En 2006 viajé por primera vez a Venezuela a conocer de cerca el chavismo. Después de conversar con oficialistas y opositores muchas de mis impresiones cambiaron, en gran medida porque la oposición a Hugo Chávez me pareció ranciamente conservadora y tan antidemocrática como el chavismo. En las páginas de esta misma revista publiqué una crónica donde maticé muchas de las impresiones que me había formado a través de los medios.

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Ilustraciones: Fabricio Vanden Broeck

El texto que publiqué planteaba que el gran impacto del chavismo fue haber asestado un golpe mortal a un sistema político anquilosado que había dejado de representar a los ciudadanos y era incapaz de incluir a los sectores populares. En efecto, con su llegada al poder en 1999 el chavismo produjo un recambio en la elite política venezolana, al llegar a la cúspide del poder cuadros procedentes de los estratos sociales más bajos. En la figura de Chávez —un militar de origen humilde— fue simbólicamente representada una porción de los sectores excluidos.

Entre 1999 y 2010 la pobreza en Venezuela se redujo a la mitad (de 49.4% a 27.8%), el doble de lo alcanzado por México durante el mismo periodo, y la economía creció 42.5% entre 2000 y 2011. Claramente, mucho de lo logrado durante estos años en materia social fue posible gracias al boom de los precios internacionales del petróleo. Chávez asumió en 1999 con un barril a ocho dólares, que para 2012 llegó a los 120. En 14 años de gobierno el precio del barril llegó a ser 10 veces más alto de lo que valía al comenzar su primer mandato.

A pesar de su estilo autoritario, en la medida en que el régimen de Chávez gozó de un apoyo social mayoritario, refrendado una y otra vez en elecciones, no era posible caracterizarlo como una dictadura. Pocos “dictadores” se someten a 14 procesos electorales. Sin embargo, lo que hoy puede verse claramente —y en su momento algunos no supimos ver— es que las medidas tomadas por Chávez —con su lenta, pero persistente erosión de las instituciones democráticas, con sus abusos de poder y la suma de triquiñuelas para burlar la legalidad— acabaron por ser mucho más graves de lo que parecían en su momento y son responsables del cuadro político actual.

El proceso que llevó a la destrucción de la democracia en Venezuela se dio de forma gradual a lo largo de los últimos 18 años, aunque se aceleró a partir del segundo mandato de Chávez (2006-2012). Gráficamente, ese proceso puede verse en los sucesivos informes de Freedom House, la organización que mide las libertades civiles y políticas a nivel mundial, donde Venezuela pasó de ser un país “libre”, a uno “parcialmente libre”, para convertirse en una nación “no libre” en el último año. En estas páginas contamos cómo se llegó hasta aquí (ver gráfica 1).

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No hay evidencias de que el conteo de los votos haya sido alterado durante los 14 años en que Chávez permaneció en el poder. A partir de su segundo mandato, sin embargo, el Consejo Nacional Electoral se fue subordinando cada vez más al gobierno. En 2009 cuatro de sus cinco rectores pasaron a ser cuadros oficialistas que solaparon varios excesos, como el uso indiscriminado de recursos públicos para favorecer candidatos oficialistas o el inflamiento artificial de los padrones electorales para victorias aplastantes, como las que gustaban tanto al Comandante.

El chavismo fue paulatinamente desarrollando habilidades para apartar a sus opositores del camino. Fabricar acusaciones de corrupción fue una de ellas. Cientos de candidatos —algunos serios contendientes— fueron inhabilitados para contender a elecciones regionales, como ocurrió con Leopoldo López, popular alcalde de Chacao, al anunciar su decisión de postularse a la alcaldía de Caracas. Luego del triunfo de Antonio Ledezma en la alcaldía de Caracas, el gobierno promovió una ley que lo privó de recursos y creó una nueva figura de gobierno (el jefe de gobierno del Distrito Capital), designado directamente por el presidente, a quien se le otorgaron muchas de las facultades que correspondían al alcalde. Otras estrategias fueron más perversas al remover autoridades por la vía judicial, acusándolos de todo tipo de delitos.

Para controlar los medios no hacía falta ejercer la censura tradicional (aunque desde luego ésta también existe en Venezuela como en otros países de la región). La estrategia más común fue comprar los medios que tenían una línea editorial crítica, a través de dinero público disfrazado de empresas fantasma o de empresarios cercanos al régimen. El chavismo no sólo ha utilizado las estrategias a través de las cuales otros gobiernos suelen controlar a los medios, como el uso de la propaganda oficial. También les ha otorgado el acceso a divisas necesarias para la importación de papel, y ha presionado a los anunciantes para que retiren su propaganda de medios adversos.

