DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL

POR CHRISTIAN COURTIS

I

Durante siglos, las personas con discapacidad han sido segregadas, excluidas y postergadas. La discapacidad ha constituido en el pasado —y en alguna medida sigue constituyendo— motivo para la negación de la titularidad de derechos —patrimoniales, personales, políticos— o bien de su ejercicio.1 La exclusión y la ignorancia se han retroalimentado en un círculo vicioso: la tendencia a vincular a las personas con discapacidad con estereotipos negativos revierte en el reforzamiento de su exclusión.

Desde hace algo más de dos décadas, el reclamo de igualdad de oportunidades por parte de las organizaciones de personas con discapacidad ha comenzado a modificar ese panorama. Este reclamo se ha reflejado en una serie de documentos internacionales, destinados a inspirar políticas públicas en materia de discapacidad. Documentos como el Plan de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad (1982), las Normas Uniformes para la Equiparación de Oportunidades de las Personas con Discapacidad (1993) y la Convención Americana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999) han significado un cambio de paradigma en la manera de concebir la discapacidad, de justificar la asignación de derechos v de diseñar políticas públicas en la materia. Aunque México ha participado declamativamente en este proceso —impulsando ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la actual discusión sobre la necesidad de adoptar una convención universal sobre los derechos de las personas con discapacidad—, entre la posición asumida internacionalmente y la efectiva implementación local existe una distancia notoria.

II

Si se intentara consignar en pocas palabras en qué consiste este cambio de paradigma, creo que podría resumirse en los siguientes aspectos. Por siglos, la discapacidad se concibió a partir de dos ideas: una, que la discapacidad es una característica individual, y dos, que la discapacidad significa una desviación negativa —física o psíquica— con respecto a un estándar o canon de “normalidad”.

La novedad —a veces denominada “modelo social de la discapacidad”— consiste en ver a la discapacidad no como una característica individual, sino como el producto de la interacción entre, por un lado, cuerpos y mentes humanos que difieren de la “normalidad” estadística y, por otro, la manera en que se ha configurado el acceso a instituciones y bienes sociales —tales como la comunicación, el espacio físico, el trabajo, la educación, la cultura, el ocio, las relaciones íntimas—.2 El “modelo social de la discapacidad” parte de la constatación de que esta configuración no es neutra: está sesgada en favor de los parámetros físicos y psíquicos de quienes constituyen el estereotipo culturalmente dominante en nuestras sociedades —joven, robusto/a, alto/a, rápido/a, atlético/a, vidente—. Por ejemplo, al situar una oficina gubernamental en un tercer piso sin ascensor se asume —a veces inconscientemente— que todo usuario está en condiciones de subir las escaleras. Al consagrar como método único de votación la elección entre boletas impresas en un cuarto al que se ingresa individualmente, se asume que todo votante puede leer las boletas. Los ejemplos podrían multiplicarse.

El efecto de este encuentro, de la imposición de ciertas pautas de configuración social a personas que no cuadran con el estereotipo presupuesto es, justamente, la creación de barreras y limitaciones a la participación —en otras palabras, la exclusión—. De modo que, más que como una característica individual, la discapacidad debe ser entendida en términos relacionales: un mismo cuerpo “diferente” puede ser visto como portador de discapacidad en un entorno hostil; sin embargo, eliminadas las barreras que limitan una actividad, la supuesta discapacidad se disuelve. La imposibilidad de realizar trámites administrativos en la oficina situada en el tercer piso se supera colocando ascensores, o trasladando la oficina a la planta baja. La imposibilidad de votar para una persona ciega se supera proveyendo boletas en braille o permitiendo al votante ciego ser acompañado por un asistente.

De acuerdo con esta concepción, por ende, la discapacidad no es un rasgo individual, sino que es en gran medida efecto de un entorno hostil al desarrollo de las capacidades de un número considerable de seres humanos —alrededor del 10% de la población mundial, es decir, unos 600 millones de personas, de acuerdo con datos estimativos de la Organización Mundial de la Salud.

