TENDENCIAS

TODOS CONTRA LA LEGALIDAD

POR LUIS SALAZAR CARRIÓN

Bobbio insistió en que si un poder sin derecho es forzosamente un poder tiránico o despótico, un derecho sin poder es justamente lo que Hobbes llamaba “la guerra de todos contra todos”: ese estado en el que priva la ley del más fuerte.

¿Puede sobrevivir la democracia sin el imperio de la ley, sin un verdadero Estado de derecho? Históricamente, la mayor parte de las democracias exitosas tuvieron como fundamento Estados relativamente fuertes, en los que no sólo existían cuerpos policiacos y sistemas judiciales eficaces y acreditados, sino también elites políticas y sociales que habían asumido la importancia del derecho como marco vinculante de convivencia civilizada. En cambio, en México, como en otras democracias recientes, la construcción de un orden democrático no pasó por la reforma y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia (con la ambigua excepción del poder judicial de la federación), sino por una reforma económica que debilitó profundamente al conjunto de las instituciones públicas, y por la configuración de una especie de isla de legalidad encargada de la organización y calificación de los procesos electorales (por lo demás sometida hasta hoy a los embates de todos los partidos).

En el viejo arreglo autoritario, la ausencia de un Estado de derecho digno de ese nombre se veía compensada por un sistema vertical de mando en el que la mancuerna PRI-gobierno disciplinaba a la clase política mediante las famosas reglas no escritas, que hacían depender del titular del poder ejecutivo en turno la utilización discrecional de la legalidad como uno más de sus controles sobre la sociedad y sobre las elites. Policías, procuradores y jueces no eran, en este contexto, más que instrumentos de ese poder, acaso con la excepción parcial de los conflictos en torno a los derechos patrimoniales de propiedad de sectores más poderosos. Las leyes, por ende, funcionaban como expresión de un poder concentrado en manos del presidente, y su aplicación o no aplicación dependía de una cadena autoritaria de mando. Traduciendo así, en forma institucional, el célebre apotegma, “la ley, para el enemigo”.

Al desmontar ese sistema, al sustituirlo por uno pluralista y competitivo sustentado en los comicios, ninguna fuerza política previo la necesidad de sustituir esa función disciplinaria y puramente política de la legalidad. Ni los gobiernos ni los partidos opositores quisieron preocuparse realmente de una cuestión al mismo tiempo complicadísima (no se crean las instituciones de un Estado de derecho de la noche a la mañana) y costosa (son muchos los intereses creados que se verían afectados), prefiriendo en cambio no superar sino “pluralizar” la utilización política del derecho. Roto el monopolio electoral priista y con ello el control presidencialista sobre los demás niveles de gobierno, todos los partidos, gobernadores y jefes de gobierno han hecho suya esa concepción de la legalidad como medio central de su lucha por el poder. Es cierto que las reformas realizadas en el sexenio de Ernesto Zedillo han permitido a la Suprema Corte de Justicia jugar un papel más relevante en las resolución de innumerables conflictos. Pero es cierto también que la politización “democrática” de la justicia ha conducido a una creciente —y asaz riesgosa— judicialización de la política. Con la consecuencia de una desacreditación todavía mayor e imparable de la legalidad.

En una situación como ésta, en la que la inmensa mayoría de los “ciudadanos” conciben, con razón, a las leyes y sus agentes como sistemáticas y ominosas fuentes de extorsión —y prácticamente nunca como normas orientadas a garantizar sus derechos—, ¿es posible asombrarse de que los políticos acusados de cometer delitos (con razón o sin ella) se transformen en verdaderos héroes “cívicos”, en víctimas (por ello mismo) “inocentes” de conspiraciones oscuras de los poderosos? ¿Puede sorprender que los escándalos de corrupción de sus asociados lejos de restarles popularidad los transformen en líderes carismáticos, capaces de expresar su absoluto menosprecio por el derecho y por los jueces, y de obtener así el apoyo de amplios sectores sociales? ¿Y es extraño que grupúsculos violentos, más o menos ligados al PRD o al PRI, lucren con las necesidades de los más débiles, violando sistemáticamente la legalidad?

Mucho se insiste a este respecto sobre la falta de una “cultura de la legalidad”, que se expresa en el desapego reflejado en tantas encuestas de muchos mexicanos hacia el acatamiento de las leyes. Pero el problema, a mi entender, ni es fundamentalmente “cultural” —whatever this means— ni puede resolverse pedagógicamente o con anuncios denigrantes acerca de “si tenemos valor o nos vale”: es más bien un problema de cómo funcionan realmente las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, de cómo actúan efectivamente las policías, los fiscales y ministerios públicos, los jueces y los abogados, así como la mayoría de nuestros políticos. Lo prueba, entre otras cosas, el comportamiento de los mismos mexicanos cuando emigran en busca de trabajo a otros contextos institucionales y legales. En todo caso, si ha de hablarse de una cuestión de cultura, ésta tendría que referirse a la extraordinaria incultura civil de la inmensa mayoría de los políticos de todos los partidos registrados, así como a la increíble irresponsabilidad social de nuestras elites económicas, que prefieren casi siempre sacar ventaja de esta situación de semilegalidad y de debilidad de las instituciones, antes que reconocer que, en el mediano plazo, esta situación puede llevarnos a una verdadera crisis política y social.

El sentido de la democracia no se encuentra en el triste espectáculo que hoy padecemos de una lucha feroz y sin principios por el poder y sus privilegios. Se encuentra, debería encontrarse, en la ampliación y protección efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero esos derechos subjetivos, a su vez, sólo pueden tener eficacia bajo el imperio irrestricto de la legalidad, bajo un Estado capaz de respetar y hacer respetar las leyes. Por eso Bobbio insistió tanto en que si un poder sin derecho es forzosamente un poder tiránico o despótico, un derecho sin poder es justamente lo que caracteriza lo que Hobbes llamaba “la guerra de todos contra todos”, ese estado en el que priva la ley del más fuerte. ¿Qué tendrá que ocurrir para que nuestra clase política, nuestros empresarios y nuestros intelectuales tomen en serio al derecho y los derechos? ¿Para que se den cuenta, en carne propia, de que “el más fuerte nunca es lo bastante fuerte como para ser siempre el señor, si no transforma la fuerza en derecho y la obediencia en deber”? La iniciativa enviada por Fox al Congreso orientada a reformar la procuración de justicia —que seguramente tiene aspectos debatibles y mejorables— duerme el sueño de los justos, mientras algunos —no pocos— “legisladores” se entretienen desprestigiando, aún más si cabe, al poder legislativo. Ganamos la democracia, sin duda, pero perdimos la brújula. n