 

El carácter más antidemocrático del chavismo comenzó a expresarse a partir de diciembre de 2006, cuando Chávez obtuvo su más contundente victoria electoral (la mayor alcanzada por un presidente venezolano desde 1958). Con ese apoyo masivo el Comandante decidió radicalizar su proyecto político y adoptar un discurso cada vez más ideológico, abocándose a promover un proyecto socialista bajo los moldes del modelo estatista cubano. Para promoverlo concentró cada vez más el poder. A principios de 2007 solicitó poderes para legislar sin la aprobación del Congreso a través de una Ley Habilitante —como se denomina a la ley que delega facultades legislativas al Ejecutivo venezolano—, y se enfrascó en la redacción de una nueva constitución para crear un “Estado comunal”, que incluía la reelección indefinida del presidente.

En diciembre de 2007, sin embargo, la propuesta de Chávez fue rechazada en un referéndum. Chávez aceptó el resultado a regañadientes, afirmando que se trataba de una “victoria de mierda” de la oposición. En los meses siguientes, no obstante, en lugar de escuchar la voz de una sociedad que no necesariamente quería avanzar hacia el socialismo, se dedicó a promover su agenda a través de leyes específicas. En tiempo récord se decretaron 26 leyes que incorporaban varios contenidos previamente rechazados en el referéndum constitucional, se llevaron a cabo estatizaciones masivas de empresas privadas y se expropiaron una gran cantidad de tierras.

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Hacia finales de la década, a pesar de la abundancia petrolera, el balance económico comienza a ser desfavorable. Los procesos de expropiación no daban buenos resultados e impedían desarrollar industrias, la inflación crecía y el desabasto de alimentos se propagaba. El país importaba para entonces cerca del 70% de los alimentos, al tiempo que Caracas se convertía en la cuarta ciudad más violenta del mundo. Aunque la pobreza continuaba disminuyendo, la clase media no aumentaba como en otras naciones sudamericanas; la frustración frente a la deficiencia de los servicios públicos era cada vez mayor.

Ante ese cuadro, comenzaron a generarse protestas sociales, que el chavismo optó por criminalizar. Los líderes de un movimiento estudiantil cada vez más activo fueron apresados, imputándoseles cargos desproporcionados como el instigar a la guerra civil. La detención de opositores se fue haciendo más común y varios optaron por marchar al exilio. Al mismo tiempo, Chávez, que ya había mostrado signos de irrespeto a la independencia del Poder Judicial, se lanzó contra varios jueces que no se acoplaban a su línea política. En 2009, 13 jueces fueron destituidos de sus cargos por emitir fallos desfavorables al gobierno.

En las elecciones de 2010, a pesar de haber modificado el sistema electoral en su beneficio, el chavismo alcanzó una cantidad de curules insuficiente para seguir promulgando leyes habilitantes. Frente a ello, el oficialismo recurrió a una triquiñuela: antes de asumir la nueva Asamblea, la saliente aprobó nuevos poderes especiales para que Chávez pudiera continuar legislando con toda libertad. Esa operación, de muy dudosa legalidad, mereció nuevas protestas y la condena de la OEA. Dentro y fuera del país comenzó a considerarse que Venezuela entraba en una fase claramente autoritaria.

En septiembre de 2012 un Chávez ya enfermo fue electo para un tercer mandato de seis años. La brecha sobre su rival, Henrique Capriles, se redujo de 26 puntos en 2006 a 11, una evidencia más de que el chavismo continuaba perdiendo adeptos en la sociedad. Muerto Chávez, e incapaz de heredar su carisma, Maduro enfrentó al año siguiente a la elección más competida en la historia del movimiento bolivariano: logró imponerse por apenas 225 mil votos sobre Capriles, esta vez con acusaciones más o menos serias de fraude electoral presentadas por la oposición.

Al año siguiente se dio una dramática caída en los precios internacionales del crudo que habría generado una crisis social en cualquier petro-Estado. En un año el valor del barril pasó de 99.11 dólares en junio de 2014 a 36.53 en 2015. Con ello no solamente el PIB cayó 4% y la inflación se disparó hasta salirse de control. El régimen también perdió un conjunto de adeptos que le permitieron comprar voluntades y apoyos dentro y fuera del país, incluso por parte de las clases medias y de una parte de las elites que —mientras pudieron acceder a niveles relativamente altos de consumo, gasolina barata y divisas de forma preferencial— aceptaron o se hicieron de la vista gorda frente a la corrupción, las violaciones a los derechos humanos y el creciente autoritarismo (ver gráficas 2 y 3).

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Aunque evidentemente el chavismo estuvo siempre en las antípodas del pensamiento liberal republicano, no fue necesariamente en sus orígenes un proyecto autoritario. Su escepticismo frente a la democracia representativa iba acompañado de un proyecto alternativo de “democracia protagónica” o participativa. En una parte de la izquierda latinoamericana y del movimiento altermundista ese proyecto despertó entusiasmo, al punto de que llegó a funcionarle al régimen como disculpa frente a su agenda antiliberal.