III

Aceptado este modo de ver la cuestión, varios prejuicios necesitan ser revisados urgentemente. El primero es la tendencia a definir la discapacidad en términos de la dicotomía salud/enfermedad. La concepción tradicional de la discapacidad empleaba un esquema de análisis similar al de la medicina —de allí su denominación de “modelo médico de la discapacidad”—. Como dije antes, esta mirada parte de la consideración de la “normalidad” estadística como característica deseable y de lo que se aparta de esa “normalidad” como desviado o patológico. Aplicado a la discapacidad, ese punto de vista relaciona la “normalidad” estadística con la salud y la discapacidad con la enfermedad. De allí se desprende también el tipo de intervención que ha caracterizado tradicionalmente el trato con las personas con discapacidad: la asociación de la discapacidad con problemas médicos, y la aproximación “rehabilitadora”, reflejo de la noción médica de “curación”. Los efectos de esta aproximación han sido múltiples: la orientación de las políticas públicas dirigidas hacia las personas con discapacidad ha puesto tradicionalmente énfasis en la provisión de servicios de salud, en la hospitalización o institucionalización, o bien en la rehabilitación física. Las deficiencias de ese enfoque son también múltiples. En primer lugar, el empleo de valoraciones teleológicas sobre lo que no es más que un fenómeno estadístico es conceptualmente erróneo. La utilización de la imagen salud/enfermedad proyecta una valoración peyorativa sobre la discapacidad —y, por ende, sobre las personas con discapacidad—, considerándola un estado “desviado”, merecedor de “reparación”. Con ello, se está infiriendo un juicio valorativo de una simple realidad estadística.

Por otro lado, la aplicación de la dicotomía salud/ enfermedad y la de la idea de “curación” a la discapacidad se enfrenta con evidentes problemas fácticos: la discapacidad es en muchos casos la condición permanente de una persona, que no admite “reparación” alguna. La noción de rehabilitación supone la existencia previa de una “habilidad”: salvo en los casos de discapacidad adquirida, en el resto de las discapacidades no hay nada que “rehabilitar” porque la discapacidad ha sido la condición permanente de la persona desde su nacimiento.

Por último, el empleo de nociones médicas sobre la discapacidad pone excesivo énfasis en la supuesta desviación” individual con respecto a los parámetros de “normalidad” estadística, perdiendo de vista así la confluencia de barreras sociales que generan o agravan la discapacidad.

La discapacidad no es más que un reflejo de algunas de las diferencias físicas y psíquicas que distinguen a los seres humanos —del mismo modo en el que nos distinguen el género, la edad, el idioma, el color de la piel o la orientación sexual—. En lugar de ver la discapacidad como “desviación”, el desarrollo de una sociedad inclusiva requiere entender la discapacidad en términos de diversidad: una sociedad pluralista se caracteriza por evitar la uniformidad forzada, y comprender y valorar las diferencias.

Una segunda tendencia que requiere completa revisión es la de encasillar a la persona con discapacidad exclusivamente a partir de las limitaciones para realizar alguna actividad específica relacionadas con su diferencia física o psíquica y —por ende— suponer que está imposibilitada de realizar actividad alguna —lo que equivale a ligar discapacidad con inutilidad.

Doble error: por un lado, definir a una persona sólo por lo que no puede o tiene limitaciones para hacer supondría extender el rótulo de inútil o inservible a la humanidad entera. Prácticamente todo ser humano tiene limitaciones para desarrollar algunas actividades: cantar, realizar cálculos matemáticos, orientarse en un lugar desconocido, correr, practicar deportes, bailar, retener datos, recitar poesía, cocinar, realizar manualidades. Para la mayoría de las personas, el dato de sus limitaciones relativas a la realización de ciertas actividades es irrelevante. Las personas con discapacidad, sin embargo, han sufrido históricamente una rotulación que pone énfasis en las actividades en las que tienen limitaciones, en lugar de resaltar las actividades que sí pueden desarrollar sin dificultades.

