Margarita Urías: Investigadora del Departamento de Estudios Históricos de la Universidad Veracruzana Jalapa, Ver. coautora del libro Formación y desarrollo de la burguesía en México. Siglo XXI (Siglo XIX Editores, 1978).

Nada es, pues, menos cierto que lo que suele decirse con jactancia, que México ganó su independencia con diez años de guerra y sin auxilio de nadie. Esos años de guerra no fueron otra cosa que el esfuerzo que la parte ilustrada y los propietarios, unidos al gobierno español, hicieron para reprimir una revolución vandálica, que hubiera acabado con la civilización y la prosperidad del país.

Lucas Alamán

EL CAOS Y LA SIMIENTE

Al pactarse la independencia la corriente generalizada de pensamiento coincidió en indicar que México se encontraba en condiciones de llevar a cabo la deseada integración nacional, la formación de un Estado moderno y una serie de cambios que lo llevarían a la prosperidad económica. Al margen de los buenos augurios, a partir de 1810 la sociedad mexicana vivía un proceso de reorganización, una etapa de transición que iría gestando las nuevas relaciones entre la sociedad política y la sociedad civil. Los principales pactos sociales, temprana y aparentemente legalizados en la constitución de Cádiz (1812), constitución de Apatzingán (1813), tratados de Córdoba y Plan de Iguala (1820-1821), y la constitución federalista de 1824, no tuvieron aplicación política duradera sino coyuntural. Los grupos que buscaban constituir el nuevo contrato social que garantizara la creación de un Estado-nación y participar en dicho pacto de manera hegemónica, manifestaron por más de medio siglo sus divergencias en contiendas armadas y parlamentarias tanto en el nivel nacional, como en el regional y el local. Pero del aparente caos iniciado con la insurgencia (1808-1810), hasta la derrota de la primera generación de liberales reformistas (1834), surgieron los cimientos y los proyectos fundamentales que dieron contenido a las luchas posteriores.

En la drástica diferenciación social de la época, los grupos y las corporaciones dominantes de la vida social y política eran las minorías de propietarios agrícolas, los ganaderos, mineros, comerciantes, el alto clero y la casta militar de origen realista o insurgente que se alió en el pacto independentista y aseguró en esa forma los fuertes intereses económicos creados por la violencia y la rapiña pública y privada de los años de guerra civil. Los sectores dominantes del ejército nacional emergieron como los monopolizadores del comercio interior y como defensores de las rutas que garantizaban el flujo de mercancías. En busca del mejor patrón, los grupos sociales medios (profesionistas, burócratas ilustrados, pequeños propietarios y artesanos dedicados a actividades productivas y comerciales) se procuraban ascensos en la escala social por medio de la “oportunidad” económica y la participación política y administrativa. La inmensa mayoría de la población -campesinos, trabajadores y desposeídos, aparentemente al margen del drama social- participó política y socialmente en movilizaciones y levantamientos en defensa de banderas ajenas y en acciones espontáneas, desorganizadas, bajo el acicate de penosas coyunturas: hambrunas, carestías, epidemias, despojo de tierras y fuentes de trabajo, levas e invasiones extranjeras. De la inestabilidad de esos sectores brotaron también las endémicas bandas de contrabandistas, los salteadores de caminos, el bandolerismo incontrolable.

LAS ORTODOXIAS Y LA REALIDAD

Dado ese contexto, una de las principales actividades de la minoría actuante fue crear y proponer -en el papel y en la práctica- diferentes proyectos políticos y económicos, elaborados bajo la influencia de las ideas europeas que recubrían la ideología dominante de la época. Todos los proyectos hablaban a nombre de la colectividad o del pueblo y correspondían a diferentes visiones del mundo liberal. El liberalismo europeo ganó terreno en México durante las últimas décadas del siglo XVIII y en los años posteriores se manifestó en dos vertientes principales que hoy conocemos bajo las etiquetas de centralismo y federalismo. Las dos corrientes adquirieron diversos matices y apelativos, pero ya hacia 1825 daban expresión a las pugnas básicas del desarrollo colonial y a la crisis de la guerra y la pos-guerra. El centralismo era la causa de los representantes de productores y propietarios indianos que se veían en peligro ante los embates del libre cambio; en consecuencia, su proyecto económico era el de una sociedad proteccionista que garantizara un desarrollo nacional autónomo y fuerte. La segunda bandera, el federalismo, estaba representada por los sectores modernizantes, que aspiraban a la instauración del libre cambio y de nuevas formas de producción y de comercialización. Su cuerpo de ideas básicas giraba alrededor del laissezfaire, laissez-passer liberal.