La emergencia del chavismo estuvo acompañada de la formación de un novedoso tejido organizativo que llevó a la conformación de un movimiento nacional y a la creación de instancias de participación (como los consejos comunales o los círculos bolivarianos) que en los primeros años lograron un cierto nivel de autonomía. Cuando el poder del chavismo todavía era endeble estos espacios jugaron un papel importante. Permitieron empoderar a los sectores populares, sacarlos de la marginalidad y acercarlos al centro de la política para generar formas de gestión de abajo hacia arriba.

Pero aquí, al igual que en otros ámbitos, también la concentración del poder en manos de Chávez subordinó cada vez más la movilización popular y la convirtió en un instrumento del régimen de un modo que acabó por desdibujar las fronteras entre el PSUV, el gobierno y las organizaciones sociales chavistas. A partir de 2006 los consejos comunales pasaron a depender directamente de la presidencia de la República, instancia que aprobaba sus proyectos y les otorgaba recursos, además de utilizar esos espacios para objetivos claramente electorales. Luego de 2009 se les asignó en la propia ley un objetivo político explícito de “construir el socialismo” e incluso formar milicias para “defender la Revolución” y contribuir al orden público a la manera de los comités de defensa de la revolución cubana. Al fijar de antemano el modelo de sociedad que debían perseguir, sin consultárselos previamente, la autonomía de los consejos pasó a ser una ficción. Se volvieron estructuras manejadas de arriba hacia abajo que no toman decisiones relevantes y simplemente fungían como gestores y supervisores de planes y proyectos emanados del poder central.

Aunque hoy quedan algunos espacios de participación autónoma en Venezuela, son realmente marginales. Muchos de los círculos bolivarianos actúan como instrumentos de choque, a través de los cuales se amedrenta a opositores. Estos espacios controlan además la distribución de alimentos a partir de criterios políticos o —más triste aún— actúan como grupos delincuenciales que gozan de impunidad y controlan ciertos territorios.

 

En el último año y medio el régimen chavista-madurista ha adquirido un carácter innegablemente autoritario. Hoy en Venezuela ya no solamente se vulnera la separación de poderes y el imperio de la ley, también se ha endurecido la represión y se persigue abiertamente a los opositores.

El régimen se burla de la voluntad popular expresada en las urnas, luego de que, en diciembre de 2015, el madurismo perdió de forma estrepitosa la mayoría parlamentaria. La Mesa de Unidad Democrática obtuvo siete millones de votos (65%) y el PSUV cinco millones 600 mil (32.93%), siendo la peor derrota electoral del chavismo en 18 años. Frente a este escenario la autoridad electoral declaró fraudulenta la elección de cuatro diputados del estado de Amazonas (tres de ellos, casualmente, los que la oposición necesitaba para alcanzar una mayoría calificada) e invalidó su elección en una suerte de fraude postelectoral que acabó por conformar un golpe de Estado desde dentro del propio Estado.

Esa jugada detonó una guerra contra la nueva Asamblea Nacional, la cual permitió que aquellos diputados asumieran sus cargos. A partir de ahí el enfrentamiento no ha dejado de crecer: el Poder Judicial declaró a la Asamblea Nacional en desacato y el gobierno ha ignorado desde entonces cualquier decisión proveniente del Legislativo. A ello se sumaron otros dos episodios que evidencian aún más la naturaleza antidemocrática del régimen: la decisión de alterar el calendario electoral normal, al posponer las elecciones regionales consciente de que puede perderlas, y la obstaculización de un referéndum revocatorio contemplado en la Constitución de 1999.

Con la elección de su más reciente Asamblea Constituyente, Maduro ha sepultado el último poder independiente electo por la ciudadanía para despedirse —probablemente para siempre— de la vía democrática e intentar perpetuar al chavismo en el poder. La conformación de este colegiado, electo a modo, viola el principio básico fundamental donde las mayorías deciden. La elección de la Asamblea Constituyente es la última evidencia de un gobierno desvergonzadamente dictatorial.

Quizás la Constituyente también sea la muestra de que el chavismo solamente transitó por la democracia de forma táctica: mientras era mayoría y le convenía hacerlo. Una experiencia funesta para el conjunto de las izquierdas. Por eso más que culpar al imperialismo norteamericano por la crisis que hoy enfrenta Venezuela, las izquierdas deben hacer un deslinde claro y contundente frente a esta experiencia fracasada.

 

Hernán Gómez Bruera
Analista político, internacionalista y especialista en América Latina. Autor de Lula, el Partido de los Trabajadores y el dilema de la gobernabiilidad en Brasil, Desde el Sur y Conversaciones sobre el hambre: Brasil y el derecho a la alimentación. Es articulista de El Universal.

Una parte importante de los datos utilizados en este artículo provienen del libro de Margarita López Nava, El ocaso del chavismo (Alfa, 2016). El autor agradece a Lizbeth Navas-Alemán por su contribución en la elaboración de este texto.

 

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