Por otro lado, parte de la imposibilidad de llevar a cabo una serie de actividades, se debe justamente —en gran medida— a la existencia de barreras y limitaciones impuestas por el entorno. La imposibilidad de acceder a espacios físicos, la preeminencia de modos de comunicación que dejan fuera a personas con discapacidades sensoriales, el diseño excluyente del entorno laboral —todos estos factores generan imposibilidad de participar y desarrollar las habilidades personales, mucho más que las diferencias físicas o mentales.

Cabe cuestionar aun la idea de que existen modos “correctos” de realizar ciertas actividades: dicha “corrección” constituye, nuevamente, una referencia a un cierto parámetro de “normalidad”, basado sobre la manera en la que la mayoría estadística de la población hace las cosas. Esta observación impone cautela al menos en dos sentidos. En primer término, requiere reflexionar críticamente las prácticas que consideramos “normales”: bajo la “normalización” de una práctica puede esconderse en realidad la imposición de un parámetro a personas que, simplemente, las llevan a cabo de otro modo.3 Un ejemplo interesante lo ofrece el descubrimiento de que varias de las denominadas discapacidades de desarrollo o de aprendizaje, como la dislexia, no son en realidad discapacidades intelectuales, sino particularidades temporales en las posibilidades de expresión —especialmente en la expresión escrita—. Los malos resultados en ciertos exámenes se debían, por ende, no a la falta de habilidades intelectuales, sino a distintas necesidades temporales de expresión: alumnos con supuestas discapacidades intelectuales han obtenido excelentes resultados con la simple modificación consistente en extender el tiempo del examen. Esto significa que el parámetro de duración temporal elegido para examinar a todos alumnos escondía un sesgo a favor de una forma estadísticamente mayoritaria de percibir el tiempo y de expresarse dentro de ese marco —y no a que los alumnos con supuestas discapacidades de desarrollo fueran menos competentes para resolver el examen.4

En segundo término, el carácter no necesario —y más bien contingente— de estos “parámetros de normalidad” puede percibirse simplemente si se toman en consideración los efectos de la tecnología sobre la capacidad de realizar actividades humanas. No existe definición “natural” acerca de cómo desarrollar actividades: desde que el hombre se sirve de la tecnología, los modos de realizar acciones humanas tales como las de comunicarse, trasladarse o producir bienes, se modifican en la medida en que se modifica la tecnología y se extiende el acceso a ella. Lo dicho es obviamente aplicable a la discapacidad: la evolución tecnológica y la investigación aplicada han permitido la superación de limitaciones en la actividad: piénsese en el subtitulado de programas televisivos, en la evolución de las sillas de rueda, en el desarrollo de programas de voz que permiten el uso de computadoras a las personas ciegas, etcétera.

No es casual que el intento de “naturalizar” parámetros contingentes de “normalidad” y la insistencia en clasificar a los seres humanos a partir de su conformidad o no con esos parámetros sea la base de todas las discriminaciones. La distinción entre “nosotros” y los “otros”, basada sobre estos parámetros —y sobre la correlativa desvalorización de los “otros”— es la base del racismo (en el que la “normalidad” se define en términos étnicos o raciales), del sexismo (en el que la “normalidad” se define en términos de género), de la homofobia (en la que la “normalidad” se define en términos de orientación sexual), de la xenofobia (en la que la “normalidad” se define en términos de nacionalidad) y del fanatismo religioso (en el que la “normalidad” se define en términos religiosos). Por ello, la lucha por la erradicación de barreras sociales que excluyen a las personas con discapacidad tiene, como veremos, mucho en común con la lucha contra t forma de discriminación.5

