DISCRIMINACIÓN RELIGIOSA EN MÉXICO

POR ROBERTO J. BLANCARTE

INTOLERANCIA V DISCRIMINACIÓN

México nunca ha sido un país de iguales. Desde su pasado más remoto hasta nuestros días, la sociedad ha sido construida sobre la base de desigualdades y privilegios. Ni en las civilizaciones prehispánicas ni en la época colonial y ni siquiera en la primera etapa del México independiente existía entre la mayoría de sus habitantes la pretensión de construir sociedades igualitarias y, por lo tanto, sin discriminación de algún tipo. Si lo anterior es cierto en términos sociales, económicos, étnicos, sexuales y políticos, no es una excepción en materia religiosa. El monopolio católico en Iberoamérica, mantenido oficial y artificialmente por la Corona española, con la intolerancia de otras expresiones religiosas, habría de marcar los siglos venideros, tanto en lo que respecta a la libertad de creencias como a las relaciones entre el Estado y las Iglesias. No hay que olvidar que la rebelión de Lutero y el surgimiento del protestantismo en Europa tuvo lugar al mismo tiempo que se expandía el dominio español en tierras americanas. La defensa de Carlos V de la unidad católica conduciría a formas tempranas de intolerancia. La Paz de Ausburgo, que estableció el principio de cuius regio eius religio,1 significaría la formalización de la tolerancia hacia la diferencia de confesiones entre naciones, pero basada en la unidad religiosa de cada República, principado o monarquía. En cualquier forma, la desigualdad en cuanto al tratamiento de las diversas religiones y, posteriormente, los privilegios concedidos a una Iglesia constituyeron la faceta religiosa de una sociedad acostumbrada a la discriminación.

En términos estrictos, en la Nueva España existió una exclusividad del catolicismo, intolerancia de las otras religiones (que no se permitieron en los dominios de los reyes hispanos) y discriminación hacia las cosmovisiones nativas. La primera discriminación real en esta materia se dio cuando las religiones prehispánicas fueron consideradas “supersticiones” o idolatrías. La persistencia de estos cultos y su persecución marcaron el inicio de una discriminación religiosa, basada en la fuerza y la exclusión.

Ya en el siglo XIX, México nació como una nación oficialmente intolerante. En la medida que el catolicismo se consideró un elemento central de la identidad nacional, las otras creencias pasaron a ser discriminadas, como ajenas a la cultura del país. Así fue asentado en el Acta de Chilpancingo de 1913, los Sentimientos de la Nación de José María Morelos, el Decreto Constitucional de Apatzingán de 1814 y el Acta Consultiva de 1823. La primera Constitución de la República mexicana en 1824, afirmó en su artículo 3? “la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica romana”. Se agregó también una fórmula de privilegio e intolerancia: “La nación la protege (a la religión católica) por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”.2

La discriminación no es exactamente lo mismo que la intolerancia; generalmente la precede, pero puede darse incluso sin ella. En otras palabras, puede haber tolerancia hacia una religión, al mismo tiempo que se le discrimina. De ahí la importancia de entender la diferencia de los conceptos. En el pasado y en el presente han existido regímenes que “toleraban” a los miembros de religiones diversas, al mismo tiempo que se les discriminaba con un tratamiento diferenciado y excluyente. El imperio romano toleró en ocasiones a los cristianos al mismo tiempo que los discriminaba. El Islam toleraba a cristianos y judíos aunque les imponía medidas discriminatorias, por ejemplo en materia de impuestos; los cristianos toleraban en la Edad Media a los judíos pero también los discriminaban. Los anglicanos toleraban a los católicos en Inglaterra pero éstos no podían ocupar cargos públicos. La lista es interminable.

En México, la intolerancia oficial culminó cuando fue promulgada la Constitución de 1857. Pero eso no eliminó la discriminación por motivos religiosos. De hecho, en la medida que la Constitución de ese año y las Leyes de Reforma establecieron la libertad de cultos, permitiendo el ingreso de otras religiones al país, se inauguró una nueva etapa con formas de discriminación antes prácticamente inexistentes. Hasta ese momento, los pocos miembros de otras confesiones religiosas, casi todos negociantes europeos, eran “tolerados”, como un parte de las necesidades del libre comercio. Lo cual no excluía problemas concretos, como cuando se requería enterrarlos y no había cementerios secularizados o civiles para hacerlo.