Bajo las relativas ortodoxias político-ideológicas de ambas vertientes, se movía a paso lento la confusa problemática del desarrollo económico nacional. Pese al florecimiento de ciertas industrias y al auge del comercio libre de las últimas décadas coloniales, México seguía siendo en lo básico una sociedad preindustrial. En términos generales el país era fundamentalmente agrario, con una fuerte tradición minera fortalecida por el crecimiento de la producción de plata a fines del siglo XVIII y primeros años del XIX. Fue ésta la actividad que le dio a México derecho de picaporte en el mercado mundial real que se venía formando desde tiempo atrás. La agricultura era de autoconsumo y el consumo interno se regía por una escasa variedad de productos y la abundancia de mercados regionales cercados por barreras legales e impositivas que iban del ámbito municipal al estatal, al regional y al federal. En cambio la producción minera se exportaba a los mercados europeos favorecida por bajas tasas impositivas, particularmente en el caso de plata acuñada, principal forma de exportar la plata mexicana. No es casual entonces que todos los autores de la época hayan visto en la minería la base de la riqueza nacional y que se haya favorecido el desarrollo de una política de estímulos a la producción minera, especialmente cuando la producción e inversiones en este sector habían disminuido por las fluctuaciones y crisis mundiales del exterior y por la crisis de la guerra y la posguerra en lo interno: destrucción directa de unidades productivas, la dispersión de fuerza de trabajo por la actividad militar y el botín de guerra que militares poderosos de diversas graduaciones, realistas e insurgentes, lograron saquear a productores y propietarios. Esta actividad predadora propició un traslado de antiguos capitales destinados a la inversión productiva (pago de salarios, compra de insumos, etc.) a la esfera de la circulación: el lucro mediante la especulación comercial fue fundamental en esos años como vía de rápido enriquecimiento. Además, los propios militares controlaban las rutas que garantizaban el flujo de mercancías ante la constante inseguridad de los caminos.

La economía mexicana posindependiente registraba niveles muy primitivos de acumulación, una economía preindustrial cuyas herencias coloniales no podían erradicarse estructuralmente. Por esas condiciones y por la guerra, el capital comercial tendía a dominar sobre las otras fracciones y permitía asegurar la continuidad del flujo y los vínculos con el exterior, respondiendo a los mandatos de la división internacional del trabajo. En consecuencia, la fracción burguesa ligada a la dinámica comercial sería librecambista, y las fracciones ligadas a la actividad productiva, serían proteccionistas, centralistas y conservadoras.

EL PROYECTO INDUSTRIALIZADOR

Esta situación interna y el conocimiento de la de ciertos países desarrollados (analizada en los libros de economía política que llegaban de Europa) dieron lugar a la gestación de las dos tesis o alternativas de desarrollo económico para México. Una hacía énfasis en la necesidad de crear las condiciones internas para que se diera el modelo de desarrollo industrial y proponía que la industrialización se fundara en los textiles. Los partidarios de esta política aseguraban que era posible generar internamente los factores productivos que borraran la superioridad técnico-económica de las potencias. La principal condición de este proyecto era estimular y convencer a los antiguos propietarios agrícolas y mineros de que transfirieran sus capitales a la construcción de fábricas textiles, transferencia que fracasó entre otras cosas por la aguda descapitalización que vivía el país. Las otras dos posibilidades eran invertir una parte de los recursos públicos obtenidos por los impuestos aduanales en créditos a particulares que desearan volverse industriales y la inversión extranjera directa que sin embargo sólo fluyó hacia la actividad minera, el comercio y las finanzas.

El proyecto industrializador también propuso la necesidad de estimular los sectores productivos naturales en la tradición mexicana, minería y agricultura, con la idea de crear un mercado nacional independiente y competitivo a nivel mundial. Los más significativos militantes de estas ideas fueron Lucas Alamán y Esteban de Antuñano. Ambos estuvieron directamente relacionados a una práctica empresarial y política consecuente con su ideología. Fueron fundadores de empresas textiles y propietarios ligados a la organización productiva. Alamán formó parte de varias administraciones gubernamentales como Ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, cargo que le permitió ejercer una gran influencia en el fomento económico del sector empresarial auspiciado directamente por el sector público. Los dos personajes valoraron su actividad intelectual como escritores para formar una corriente de opinión pública acorde con su ideología; por ello, dejaron un amplio testimonio escrito en folletos y libros.