IV

Aunque la discusión teórica sobre la manera de concebir la discapacidad sigue abierta y se renueva constantemente. un cierto consenso conceptual volcado en algunos instrumentos internacionales que pretenden sentar una taxonomía uniforme ha decantado en un análisis de varios niveles, que de algún modo combinan la perspectiva médica y la perspectiva social. Un primer nivel es el vinculado con los órganos y funciones corporales y psíquicos. En una clasificación tentativa de la Organización Mundial de la Salud,6 adoptada en 1980, la existencia de “pérdidas o anormalidades” en la fisonomía y el modo estadísticamente mayoritario de funcionamiento de esos órganos y funciones se denominaba “deficiencia”. Un segundo nivel es el de las actividades que la persona puede realizar. La existencia de limitaciones en la manera mayoritaria en la que se desarrollan esas actividades se denominaba en aquella clasificación “discapacidad”. Por último, las desventajas sociales generadas por la suma de los dos niveles anteriores se denominaba “desventaja” o —de acuerdo con una traducción sumamente desafortunada del término inglés “handicap”— “minusvalía”.

En el año 2001, después de un proceso de revisión de este esquema teórico, la Organización Mundial de la Salud adoptó una nueva clasificación, destinada a mejorar esa herramienta teórica. Amén de la sustitución de una explicación causal lineal entre los tres niveles por un tipo de análisis multifactorial y multidireccional, y de otros cambios de enfoque importantes, la nueva clasificación pretende dejar de lado el tipo de aproximación “negativa” —es decir, centrada en las “carencias”— para aportar un esquema de definiciones “positivas” sobre las cuales ordenar escalas y factores que permiten conceptualizar la discapacidad.

Esta nueva clasificación se divide en dos partes: la que define el “Funcionamiento y discapacidad”, y la que identifica “Factores contextúales”. La primera parte reordena y corrige algunos de los niveles que ya aparecían en la clasificación de 1980. Así, el segmento de “Funcionamiento y discapacidad” se desdobla en dos componentes: las “Funciones y estructuras corporales” (correspondiente al primer nivel de la clasificación anterior), y la “Actividad y participación” (que engloba los otros dos niveles). El segundo segmento se refiere a factores ambientales y personales que pueden influir sobre el primero. En lo que aquí interesa, la nueva clasificación adopta el término “discapacidad” ya no como designación de las limitaciones en un solo nivel, sino como efecto de todos los segmentos considerados.

En cuanto a las “Funciones y estructuras corporales”, la nueva clasificación no innova demasiado: mantiene la denominación de “deficiencia” a los “problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como una desviación o una pérdida”. Como puede advertirse, este lenguaje es fuertemente tributario del modelo médico. En lo que hace a la “Actividad y participación”, la “actividad” se define como “el desempeño/realización de una tarea o acción por parte de un individuo”, y la “participación”, como el “acto de involucrarse en una situación vital”. La “actividad” es susceptible de sufrir “limitaciones”, que se definen como “dificultades que un individuo puede tener en el desempeño/realización de actividades”; a su vez, la “participación” es susceptible sufrir “restricciones”, definidas como “problemas que el individuo puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales”. Por su parte, los “factores ambientales” constituyen “el ambiente físico, social y actitudinal en el que una persona vive y conduce su vida”.

Lo interesante del nuevo reordenamiento de componentes es que la discapacidad será el efecto de la influencia negativa de factores ambientales sobre las “funciones y estructuras corporales” y la “actividad y participación de la persona”. Estos factores negativos se denominan “barreras”. En sentido inverso, pueden existir factores ambientales positivos, denominados “facilitadores”. En este punto es clara la influencia del “modelo social”.

Si bien esta clasificación no es definitiva —ha recibido críticas por insistir sobre la existencia de vínculos entre la discapacidad y la salud—, los cambios que ha experimentado reflejan la paulatina aceptación del peso de los factores sociales en la configuración del fenómeno de la discapacidad.