En todo caso, la tolerancia, práctica desde los primeros años de la Independencia y oficial desde la Constitución de 1857, no excluía el fenómeno de la discriminación religiosa. México ha vivido desde esa época un proceso en el que dicha brecha no se ha cerrado. El predominio numérico y el papel del catolicismo en la cultura nacional condujeron a un esquema de libertad de cultos legal, tolerancia formal y discriminación práctica. El progreso económico y la correspondiente apertura de mercados atrajeron inversionistas que podían situarse en la más alta escala social, pero no por ello integrados a la nación. Ser protestante, judío, mormón, evangélico o de cualquier otra religión significaba ser considerado extranjero o mexicano de segunda categoría.

La Revolución de 1910 habría de generar algunos cambios por diversos motivos. En primer lugar, muchos miembros de la disidencia religiosa participaron en el movimiento armado y legitimaron con ello la creación de mayores espacios para sus Iglesias. Por disidencia religiosa se debe entender el conjunto de personas y agrupaciones que lucharon por crear espacios de libertad para sus creencias, lo que incluía a masones, protestantes, pero también católicos que, como Madero, practicaban el espiritismo, condenado por la Iglesia romana. Pero quizás más importante, la agudización del conflicto entre el Estado y la Iglesia católica convirtió de hecho a protestantes y otras minorías religiosas en aliadas intrínsecas del régimen revolucionario. A partir de esta alianza, el Estado se convirtió en el garante de la libertad de creencias y de culto, así como en la barrera principal contra la intolerancia de muchos que todavía identificaban al catolicismo con la cultura y la identidad nacionales. Sin embargo, este acuerdo implícito no protegió a las minorías religiosas de un trato discriminatorio, sobre todo cuando los diferentes gobiernos revolucionarios mejoraron sus relaciones con la jerarquía católica y tendieron a establecer acuerdos entre cúpulas.

Hay que recordar que todavía en 1950 México seguía siendo un país católico casi en su totalidad. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, y sobre todo en las últimas tres décadas del mismo, el panorama se alteró de manera profunda. De 1.8% de no católicos en 1950, se pasó a un 12% en el año 2000. Las tasas de crecimiento de los grupos evangélicos y de otras Iglesias, como la de Jesucristo de los Santos del Ultimo Día (mormones) y Torre del Vigía (testigos de Jehová) son además mucho más altas que las de los católicos, las cuales están incluso por debajo del crecimiento de la población. Esta nueva realidad, que nos habla de más de 12 millones de mexicanos que no son católicos, ha generado la necesidad de políticas no sólo tolerantes sino realmente igualitarias en materia religiosa.3 Al mismo tiempo, aun si algunas comunidades siguen siendo numéricamente muy pequeñas (como judíos o musulmanes), la conciencia de sus derechos como tales se ha extendido. El paso de la lucha por la eliminación de la intolerancia a la batalla por la no discriminación se ha acelerado. Para decirlo en términos muy concretos, ahora los judíos mexicanos y los evangélicos mexicanos exigen mantener sus creencias y costumbres específicas y al mismo tiempo ser considerados tan mexicanos como los católicos nacionales. La realidad nos indica que este paso no es sencillo y que persisten muchas resistencias culturales y políticas a la construcción de una sociedad de iguales en términos de religiones y creencias.

Las diversas formas de discriminación actual

Es bien sabido que la discriminación por motivos religiosos se presenta en diversas formas. Existe la discriminación evidente y la oculta o disfrazada. Muchas personas creen que estas actitudes son un fenómeno confinado a las zonas rurales o donde existe un nivel de escolaridad o desarrollo económico menor; algo que se da esencialmente en las comunidades indígenas o campesinas. Sin embargo, una aproximación al problema nos permite percibir que la discriminación religiosa puede darse y existe de hecho en México en las zonas más urbanizadas, escolarizadas y de mayores niveles de ingreso económico. Lo anterior no debería extrañarnos, pues si bien es cierto que la ignorancia y los prejuicios ancestrales constituyen el alimento de la intolerancia y la discriminación, también una estructura social basada en la desigualdad y los privilegios provoca dicho fenómeno.