EL PROYECTO LIBERAL

La otra alternativa de desarrollo, planteada por los llamados liberales, era aceptar la división internacional del trabajo que las potencias imponían. Esta tesis, fundada ideológicamente en el liberalismo económico, consideraba que unos países estaban destinados, por sus condicionantes naturales, a ser productores de manufacturas y bienes de capital, mientras otros habían de serlo de materias primas. El libre comercio mundial proveería a ambos tipos de naciones de los productos necesarios para su desarrollo y consumo internos. Manuel Ortiz de la Torre, José María Luis Mora y Lorenzo de Zavala fueron las principales cabezas de la primera generación de liberales que defendieron y expresaron públicamente esta tesis. En 1823, Ortiz de la Torre señalaba: “A nosotros, nuestro diversísimo clima y situación, nuestro genio, nuestra abundancia inmensa de fertilísimas tierras, y nuestra posesión casi exclusiva de minas de oro y plata, nos pone en circunstancias muy diversas, en términos de que, para progresar, y aun competir con la Europa en la totalidad de productos, de ningún modo nos es necesario fomentar determinadamente el ramo de manufacturas, ni mucho menos por medio de unos arbitrios tan ruinosos como son las prohibiciones”. Más adelante, en la década de 1840, Mariano Otero la retomó para explorar algunos aspectos de nuestra economía; más tarde, la generación de Juárez y Lerdo de Tejada impulsaría vigorosamente esa estrategia como parte de su programa de lucha reformista.

Durante la década de 1820, el problema de los aranceles fue el que permitió la expresión nítida de los proyectos de desarrollo. Como el proyecto industrializador no había sido totalmente concebido, fueron los artesanos y sus defensores político-legales quienes se inclinaron por el establecimiento de un sistema proteccionista y de prohibiciones que permitiera el afianzamiento de sus intereses corporativos. Otro grupo luchó abiertamente por el librecambio sin ninguna limitación, y un tercer grupo encabezado entonces por Alamán, osciló entre ambos planteamientos. La controversia, difícil de separar de los aspectos políticos y legislativos, fue centrándose alrededor del papel que debería jugar el Estado. Según esa corriente, los poderes estatales y su cuerpo jurídico deberían orientarse hacia la intervención, el fomento y la regulación de la economía. La corriente opuesta abogaba por la abstención estatal en el desarrollo económico, apoyando sus argumentaciones en el slogan medular del liberalismo económico: laissez-faire, laissez-passer.

La polémica arancelaria se alimentó de los problemas generales de la economía y fue creciendo con ellos. La vida política y la administración pública permitieron canalizar los diferentes puntos de vista sobre la situación de la agricultura, el problema minero, el crecimiento de la población, la crisis del artesanado, la industrialización, la hacienda pública, la crisis financiera y el comercio, “alma de las naciones y el termómetro de su riqueza”.

LA LEY Y LA PLUMA

Los autores calificados como liberales pretendieron formar una corriente de pensamiento y acción que normara la vida económica y social del país. Muchas condiciones jugaron a su favor para asumir esta tarea. Durante la década de 1820 fueron miembros de las logias que hacían las veces de partidos políticos y tuvieron cargos públicos de vital importancia en la toma de decisiones estatales; crearon periódicos y monopolizaron sus editoriales. Estas armas públicas les permitieron presentar planes concretos y políticas específicas para promover reformas claves a nivel nacional y local. Su papel como intelectuales y políticos activos fue esencial en la creación de normas constitucionales y jurídicas que lentamente fueron adoptadas como principios de la nación. A ellos se debió la promulgación de las principales reformas hacendarias, educativas y políticas orientadas a la construcción del Estado moderno. La difusión de su proyecto tuvo entonces diversas plataformas y se propagó a través de los debates políticos y parlamentarios, del periodismo y de la docencia, impulsando reformas educativas necesarias para la formación de intelectuales y cuadros dirigentes, clientes seguros del liberalismo económico.

Si entre Mora, Zavala y Ortiz de la Torre hubo contradicciones y diferencias en las ideas políticas, compartieron la convicción de que el futuro del país estaría seguro en cuanto adoptara un modelo de desarrollo rural y libre.

Al parecer fue el conocimiento de la realidad agraria, la riqueza minera y el rechazo a la protección mercantilista y privilegios y monopolios coloniales, lo que los orilló a solidarizarse con las tesis librecambistas y a idealizar las posibilidades agrícolas del país para formar una ciudadanía sustentada en la pequeña propiedad que, mediante su trabajo “libre”, acumularía naturalmente capitales y crearía la riqueza del país. En la sociedad que imaginaron, el proceso productivo estaría regulado por la “libre” demanda interna y externa, que garantizaría el librecambio. Si la economía se regulaba automáticamente por los solos mecanismos de la oferta y la demanda, entonces al Estado le quedaba la tarea de arbitrar, vigilar y concitar la armonía social.

