Federal de Seguridad”. Interesante argumentación: ¿era práctica común la existencia de esos oficios?, ¿sin oficio —con sus respectivas copias, supongo— no hay delito? La inexistencia de los oficios, ¿no podría deberse simplemente a que fueron destruidos? Y finalmente, ¿cómo sabe el procurador actual de Nuevo León que en ese entonces “ningún agente judicial estuvo comisionado a la Dirección Federal de Seguridad”?, ¿el procurador era agente judicial o madrina en ese tiempo, o simplemente lo dice para engordar la causa de la impunidad? Sin embargo, múltiples testimonios y documentos, de este y otros casos, prueban que los comisionados eran una práctica común, que luego se formalizó plenamente con la Brigada Blanca. No es la última ironía del asunto, los primeros testimonios sobre el caso de estos “agentes comisionados” los recogió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente durante el tiempo en que Luis de la Barreda Moreno colaboraba ahí.

4. El entramado de complicidades, apoyos mutuos, guiños y sobreentendidos entre los cuerpos represivos del pasado y ciertos personeros de la procuración y administración de justicia se prolonga hasta el presente, como lo muestra el ejemplo anterior. A esto justamente me refería cuando escribí que no se debe juzgar a los represores con los criterios de un juicio “normal”, pues ello abonaría a la impunidad. No es que las pruebas no existan o no importen, existen e importan (pero, dije, “no siempre están a primera vista”); el punto es que hay que desenterrarlas y ubicarlas en su contexto histórico y actual. O no, pero entonces hay que decirlo claro, sin tantos brincos por los tejados de Savater u otras celebridades.

5.   Véase el pretexto pueril de que la “sede” de la DFS no estaba en Plaza (o avenida) de la República 20, como dice el autor que dice el pliego de consignación. Según él, “esa sola falsedad echa abajo la acusación” contra Luis de la Barreda Moreno, entonces jefe de la DFS. Sí cómo no. Hasta un horno crematorio con capacidad industrial mandó construir la DFS en Plaza de la República 20, sede o no sede (me consta que esa era la sede… al menos de las torturas).

6.   Las pruebas. Digo en mi texto que “en ningún caso hay suficientes pruebas y evidencias, por una razón elemental: quienes ordenaban o ejecutaban las atrocidades no estaban en disposición de dejar testimonio escrito o grabado de ello (y no había nadie por encima o por debajo de ellos que determinara en sentido contrario, como es evidente); pero las evidencias existen”. Y cité algunas pruebas, como el expediente 11-235-74 de los archivos de la DFS, legajo 6, páginas de la 35 a la 37, donde entre otras cosas aparece un oficio con el sello de esa Dirección, fecha 30 de enero de 1974, donde el capitán Luis de la Barreda Moreno informa a la superioridad de la detención en Mazatlán de Ignacio Olivares Torres y de Salvador Corral García, dirigentes de la Liga 23 de Septiembre. Luis de la Barreda Moreno firma también la transcripción de los interrogatorios de ambos detenidos y, posteriormente, en una nota sin firma fechada el 11 de febrero de 1974, la DFS consigna (para el registro, supongo) que “En Guadalajara apareció el cadáver de José Ignacio Olivares Torres y en Monterrey el de Salvador Corral García”. Las implicaciones de estas pruebas son, me parece, devastadoras. A esas pruebas no se refiere para nada el ex ombudsman pero, moralmente, ¿no tendría que hacerlo?

7. El enfoque general del escrito de De la Barreda apunta a la banalización del asesinato, a la justificación del exterminio de los opositores como política de Estado, mediante el recurso de develar la maldad intrínseca de éstos. No es original, lo han intentado los represores en todas partes, véase si no la historia de los últimos 20 o 30 años en América Latina. En su pretensión de defender lo indefendible, el autor llega a insinuar —cuando no a afirmar abiertamente— que el diazordazato y el echeverriato eran gobiernos “legítimos” al frente de un “Estado democrático de derecho”. Concede que quizá tales gobiernos eran ligeramente “imperfectos”. Vaya. Esto va más allá del más bravo desafío conocido a la corrección política.

8. La turbiedad de los objetivos conlleva, inevitablemente, la mistificación de los valores, el galimatías de los argumentos, la retórica exaltada, el uso abusivo de medias verdades, la reiteración de analogías forzadas y de comparaciones extralógicas. Según el autor, México entre 1968 y 1976 sería algo así como la versión previa de la España de Felipe González. Montado en esa lógica, el ex defensor de los derechos humanos se ve llevado a masacrar de nuevo, ahora textualmente, a una generación masacrada antes física y moralmente.

9. Luis de la Barreda y quienes simpatizan con su actual posición no pueden ganar esta pelea. Sobre todo porque se han colocado en contra de la conciencia nacional e internacional acerca del significado de los crímenes de lesa humanidad y en contra de las leyes y tratados internacionales que condenan estos crímenes. También porque reman en sentido contrario a los esfuerzos de instituciones nacionales como la CNDH y el poder judicial de la federación (las resoluciones de la Suprema Corte sobre la no prescripción del delito de desaparición forzada, o acerca del 68) por ir construyendo referentes éticos y jurídicos que pongan a la ley mexicana a tono con la ley internacional. La opinión pública avanzada es consciente de lo que está en juego detrás de estas escaramuzas: sacar los cadáveres del clóset, sancionar a los depredadores y avanzar hacia la vigencia real del Estado democrático de derecho, o bien la condescendencia cínica con los viejos paradigmas de la impunidad, más allá de los errores o protagonismos de, digamos, la Fiscalía Especial. Las viudas del autoritarismo no son mayoría ni en el mismo PRI, creo.

10. Finalmente, los ex guerrilleros —en su parte más consciente— no sólo han criticado los excesos, desviaciones y atrocidades cometidas en el proceso de la rebelión (me precio de haber iniciado la autocrítica, hace ya más de 29 años, en Topochico), sino que además han dado múltiples testimonios (novelas, memorias, ensayos, investigaciones, tesis académicas, etcétera) de su experiencia, como el mismo De la Barreda lo consigna. De dónde venían, hacia dónde iban y cuáles fueron o pudieron haber sido las causas de su derrota militar y política. Por ello muchos han (hemos) sido llamados, despectivamente, guerrilleros arrepentidos. Los ex represores no han dicho esta boca es mía, sino para proferir mentiras y acogerse al 20 constitucional. Como lo declaré en su momento, estoy de acuerdo en que ellos también sean sujetos de amnistía, con una sola condición: que en un arranque de honestidad digan lo que hicieron, y por qué. Que nos digan dónde están los desaparecidos; ese sería un buen final para bajar el telón de la tragedia, o de la farsa, como quiere Luis de la Barreda. n