Los medios de comunicación nos han acostumbrado a observar la discriminación todavía existente y recurrentemente hecha noticia, en el campo mexicano. Algunos casos se han convertido incluso en paradigma de este mal. San Juan Chamula en particular y Chiapas en general fueron casos que ejemplificaban la intolerancia y la discriminación por motivos religiosos. Las expulsiones de evangélicos en la zona chamula, existentes desde la década de los setenta, mostraban por un lado el crecimiento de la pluralidad religiosa y por el otro las enormes resistencias al cambio de un sistema caciquil basado en el monolitismo político-religioso. La disidencia religiosa se convertía entonces en una forma de luchar contra este sistema de dominación. En ese caso, la “intolerancia religiosa” escondía formas de control político. Por lo tanto, la discriminación provenía de las autoridades locales, con la connivencia de otras instancias gubernamentales, poco inclinadas a ofrecer un tratamiento igualitario a los quejosos, mientras no se generaran episodios de abierta y extrema violencia que atrajeran el interés público. En ese sentido, aunque la discriminación se origina en las formas tradicionales de ejercer la dominación política, sólo ha disminuido en la medida que fue roto el monopolio político del PRI.

Por otra parte, el levantamiento indígena de 1994 generó en muchas comunidades una polarización aguda. Expulsiones y persecución se hicieron comunes, siendo la identidad religiosa un elemento adicional, aunque no el único ni el central en el conflicto. Aunque muchos vieron en la pluralidad religiosa el origen de los enfrentamientos, fue más bien la ausencia de una cultura de la pluralidad y una incapacidad de gestionar la misma lo que generó los problemas de intolerancia. Tradicionalistas católicos, protestantes o evangélicos y fieles seguidores del obispo diocesano fueron actores, muchas veces involuntarios, de actos discriminatorios. No siempre los evangélicos sostuvieron al gobierno ni los católicos diocesanos a los zapatistas. En más de una ocasión evangélicos y seguidores del obispo se enfrentaron a líderes tradicionalistas ligados al sistema caciquil imperante, no pocas veces en medio de posiciones encontradas de los gobiernos estatal y federal. Nuevamente, en este caso, la discriminación, más que la intolerancia, provino de un trato diferenciado del poder público frente a los actores religiosos. La llegada en el año 2000 del primer gobernador evangélico (de la Iglesia nazarena) en la historia de México ha permitido sin embargo que, por lo menos en este aspecto, la discriminación haya sido prácticamente eliminada.

Más allá de Chiapas y su peculiaridad debido al conflicto, el patrón de intolerancia y discriminación en las comunidades rurales de México es casi siempre el siguiente: un pastor de una iglesia evangélica predica en una comunidad campesina, de mestizos o indígenas. En ocasiones se trata de un migrante converso que escuchó el mensaje bíblico en Estados Unidos y regresa a su comunidad. A veces el rechazo es inmediato y en otras el mensaje es aceptado por algunas familias. Los problemas surgen frecuentemente cuando los conversos, miembros de la nueva Iglesia, se niegan por motivos religiosos a colaborar en las obras comunitarias o cuando rechazan participar en las fiestas patronales, afectando los intereses de los caciques locales, quienes controlan la venta de bebidas alcohólicas y la administración de las ceremonias populares. Entonces estas autoridades apelan a los usos y costumbres para obligar a los disidentes religiosos (que en realidad lo son políticos al mismo tiempo) a prestar servicios o pagar contribuciones “a la comunidad”. La negativa de los conversos conduce al corte de servicios allí donde existen (agua, luz, escuela), expulsiones u otras formas de violencia física.

Hasta ahora, en estos casos, el gobierno federal, responsable de la aplicación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y de velar por las garantías individuales, por falta tanto de recursos como de una cultura del respeto a la ley, ha privilegiado la vía del diálogo y la conciliación. Sin embargo, con la publicación de la ley sobre discriminación, es tan probable como deseable que se multipliquen los casos de quejas y demandas judiciales, ya no sólo de asociaciones religiosas sino de individuos.

Por su parte, la discriminación en las zonas urbanas tiene características distintas, pero no es necesariamente menor en cantidad. En muchos sentidos, por meras razones estadísticas, podría afirmarse que es mayor, aunque probablemente sea más difícil de identificar y sobre todo de penalizar. En todo caso, debe quedar claro que el problema de la discriminación no está ligado únicamente al bajo ingreso económico o a la falta de educación, sino a la ausencia de una verdadera cultura pluralista y democrática.