Mora rechazó abiertamente las pretensiones industrializadoras y argumentó:

Los productos de las fábricas mexicanas no serán bastante a sostener la concurrencia con los de su clase extranjeras… ni los capitales ni las máquinas, ni su recomposición, ni las materias primas, son tan baratas ni fáciles de obtener entre nosotros, como entre los artesanos de Europa: nuestra población tampoco es tan abundante, reunida, laboriosa e inteligente como debía ser para esta clase de empresas que, sin ser útiles para nada distraerán de la agricultura y la minería a muchos brazos que podrían y deberían emplearse en ellas. El interés individual estimulado por la concurrencia libre de todas trabas v no la protección siempre ruinosa de los gobiernos, es lo que debe fijar la inversión de los capitales y determinar la industria del país.

LA SEDUCCIÓN DE NORTEAMÉRICA

La adopción de estas ideas por Mora, Zavala y Ortiz de la Torre, implicaba conservar los rasgos esencialmente agrarios del país. Zavala y Ortiz de la Torre se proclamaron abiertamente por el modelo estadunidense. Ortiz de la Torre:

Calculemos… los prósperos efectos que en Estados Unidos ha obrado la dedicación casi exclusiva a la agricultura, lo que siguiendo el mismo saludable ejemplo podríamos esperar nosotros los mexicanos, pues, si bien las tierras del norte exceden a las nuestras en algunas favorables circunstancias que no me atrevo a negar, las nuestras aventajan a aquellas: lo primero, probablemente es su baratura, porque entre nosotros a causa de nuestra escasísima población, la cantidad de tierras que se demanda es mucho menor relativamente a la cantidad que se ofrece de ellas, lo cual hace de necesidad que sean más baratas; lo segundo, en su fertilidad, pues al paso que aquellas, según Bonnet, sólo producen desde el 12 hasta el 20, las nuestras, según Humboldt, dan un producto medio de 22 hasta 25, y, según Pradt, hasta 30; notándose además la misma y aún mayor feracidad en orden a otra multitud de producciones, en términos que, como observa el mismo Humboldt, la sola porción ya desmontada de nuestro terreno, sin necesidad de trabajos extraordinarios es capaz de proveer a la subsistencia de una población ocho o diez veces mayor que la que tenemos actualmente. La tercera ventaja de nuestra parte consiste en el precio de la mano de obra, que en Estados Unidos no baja de 5 1/2 a 6 reales nuestros: cuando en México apenas ha llegado a dos reales en las tierras frías y 2 1/2 en las calientes, con una corta diferencia que parece haber tenido después en algunas partes. 

Podría objetarse contra esto que, aumentada, variada y perfeccionada nuestra agricultura, sus frutos excederían a nuestros consumos y llegarían a hacerse superfluos. Pero no es así, y me fundo en que, según los verdaderos principios de la economía política, a proporción que se aumentan los productos de un país, en especial los de la agricultura, crece también el número de habitantes, y por consiguiente la cantidad demandada de sus consumos.

Zavala fue más sensible aún al modelo norteamericano. Desarraigado del contexto del México central, sus lazos de infancia lo unían a la separatista Yucatán, y posteriormente se integró a Texas como colono y propietario. No es casual, pues, que propusiera en sus obras un cambio radical en el modelo de desarrollo económico del país que sólo podría realizarse rompiendo las amarras sociales y culturales que el pueblo mexicano mantenía con su pasado prehispánico y colonial. Destruyendo su historia, México podría ingresar en el camino abierto por Norteamérica.

DE LA PROMISIÓN A LA CRISIS

El entusiasmo por un futuro mejor dominó la década de 1820; en casi todas las publicaciones se hizo sentir la gran influencia filosófica y económica del liberalismo. Juan José Espinosa de los Monteros sintetizó este espíritu en la Memoria de Relaciones Interiores y Exteriores, (1827) al señalar que gracias al comercio libre, establecido a raíz de la Independencia, el país iba adquiriendo, además de mercancías, “los conocimientos y aun los medios necesarios para adelantar la (industria) doméstica”, porque el consumo interno y el crecimiento de las exportaciones era “el espíritu que anima y vivifica nuestra agricultura y los demás ramos de la felicidad pública”. Espinoza fundaba sus expectativas en “el genio y talento de los mexicanos para toda clase de industrias”, en la posesión de una “riqueza sobresaliente… en su minería” y en la clara convicción de un floreciente destino agrario. “íCuánto placer siento en representarme la superficie del dichoso territorio mexicano habitado por un numeroso pueblo, que entre la multitud de ocupaciones a que pueda dedicarse, sepa conocer y discernir las ventajas y prosperidad a que pueden conducirle las agrícolas”!.