V

Esta renovada conceptualización de la discapacidad tiene proyecciones trascendentes sobre las políticas públicas que el Estado debe adoptar en la materia. Varios de los instrumentos internacionales mencionados —como las Normas Uniformes de Naciones Unidas, y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que México ha ratificado en 2001— proyectan concretamente algunas consecuencias de este cambio de enfoque: se trata de identificar el tipo de medidas a adoptar para transformar una sociedad excluyente en una sociedad inclusiva.8

Las políticas tradicionales destinadas a la discapacidad han abrevado exageradamente en una concepción médica o —aún peor— en inspiraciones caritativas: se pensaba a las personas con discapacidad como personas débiles y merecedoras de caridad, y por ende, como meras destinatarias de ayudas o dádivas por su desgracia personal. Este tipo de política no hace otra cosa que reforzar el estereotipo de la persona con discapacidad como persona dependiente e incapaz de realizar actividad alguna, exagerando la “individualización” de la discapacidad y olvidando, por tanto, el peso de los factores sociales.

Una política destinada a la inclusión de las personas con discapacidad en todas las esferas de la vida social debe poner énfasis en la eliminación de prohibiciones legales, estereotipos sociales y barreras físicas y comunicacionales socialmente creadas, que impiden a las personas con discapacidad llevar adelante de la manera más plena su potencial y autonomía en todos esos ámbitos.

Esto supone varios factores: desde el punto de vista procedimental, la propia participación de las personas con discapacidad, representadas por sus organizaciones, en el diseño y en la fiscalización de la correspondiente política pública.9 Nadie mejor que las propias personas con discapacidad para señalar sus necesidades y reivindicaciones.

Desde el punto de vista sustantivo, se requiere una observación siempre crítica del statu quo, y la voluntad política de modificarlo a partir de la imposición de obligaciones e incentivos legales y económicos a actores tanto públicos como privados.10

La construcción de una sociedad inclusiva no puede limitarse a garantizar la accesibilidad de los establecimientos y servicios del sector público: las barreras a la participación se verifican también en el ámbito privado. Por ello, la inclusión en ámbitos tales como el trabajo, la educación, el transporte, la vivienda, el consumo, las actividades culturales, el ocio, el deporte y la recreación, que en las sociedades capitalistas quedan en gran medida libradas al sector privado, requiere necesariamente de medidas deliberadamente encaminadas a modificar las conductas excluyentes de actores privados, por vía del establecimiento de incentivos —tales como beneficios o exenciones fiscales— o bien de la imposición de deberes legales y de sanciones en caso de incumplimiento. Entre las medidas pertinentes para lograrlo se encuentran, por ejemplo, la modificación del diseño de edificios públicos y privados para hacerlos accesibles a personas con movilidad reducida; la modificación de las pautas de exámenes y evaluaciones para hacerlas accesibles a personas con diferencias intelectuales; la eliminación de aquellas condiciones de acceso a puestos de trabajo o a concursos basadas sobre estereotipos negativos acerca de las personas con discapacidad, pero no relacionadas en absoluto con el desempeño de la tarea requerida; la obligación de reemplazar vehículos o servicios de transporte inaccesibles por otros que sean accesibles; la adopción de acciones positivas para facilitar el ingreso de personas con discapacidad al empleo público o a la educación superior, etcétera.

La conciencia sobre la existencia de barreras a la participación de las personas con discapacidad importa también una redefinición de la noción de discriminación. La definición tradicional de discriminación se limitaba a las expresiones agraviantes u ofensivas fundadas en la pertenencia a un grupo social. Una mirada más actual acerca de la discriminación incluye las normas y conductas activas, que limiten, restrinjan o impidan el ejercicio de un derecho sobre la base de un factor prohibido —como el género, la etnia, la religión, el origen nacional, la opinión política o la orientación sexual.11

Por supuesto, estas nociones también son aplicables a la discapacidad: constituye discriminación contra las personas con discapacidad tanto el agravio u ofensa fundadas en la discapacidad, como el empleo indebido —de jure o de facto— de la discapacidad como factor de exclusión o restricción de la titularidad o del ejercicio de derechos —por ejemplo, la prohibición de que las personas con discapacidad se postulen para un puesto de trabajo, ingresen a un local comercial, voten, contraten un seguro de salud, contraigan matrimonio, accedan a estudios superiores, se inscriban en una escuela primaria, adquieran la residencia o ciudadanía, etcétera.