En otro lado4 me he extendido sobre algunos ejemplos que prueban lo anterior: en San Pedro Garza García, Nuevo León, uno de los municipios donde viven buena parte de los empresarios más ricos del país, con una escolaridad promedio de 9.2 años, las autoridades municipales se negaron a otorgar los permisos de construcción correspondientes a los dirigentes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones). Estos, habían adquirido en el centro de dicho municipio un terreno para edificar uno de sus templos. Después de varios años de negociaciones, los líderes de la Iglesia renunciaron al proyecto, cumpliéndose así un obvio acto de discriminación de los grupos sociales allí radicados, con la complicidad de las autoridades locales.

Otro caso que ejemplifica la discriminación urbana es el de Naucalpan de Juárez, Estado de México, municipio completamente urbano y con un grado de escolaridad promedio de 8.5 años, es decir, prácticamente el nivel de secundaria y más alto que el promedio nacional (7.6 años). Allí, en plena zona metropolitana de la ciudad de México, se han documentado recientemente agresiones de regidores en contra de iglesias evangélicas y despidos injustificados de maestras por su filiación religiosa protestante.

El problema con esta forma de discriminación es que, a diferencia de la que ocurre en el medio rural, es mucho más velada y subrepticia. Quienes la ejercen encuentran argumentos técnicos y justificaciones de todo tipo para disfrazar su conducta discriminatoria. Su eliminación requerirá, en consecuencia, no sólo una activa intervención de la sociedad y del aparato de justicia, sino el desarrollo de una cultura democrática e igualitaria, donde los privilegios y las diferencias sean cosa del pasado. Y en este proceso una ley contra la discriminación puede constituir un elemento central pero no exclusivo.

La ley contra la discriminación y el papel del estado

En todo caso, en los inicios del siglo XXI los mexicanos cuentan finalmente con un instrumento legal para prevenir y eliminar la discriminación, promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato. Siguiendo la tradición histórica mexicana, la ley señala que corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas “sean reales y efectivas”.

La discriminación es, sin embargo, un fenómeno que no resulta fácil de definir, localizar y medir. Algunas actitudes que parecerían discriminatorias podrían no serlo y viceversa. Así por ejemplo, los tratados internacionales no consideran discriminatorio si una Iglesia sólo contrata para el manejo de sus oficinas a miembros de la misma y excluye a creyentes de otras religiones. De la misma manera, en ciertos países se considera normal que existan limitaciones a la libertad religiosa, mientras que en otros esto se considera vejatorio. La cuestión es importante para México, porque de la definición que se tenga de discriminación o de la interpretación que se haga de la ley se podría partir para la revisión de otras regulaciones y disposiciones constitucionales existentes. Así, una determinada lectura de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación podría considerar que el Estado mexicano discrimina a las Iglesias al limitar los derechos políticos de los ministros de culto. También se podría considerar que discrimina a los creyentes ciudadanos, al impedirles que constituyan partidos políticos con referencias religiosas o confesionales.

¿Cómo puede el Estado promover la libertad y la igualdad de las personas si aparentemente limita libertades religiosas y discrimina a los creyentes? ¿Es el Estado laico mexicano discriminador contra las religiones porque limita ciertas libertades religiosas? La respuesta a esta pregunta depende, insisto, de la definición de discriminación.

El artículo 4 sostiene que para los efectos de dicha ley “se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades o personas”. Se agrega que también “se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones”. En otras palabras, la ley condena en general la discriminación religiosa y específicamente el antisemitismo, que es en cierta medida, pero no exclusivamente, una forma de discriminación por motivos religiosos.

