La imagen no tiene desperdicio. La ex canciller de la República Bolivariana de Venezuela, ahora flamante presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, mira a ambos lados del recinto. Con una sonrisa de satisfacción, Decly Rodríguez declara aprobada por unanimidad la moción del eximio Diosdado Cabello de remover de su cargo a la fiscal general. No hay votación sino aclamación pura. Quince minutos. La señora presidenta, manifiestamente complacida, mueve la cabeza de un lado a otro y acto seguido se pone de pie junto con los otros cuatro integrantes de la mesa: corean consignas con enjundia. Más aplausos. Más sonrisas. El pueblo ha triunfado. Venezuela no es una ópera bufa; es el laboratorio de la tiranía del siglo XXI. Lo es en al menos dos aspectos que revisten importancia más allá de ese país.

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Ilustración: Belén García Monroy

El primero tiene que ver con los umbrales democráticos. El autogolpe de Estado pone fin a la larga discusión sobre la naturaleza del régimen chavista. El arco que empezó con la elección de Hugo Chávez en 1999 terminó con Rodríguez y los otros sátrapas de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017. Venezuela caracteriza una transición a la inversa: de la democracia al autoritarismo. El fenómeno no es inédito —es lo que le ocurrió a Alemania en los años treinta— pero sí es inusual. Ahora que es claro que Venezuela no es una democracia deberíamos preguntarnos sobre los tres lustros durante los cuales se debatió intensamente si el gobierno de Venezuela era o no democrático. La transición inversa empezó con la erosión del pluralismo y los componentes liberales de la democracia liberal. Es notorio que una parte significativa de los observadores y actores internacionales consideraran que el ataque al pluralismo no era razón suficiente para caracterizar a Venezuela como una no democracia. A lo sumo, se pensaba, era una “democracia no liberal”. Las causas eran evidentes. Chávez enarboló una bandera democrática. Fue un presidente que llegó al poder a través de elecciones abiertas. No sólo eso, preservó el mecanismo electoral; el calendario de elecciones nacionales y locales se mantuvo al día. Eso era suficiente para considerar a Venezuela como una democracia, imperfecta, tal vez, pero democracia al fin y al cabo. Sin embargo, para otros observadores era claro que los componentes liberales de la democracia liberal eran tan críticos y esenciales como los propiamente democráticos o mayoritarios. Si un régimen prescindía de los primeros no podía ser considerado como democrático. Fue necesario que Nicolás Maduro cancelara las elecciones locales e impidiera con artimañas la celebración de un referendo revocatorio, contemplado en la misma constitución chavista, para que los defensores de ese régimen empezaran a  levantar las cejas. Eso también explica que muy pocos estuviéramos dispuestos a apoyar un golpe en contra del gobierno de Chávez. ¿Hoy sería condenable un golpe en contra de Maduro? La oposición no ha tratado de tomar el poder por la fuerza desde el golpe fallido en 2002. ¿Habría ahora argumentos de principio, no utilitarios, para oponerse a una salida de ese tipo? Venezuela ejemplifica un fracaso para la cultura política democrática y liberal de Occidente, incapazde reconocer y condenar a tiempo una dictadura. Ese país no dejó de ser una democracia cuando se instaló la espuria ANC, sino muchos años antes, cuando el componente liberal del régimen fue suprimido.

El segundo aspecto de relevancia radica en la forma del autogolpe de Estado. En otras eras geológicas del continente acabar con los congresos elegidos era un acto de personalismo caudillesco. Un general o una junta de generales tomaba en sus manos la ardua labor de salvar a la patria. Los generales no se han ido, ciertamente, pero el recurso de la junta simplemente ya no es viable. Ahora la tiranía requiere de algo más sofisticado y en sintonía con el discurso democrático de los tiempos. En sus cálculos sobre cómo deshacerse de la oposición Maduro no tuvo que mirar muy lejos. La justificación teórica ahí estaba, en el “nuevo constitucionalismo latinoamericano”, un conjunto de teorías e ideas que por más de tres lustros han entusiasmado por igual a teóricos y juristas. Sus epígonos lo han propuesto como una alternativa al vetusto liberalismo decimonónico, como un correctivo democrático y progresista a las oligarquías que dominan a los países del continente. Clave para este nuevo constitucionalismo es la idea de que el pueblo es soberano para constituirse como le plazca. La noción no es nueva y de hecho se encuentra en el punto de nacimiento del gobierno representativo. Desde Sieyés y su noción de “poder constituyente” en la revolución francesa, la idea de que la legitimidad última se encuentra en el pueblo ha sido un principio generativo de la democracia liberal. Es una idea que es imprescindible para este tipo de gobierno, pero que al mismo tiempo ha planteado innumerables problemas teóricos y prácticos. ¿Puede el pueblo tomar en sus manos el poder soberano para constituirse a pesar o en contra de constituciones? Venezuela muestra cómo esta idea radical puede falsificarse para constituir cabalmente a la tiranía.

 

José Antonio Aguilar Rivera
Investigador del CIDE. Autor de La geometría y el mito. Un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en México, 1821-1970 y Cartas mexicanas de Alexis de Tocqueville, entre otros títulos.

 

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