Al iniciarse la década de 1830, los puntos de vista sobre el desarrollo económico del país fueron diferenciándose para situarse más cerca de la realidad y de los intereses de grupo que defendían. Así, Mora y Zavala se unieron al movimiento contra el poder colonial de la iglesia y la milicia, que juzgaron como un obstáculo para el desarrollo y la distribución natural de la riqueza. Librecambio y desarrollo económico espontáneo se volvieron banderas del grupo liberal, y armas radicales para despojar a la Iglesia de su poder económico, político y social. Mora adquirió relevancia en el movimiento de Reforma del año de 1833 y sus ideas contra los privilegios de la Iglesia fueron el cuerpo ideológico-político de la lucha. Al fracasar el movimiento de reforma encabezado por Valentín Gómez Farías, Mora se expatrió a Europa, donde permaneció hasta su muerte (1850). Su obra mayor se publicó en París en 1836-1837. Zavala, como se ha dicho, se fue a Texas donde jugó un papel importante como político y propietario, hasta su muerte en 1838. Ortiz de la Torre, que al parecer murió en 1840, dejó testimonio de sus principales tesis de dos Discursos, uno de 1823 y el otro de 1825.

La desaparición de estos ideólogos del liberalismo ocurrió cuando sus tesis habían arraigado poderosamente en la vida pública del país o, por lo menos, entre los grupos sociales medios de las ciudades. Lo cierto es que un sector importante de los dirigentes políticos aceptó desde entonces como dogma la idea de construir para México un Estado moderno, laico, sin ataduras religiosas o económicas con la herencia colonial. Con todo, la década de los treintas, según se ha sugerido, fue de inspiraciones más realistas. En esos años, los guías de la tendencia industrializadora, Alamán y Antuñano trabajan intensamente en favor de su programa. Hacia 1830, Alamán, entonces ministro de Relaciones, había sufridos algunos reveses en sus programas económicos de la década anterior, durante la cual mostró en sus tesis más cercanía que contradicciones con los liberales. Su deseo de rehabilitar la minería apelando a la inversión extranjera y a la reducción de las tasas impositivas (de origen colonial) sobre producción y exportación, se vio muy pronto burlado por las crisis comercial e industrial inglesa de 1825-1826, provocada en gran parte por la exportación de capital inglés a América Latina. Según Mora, “en aquella época hubo en Inglaterra un frenesí verdadero por minas mexicanos a pesar de la circunspección característica de los ingleses en todas sus empresas. Este furor acabó con la crisis del giro británico, y desde entonces se advierte un total y lastimoso desaliento que ha cundido como un contagio por todas partes en perjuicio de la industria universal”.

ALAMÁN Y EL POPULISMO

La contracción del capital extranjero, sumada a la crisis económica interna, la carencia de capitales nacionales y la renuencia de la Iglesia a la inversión, obligó a Alamán a buscar el apoyo estatal para realizar su proyecto económico. En 1830, debido a su influencia en el Ministerio de Relaciones, se fundó el Banco de Avío, destinado a fomentar la industria con capitales venidos en parte de las rentas del erario público. Antes de la fundación del Banco, durante los últimos años de la década de 1820, los grupos de artesanos habían ejercido una fuerte presión en defensa de sus intereses, que se intensificó en 1829 bajo la administración de Vicente Guerrero. Guerrero adoptó una política que ahora podríamos llamar “populista” y apoyó la demanda de los sectores medios ligados a la producción y al comercio. Estas fuerzas, con el decisivo apoyo de los artesanos poblanos, lograron derrotar en las cámaras un gran proyecto industrial propuesto por Juan Ignacio Godoy. O sea que para estos años el mayor oponente social del grupo industrializador era la fuerza corporativa de los artesanos. Este problema junto con la falta de financiamiento, orilló a Alamán a buscar definitivamente en el poder político la defensa de sus intereses -que eran, además, los de un buen número de propietarios mineros, hacendados y comerciantes capaces de aventurarse en la creación de fábricas. A partir de 1830 hasta el segundo lustro de la década de 1840, la protección y el fomento estatal beneficiaron al grupo de nuevos fabricantes. En cambio, el sector artesanal sufrió el ataque combinado de las mercancías extranjeras y de la producción manufacturera nacional, sin recibir ninguna protección estatal. Sin embargo, su importancia no sólo no disminuyó sino que creció cuantitativamente.