La ley sostiene también que se considerará como conducta discriminatoria “impedir el acceso a la educación pública o privada en los términos de las disposiciones aplicables”. Lo anterior significa que los niños testigos de Jehová que se nieguen a rendirle honores a la bandera, por motivos religiosos, en teoría ya no podrán ser expulsados de las escuelas. Los maestros o directores de planteles que así lo hagan podrán estar sujetos a esta ley. Las medidas de expulsión, de hecho prácticamente inexistentes en los últimos años (porque se ha alegado el derecho a la educación de los niños), no excluyen ciertos problemas. Por ejemplo, la ley no prevé otras medidas discriminatorias (como la mala calificación en conducta o civismo a estos niños) fuera de la expulsión. Tampoco resuelve la contradicción entre esta ley y el artículo 1° de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, mismo que establece que nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes y que “las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país”.5 De la misma manera, no queda claro cómo se puede resolver la contradicción entre la ley sobre discriminación y la ley sobre los símbolos patrios.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación también señala que se considerará como conducta discriminatoria “limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de pensamiento, conciencia o religión, o de prácticas o costumbres religiosas, siempre que éstas no atenten contra el orden público”. Surge entonces aquí un concepto crucial para dilucidar la cuestión: el orden público. El centro de la cuestión para estos efectos reside en la supremacía del Estado (en tanto que ente colectivo representativo políticamente de la sociedad) sobre las Iglesias y por lo tanto en el imperio de la ley (como expresión de la voluntad popular) por encima de las expresiones e intereses de cada individuo o asociación religiosa. El orden público, por arbitrario que parezca o eventualmente sea, constituye un principio superior de convivencia. La cuestión es encontrar (y cada sociedad lo hace a su manera) el punto de equilibrio con las libertades y los derechos individuales.

La recientemente aprobada Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación pretende encontrar el equilibrio señalado. Así, establece que se considerará como conducta discriminatoria el negar asistencia religiosa a los presos, miembros de las fuerzas armadas o personas internadas en instituciones de salud o asistencia. Lo anterior significa que los directores de los hospitales, de centros de readaptación social y los generales y almirantes no podrán negarles el acceso a los capellanes religiosos para que atiendan espiritualmente a los miembros de la fuerza aérea, el ejército y la armada, si alguno de ellos lo pide a título personal. Pero tampoco se especifica la manera en que este acceso deberá ser garantizado ni obliga a las fuerzas armadas a celebrar convenios con las diversas asociaciones religiosas para incorporar capellanes militares de manera permanente, como es costumbre en otros países. De cualquier manera, queda claro que la ley sobre discriminación rescata el derecho individual a recibir atención religiosa, lo cual equilibra la limitación de las prácticas y costumbres religiosas en función del orden público.

Otro equilibrio importante es el que tendrá que ser encontrado entre derechos comunitarios y derechos individuales, ligado a los usos y costumbres. Como se ha visto, éstos se han utilizado en ocasiones para discriminar a miembros de Iglesias minoritarias, afectando las libertades y los derechos individuales de creencia y culto, además de otras garantías. La ley actual prevé que se considerará como conducta discriminatoria el “restringir o limitar el uso de su lengua, usos, costumbres y cultura, en actividades públicas o privadas, en términos de las disposiciones aplicables”, pero también señala como discriminatorio “aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la dignidad e integridad humana”.

En este caso, como en los otros, el papel del Estado laico en México es crucial para preservar los derechos y libertades individuales, en el marco del respeto a las diversas culturas (tanto las autóctonas como las que se han incorporado a la nación a lo largo de su historia) existentes en el país. Desmontar una estructura social basada en el privilegio y la diferencia no será una tarea fácil, pero se puede lograr. Quienes creemos en la necesidad de seguir construyendo un México con crecientes libertades y respetuoso de los derechos humanos sólo podemos esperar que la reciente Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación constituya un instrumento más en ese camino. n

1 El principio cuius regio eius religio significaba que cada príncipe o monarca decidiría la confesión (católica o protestante) a la que se adscribiría y todos los subditos de ellos tendrían la obligación de abrazar esa fe o abandonar ese territorio para vivir en uno de su preferencia religiosa (ius emigrandi). Esto suponía una forma de tolerancia entre las naciones, para terminar con las guerras de religión, pero una intolerancia dentro de cada principado o reino.

2Manuel Ceballos Ramírez, “El siglo XIX y la laicidad en México”, en Roberto Blancarte (compilador), Laicidad y valores en un Estado democrático, El Colegio de México-Secretaría de Gobernación, México, 2000, p. 96.

3Los datos provienen de las cifras oficiales de los censos nacionales, de 1950 a 2000.

4Roberto Blancarte, “Discriminación por motivos religiosos y Estado laico: elementos para una discusión”, Estudios sociológicos., vol. XXI, núm. 62, mayo-agosto, 2003, pp. 279-307.

5Secretaría de Gobernación, “Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público”, en Diario Oficial de la Federación, 15 de julio de 1992.