Sin embargo, la discriminación contra las personas con discapacidad requiere también considerar el mantenimiento de barreras existentes o, dicho de otro modo, las conductas omisivas, tanto de actores gubernamentales como de particulares, que incumplan con las obligaciones activas de remoción de barreras y obstáculos a la participación.12 Dado que el factor voluntario es aquí menos relevante, este tipo de discriminación se denomina discriminación estructural. Son ejemplos de ella el incumplimiento de las obligaciones establecidas por las leyes que imponen la accesibilidad física y comunicacional de los establecimientos comerciales de acceso público y de las construcciones nuevas, o de las normas que imponen la necesidad de adaptación razonable de los puestos y de las modalidades de prestación de trabajo para adaptarse a las necesidades particulares de las personas con discapacidad, o de las disposiciones que imponen a las autoridades educativas la obligación de integrar en la educación regular a los niños con discapacidad que, con la debida asistencia, estén en condiciones de cursar allí sus estudios.

Para ello es obviamente necesaria la creación por vía legislativa de estas obligaciones de acción por parte del gobierno y de los particulares. El marco legal mexicano —tanto federal como local— es aún deficitario en esta materia.

Una política social inclusiva para las personas con discapacidad requiere también ciertas formas de redistribución, en especial las destinadas a cubrir necesidades propias de las personas con discapacidad que puedan compensar las desventajas que el medio social genera, y a permitir el acceso a ayudas técnicas que permitan potenciar sus capacidades —como sillas de ruedas, audífonos, sistemas de intérpretes y otras tecnologías de asistencia—.13 Para esto es necesario revisar cuidadosamente la legislación vigente, para detectar y remover aquellos supuestos en los que el diseño del sistema de seguridad social parta de la base de la imposibilidad de trabajar de la persona con discapacidad y, por ello, haga depender la transferencia de ingresos y la asistencia sanitaria y tecnológica del mantenimiento de la persona con discapacidad juera del ámbito del trabajo —haciendo cesar esos beneficios si la persona ingresa al mercado de trabajo formal—. Este esquema de asignación de ingresos y servicios —común en la legislación de muchos países de América Latina— reproduce el estereotipo de la persona con discapacidad como persona dependiente, y la fuerza prácticamente a mantenerse fuera del mercado de trabajo bajo la amenaza de pérdida de una pensión o de la cobertura médica.

Una última cuestión se refiere al papel de la educación. Existe un cierto discurso —que cuadra con una mirada caritativa sobre la discapacidad— que repite que la estrategia fundamental en materia de inclusión de las personas con discapacidad sería la sensibilización social. Cabe, por supuesto, otorgar un papel importante a la actuación proactiva del gobierno en materia de promoción de derechos y erradicación de estereotipos sobre la discapacidad. Pero poco se avanzará en esta materia si no se establecen obligaciones legales concretas, acompañadas de sanciones por su incumplimiento, o incentivos económicos y legales disciplinados normativamente. Es difícil que el discurso de la “sensibilización” logre cambiar por sí solo patrones de conducta en temas como la construcción de edificios y la configuración del espacio urbano, la provisión de sistemas que permitan superar barreras comunicativas, la adaptación de los puestos de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad, la educación inclusiva o el acceso a tecnologías de asistencia. Sólo el diseño de una política pública y de una normativa consistente nos permitirá vivir en una sociedad respetuosa de las diferencias y potenciadora de las capacidades de todos. n

1 V., por ejemplo. Paul K. Longmore y Lauri Umanksy (eds.), The New Disability History. American Perspectives, New York University Press, Nueva York. 2001.