EL DIAGNÓSTICO DE ANTUÑANO

Es posible intentar la confrontación de los principios ideológicos que normaron la actividad de los grupos librecambistas y de los industrializadores con la realidad que pretendían transformar. En la vasta producción de folletos escritos por Antuñano, podemos extraer una visión de los problemas y obstáculos a los que se enfrentó la industria textil mexicana. Esta visión, muy cercana a los problemas económicos reales, contrasta con las ideas de los librecambistas defendidas por hombres desligados del proceso productivo. En 1833, Antuñano planteó la situación de atraso que vivía México: ignorancia y falta de ejercicio político de la mayoría de los habitantes y una situación económica crítica que había que salvar con la implantación de “artes” modernas -sobre todo las manufacturas de algodón- utilizando la maquinaria más avanzada de la época. La política que proponía Antuñano para el progreso de las manufacturas descansaba en el fomento estatal: el Banco de Avío y las prohibiciones sobre bienes manufacturados extranjeros, básicamente los textiles ingleses, que eran el producto de importación más generalizado en el país.

A pesar de que el proyecto industrializador concebía el desarrollo de la agricultura como paralelo al de la industria, la materia prima para las fábricas textiles no era suficiente, en 1835, para cubrir la demanda requerida. Antuñano se pronunciaba por la importación de algodón en rama por la misma razón que favorecía la entrada de hilaza: para fomentar los telares y las fábricas. Su amplio proyecto prevenía la extirpación de la pobreza y el atraso de la población, mediante el empleo de mujeres y niños como fuerza de trabajo en las fábricas textiles.

La actividad de Antuñano como fabricante le permitió formarse una visión real y amplia de los problemas. En 1837 presentó un escrito que pretendía conjugar los intereses del sector público y del privado para propiciar la industrialización del país. Apuntaba ahí las medidas legislativas y gubernamentales indispensables para formar un proyecto político de desarrollo, afirmaba su fe en la grandeza de una patria industrial y la necesidad de explotar el hierro nativo erigiendo fábricas que produjeran maquinaria e instrumentos de trabajo para uso industrial y agrícola. Sin lugar a dudas, la dependencia tecnológica con los países desarrollados empezaba a volverse una de sus preocupaciones.

Hacia 1840 la situación de las fábricas textiles se agravó. En 1838 fue bloqueado el puerto de Veracruz por fuerzas francesas y, al menos en el año que inició la nueva dácada, tuvo lugar una crisis que afectó a varios sectores de la economía. Ante esta situación, Antuñano continuó señalando que México, como productor de algodón, no tenía capacidad para abastecer las fábricas textiles y que no permitirse la entrada de algodón extranjero en rama, se propiciaría la ruina de la industria, lo cual posiblemente acarrearía una revolución social. La solución, como lo probaba el ejemplo de Inglaterra, era permitir la entrada de algodón en rama fijando un impuesto de importación y simultáneamente prohibir la entrada de hilados y tejidos. Para Antuñano, la verdadera amenaza de muerte que pendía sobre la industria en ese momento era la prohibición de importar algodones extranjeros, pero esas prohibiciones se mantenían por la presión de los agricultores mexicanos productores de la materia prima.

De cualquier forma la situación no era tan simple. A los problemas señalados se unían otros de mayor o igual gravedad. Con la crisis, el precio del algodón había subido, en gran parte por la especulación que hacían los cosecheros y las compañías comerciales que lo acaparaban. Algunas de estas compañías eran importantes acreedoras de la deuda pública y por ello podían obtener permisos de importación de algodón favorables a sus operaciones especulativas. El contrabando de algodones simples y manufacturados seguía invadiendo los mercados. El papel de gobierno, dada su debilidad, se reducía a la impotencia de aplicar las leyes prohibicionistas. La política mercantil de las potencias extranjeras derrumbaba los pocos ladrillos levantados para cuidar la industrialización nacional, aprovechando las presiones realizadas de los comerciantes nacionales y extranjeros. A juicio de Antuñano, tales presiones eran la causa principal del atraso y la subordinación de México a las naciones desarrolladas porque alentaban la tendencia del país a conservar como un puro productor agrícola y minero.

AGIO Y COMERCIO

Contra las proposiciones y la actividad empresarial de Antuñano y los intereses del grupo fabricante, trabajaba con gran fuerza el grupo de comerciantes nacionales, que, unido a los comerciantes extranjeros y sus filiales en Europa, incrementaba el flujo de mercancías extranjeras: las permitidas y las de contrabando. Sólo ocasionalmente manifestaron los comerciantes su apoyo a la tesis librecambista o al proyecto industrializador, pero ampliaban cada día su poder real mediante el control de los canales de distribución, los puertos y los medios de comunicación y transporte. Además, eran los únicos que podían financiar al gobierno y al sector privado: se volvieron grandes especuladores y agiotistas de la deuda pública, y acreedores de fabricantes, mineros y hacendados.

Es decir, en su expresión librecambista el gran proyecto liberal legitimó la actividad del grupo que controlaba el comercio y las finanzas. Sus intereses, ligados a las fuerzas del mercado mundial, recreaban las relaciones comerciales que consistían en cambiar productos textiles, artículos suntuarios en general, y en menor proporción maquinaria, tecnología y capitales, por metales en pasta y acuñados y materias primas estratégicas en el proceso industrializador, cada vez más diversificado, de los países desarrollados. La tesis del librecambio ocultaba, entre otras cosas, el intercambio desigual de valores que las fuerzas del mercado mundial imponían. Una cortina de humo creada por la convicción de un desarrollo natural y libre impidió a los librecambistas percibir los problemas estructurales que frenaban el desarrollo mismo de los sectores naturales: la agricultura y la minería.

La folletería de la época contiene múltiples alusiones a la actividad de este grupo: quejas y pugnas abiertas contra los monopolizadores del comercio y contra los agiotistas que controlaban gran parte de los ingresos del erario público, principalmente los de las aduanas marítimas y fronterizas. Era una característica del grupo mercantil infringir todas las disposiciones legislativas; sus miembros fueron los compradores de ministros, burocrátas y periodistas y los corruptores de los guardias y vigilantes aduanales. Para ellos no significó un gran obstáculo el atraso de las comunicaciones y el mal estado de los caminos; su mano de obra siempre estuvo presente en los avances que experimentó este tipo de infraestructura. La literatura de la época también recoge las manifestaciones en contra de las autoridades civiles y militares que cobijaban estas actividades, abierta y legalmente o en forma solapada.

DE LA INDUSTRIA NACIONAL A LA INVASIÓN NORTEAMERICANA

Con todo, al finalizar la década de 1840 se vio que los casi treinta años de vida nacional no habían transcurrido en vano. El Banco de Avío pudo sobrevivir hasta los primeros años de esa década pese a los ataques que desde su fundación le propinaron los librecambistas, y de los pagos sin cubrir de sus deudores, la falta de recursos estatales y los problemas que señalamos anteriormente. A raíz de su desaparición, en 1842, se fundó la Dirección General de la Industria Nacional, apoyada también por Alamán en su lucha por mantener la protección de los fabricantes y amortiguar sus problemas a través de la política económica estatal por la que había pugnado desde 1830. Esta política asumió la forma de préstamos estatales, exención de impuestos, centralización del sistema de alcabalas para evitar dificultades a la circulación de mercancías, protección arancelaria y prohibición de importar productos textiles manufacturados. Con todo, muchas fábricas fueron a la quiebra por los altos precios de la materia prima, la producción almacenada y la carencia de capital para saldar sus deudas con prestamistas y especuladores. Así, a principios de la década de 1850 los monopolizadores del comercio y del capital financiero dominaba la situación y algunos empezaron a adquirir fábricas por venta directa o como pago de sus créditos.

Por otra parte, la defensa del sistema de prohibiciones a la importación competitiva empezó a mostrar ciertas fisuras y un grupo importante de productores lo cuestionó, como antes lo había hecho Antuñano. Las protestas se encaminaron a lograr la modificación de las leyes arancelarias. En 1846 se creó un organismo que vino a sustituir a la anterior Dirección General de la Industria Nacional, pero el cambio no sólo fue de nombre: la nueva Dirección de Colonización e Industria se proclamó decididamente en favor de la libertad del comercio y la colonización, asumiéndolas como las mejores vías para resolver los problemas económicos nacionales. La crisis que había hecho su aparición en la industria nacional se generalizó en 1846 a toda la economía por la invasión armada del ejército norteamericano. La emergencia de Estados Unidos como fuerza económica interesada en luchar abiertamente por territorios y por el mercado mexicano, se vió favorecida por los acontecimientos europeos: crisis económicas de 1847 en Inglaterra, generalizada a otros países, insurrección en 1848 en Francia, etcétera.

LA NUEVA POLÉMICA

Después de la invasión, hacia la mitad del siglo resurgió en la vida pública del país, con nuevas voces y nuevos bríos, la polémica entre los librecambistas y los proteccionistas e industrializadores. Como expresión de los cambios económicos de la primera mitad del siglo, la polémica se planteó en otros términos. La economía política había logrado importantes progresos con las ideas de David Ricardo, “el profeta económico de la burguesía industrial”, cuyas tesis fueron utilizadas por los defensores de la industria nacional. Ya no se defendía sólo un proyecto económico, sino la obra y los intereses económicos directos del grupo de empresarios que buscaba consolidar su desarrollo en el marco de una economía nacional. Sólo Mariano Otero y un grupo de servidores públicos rescataron y defendieron los postulados de la primera generación de liberales; el resto de las opiniones se ajustó más a la realidad y al reconocimiento de las transformaciones efectuadas en la economía.