2 V. Anita Silvers, “Formal Justice”, en Anita Silvers, David Wasserman y Mary B. Mahowald, Disability. Difference. Discrimination. Perspectives on Justice in Bioethics and Public Policy Rowman & Littlefield, Lanham, Maryland, 1998, pp. 59-85.

3 Cfr., por ejemplo, los trabajos incluidos en Colin Barnes, Mike Oliver y Len Barton (eds.), Disability Studies Ty, Polity Press, Oxford, 2002; Lennard J. Davis, Enforcing Normalcy Disability, Deafness and the Body, Verso, Londres, 1995; Thomas M. Skrtic, “La crisis en el conocimiento de la educación especial: una perspectiva sobre la perspectiva”, en Barry M. Franklin (comp ), Interpretación de la discapacidad. Teoría e historia de la educación especial. Pomares-Corredor. Barcelona, 1996, pp. 35-72.

4 V. al respecto, Chris Singleton (director), Dyslexia in Higher Education: Policy, Provision and Practise. Repon of the National Working Party on Dyslexia in Higher Education, University of Hull, Hull, 1999.

5 Cfr., en el mismo sentido, las palabras de Luigi Ferrajoli: “Siempre, en la historia, t conquista de derechos, todo progreso de la igualdad y de las garantías de la persona, ha sido determinada por el desvelamiento de una discriminación o de una opresión de sujetos débiles o distintos, que se tornó en cierto punto intolerable: la persecución de los herejes y la lucha por la libertad de conciencia al inicio de la edad moderna, más tarde la de los disidentes políticos y las batallas por la libertad de prensa y opinión; más tarde la explotación del trabajo obrero y las luchas sociales por los derechos del trabajador; más tarde, aun, la opresión y la discriminación contra las mujeres y las batallas por su emancipación y liberación. Siempre, en un determinado momento, el velo de la normalidad’ que ocultaba las opresiones de los sujetos débiles ha sido desgarrado por sus luchas y reivindicaciones”, Luigi Ferrajoli. “La democracia constitucional”, en Christian Courtis (comp), Desde otra mirada. Textos de teoría crítica del derecho, EUDEBA, Buenos Aires, 2001, p. 267.

6La llamada Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM).

7Denominada Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).

8 Un panorama comparativo puede consultarse en Theresia Degener y Gerard Quinn, “A Survey of International, Comparative and Regional Disability Law Reform”, en Mary-Lou Breslin y Silvia Yee (eds.), Disability Rights Law and Policy. International and National Perspectives, Transnational Publishers, Ardsley, Nueva York, 2002, pp. 3-128.

9 V., por ejemplo, Normas Uniformes para la Equiparación de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, Principio 12.

10 V., por ejemplo, bajo distintas justificaciones, Anita Silvers, “Formal Justice”, op. cit., pp. 117-133; Patricia Illingworth y Wendy E. Parmet, “Positively Disabled. The Relationship between the Definition of Disability and Rights under the ADA”, y Richard N. Arneson, “Disability, Discrimination and Priority”, ambos en Leslie Pickering Fields y Anita Silvers (eds.), Americans with Disabilities. Exploring Implications of the Law for Individuals and Institutions, Routledge, Nueva York, 2000, pp. 3-17 y 18-33, respectivamente.

11V., por ejemplo, María Angeles Barrére Unzueta, Discriminación, derecho antidiscriminatorio y acción positiva en favor de las mujeres, Civitas, Madrid, 1997.

12Por ejemplo, American with Disabilities Act (ley federal estadunidense para las personas con discapacidad), Título III, § 12182. V. Leslie Francis y Anita Silvers, “Introduction”, en Leslie Pickering Fields y Anita Silvers (eds.), op. cit., p. xxi.

13 v. al respecto, David Wasserman, “Distributive Justice”, en Anita Silvers, David Wasserman y Mary B. Mahowald, op. cit.. pp. 189-207.