El debate creció en 1850 cuando Manuel Payno, Ministro de Hacienda, emitió un proyecto que proponía levantar las prohibiciones protectoras de la industria. Las protestas y defensas de los industrializadores y sus portavoces tomaron un tono decidido, abundaron en ellas los reproches a los “sabios” del librecambio por el daño que habían traído a México: La incipiente burguesía industrial del país había adquirido en esos años conciencia del dominio que los países desarrollados ejercían sobre sus intereses, impidiéndoles crecer y consolidarse. Un editorial aparecido en el periódico El Siglo XIX lo registraba con claridad: “Su potencia son los buques mercantes; su predicación es la absoluta libertad económica; su norma poderosísima con los pueblos menos adelantados es la ley de la reciprocidad. Todo esto se trajo a México, así como en otro tiempo se había traído la sublime religión evangélica, tras la cual se ocultaba la dominación material. La fuerza de las potencias no respetaba fronteras, mientras que México, a juicio de los defensores de la industria, vivía una infancia crítica. Había pobreza en el campo por el atraso en que permanecía la agricultura; la minería no había logrado acercarse a los niveles de auge que tuvo durante los primeros años del siglo; el mercado interior estaba desintegrado y el bajo poder adquisitivo de los consumidores seguía disminuyendo por el aumento de los precios incrementados por los diversos impuestos (locales y federales); la industria vivía en constante peligro por la competencia de las mercancías baratas del extranjero; casi no se había hecho nada en comunicaciones y permanecía el atraso de los transportes; el poder político no respondía a los intereses industriales, sino al contrario, favorecía directamente la libertad comercial y la entrada al país, sin limitaciones, de los competidores extranjeros.

El gobierno y la administración hacendaria defendieron su política con el caballito de batalla de la crisis del erario: declarar el levantamiento de las prohibiciones generaría ingresos suficientes para salir de la crisis. Los defensores de la industrialización veían en esa medida su ruina y respondieron: “Cedamos. . . tímidamente y no habrá derechos protectores que parezcan bastante bajos a los contrabandistas, ni a nuestros rivales, o mejor dicho, a nuestros señores del otro lado del océano y del río Bravo. Adoptemos las doctrinas que ellos dan y no toman, y nuestro erario crecerá un poco, si se quiere así suponer; pero no será fomentando el trabajo del pueblo mexicano, sino el de los pueblos inglés y francés, suizo y de norteamérica”.

MÁS ACÁ DE LOS SUEÑOS: EL TRIUNFO LIBERAL

Finalmente, el renacimiento de la lucha liberal en 1856-1857 sepultó las esperanzas de los industriales que prosiguieron luchando por mantener sus factorías con una tasa de ganancia mínima. La consolidación del Estado moderno liberal apagó definitivamente la voz de los fabricantes. Su fuerza política representó los intereses del capital comercial abrió el mercado con impuestos protectores y fomentó la producción de materias primas para la exportación: minera y agropecuaria. Creó nuevas fuentes de inversión, algunas no productivas, con la desamortización y nacionalización de los bienes de la Iglesia y de corporaciones civiles y con el deslinde y venta de terrenos baldíos, medidas que favorecieron la especulación y el monopolio de tierras; apoyó la construcción de ferrocarriles con una política definida, favoreció el consumo de importaciones suntuarias, proyectó futuras concesiones para fundar las primeras instituciones bancarias del país. El capital comercial y financiero acumulado en unas cuantas manos se encauzó por estos caminos. En adelante pocos capitalistas invirtieron en la industria, que se consideró una inversión suicida hasta bien entrado el Porfiriato.

Pero la realidad también derrotó los sueños de la primera generación de liberales. No se logró la armonía y el libre desenvolvimiento de las clases productoras y trabajadoras, la distribución de la renta nacional y de la riqueza se concentró en unos cuantos propietarios rentistas y en los grandes comerciantes, el desarrollo natural de la economía basado en el respeto de las inclinaciones naturales de las naciones se vino por tierra por las fuerzas que el mercado mundial imponía, la idea de un Estado al margen del proceso económico fue una gran equivocación.

(*) Luis Chávez Orozco: los industriales mexicanos y el comercio exterior (1848-1852). México, Banco Nacional de Comercio Exterior, 1959, p. 56.

(**) Ibid