Este ensayo disecciona cuál ha sido la postura de la política exterior mexicana ante la disputa árabe-israelí. En el recuento predomina lo que hasta hace poco había sido una carrera diplomática marcada por la prudencia

A menudo se dice que, en virtud de los meridianos que nos separan, las relaciones de México con los Estados en la región de Medio Oriente han sido superfluas, intermitentes, de corto alcance, regidas por la ignorancia e indiferencia. Aunque esto es en gran medida verdad, ciertas excepciones desmienten estas acusaciones como ilusiones de distancia. Desde el primer cuarto del siglo pasado el conflicto árabe-israelí, en sus diversas variantes y vicisitudes, ha estado presente en la proyección de la política exterior mexicana, particularmente en el cuidadoso desarrollo de sus relaciones exteriores y sus posicionamientos en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La política exterior de México ante esta disputa, lejos de ser indiferente o distante, se ha erguido con cautela a lo largo de los años, anclada a un principio que ha permanecido más o menos inmutable desde 1947, mismo que se fragmentó en la votación ante el pleno de la UNESCO el pasado 13 de octubre. Por ello, vale la pena reconsiderar el presente a la luz de la historia.

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Ilustraciones: Raquel Moreno

México ante la partición de Palestina y el nacimiento de Israel

La historia de México ante el conflicto árabe-israelí es tan longeva como la disputa misma. En poco más de un año se celebrará el centenario de la Declaración de Balfour, en la cual Gran Bretaña expresó su apoyo a la creación de “un hogar nacional judío” en Palestina, que se convertiría en mandato británico en 1922. Catorce años después la violencia recurrente entre árabes y judíos llevó a aceptar la idea de que el Estado era inviable, por lo que la Comisión Peel propuso la partición del territorio, lo que iniciaría un delicado debate de dimensiones globales. Para entonces, debido a su alto grado de asimilación y capacidad para conquistar el mercado mexicano, las olas de migrantes árabes —sobre todo, libaneses, sirios y palestinos— que habían llegado a nuestro país a finales del siglo XIX se habían convertido en un sector importante de la población.1 Por su parte, el flujo significativo de población judía llegó a finales del Porfiriato, y prosiguió a pesar de que las leyes migratorias del periodo posrevolucionario eran restrictivas y el clima nacional acarreaba un aire de xenofobia.2 Mientras que los árabes tardaron décadas en organizarse formalmente, los judíos rápidamente crearon organizaciones de gran influencia, como el Comité Central Israelita, el Comité Palestino de Emergencia y la Organización Sionista de México, cuya fuerza política era suficiente para promover su causa y establecer relaciones con sus homólogos estadunidenses. Según Graciela de Garay, desde sus inicios, estas organizaciones se consolidaron como grupos de presión con gran capacidad para moldear la opinión pública y las consideraciones del gobierno, “traspasando las fronteras de la verdad y la soberanía”. De igual manera, en México ante el conflicto árabe-israelí (1932-1976), Arturo Magaña relata cómo estos actores han influido profundamente en las actitudes de nuestro país ante las diferentes facetas del conflicto árabe-israelí. Los diferentes gobiernos en turno se han visto obligados a mantener “un fino equilibrio” entre las demandas de estos actores y los principios que el país abandera en sus relaciones internacionales.3

En 1947 Gran Bretaña propuso entablar una Comisión Especial de las Naciones Unidas para debatir la partición del territorio. En noviembre la Asamblea General adoptó la Resolución 181 (II), que declaraba la división de Palestina en un Estado árabe, otro judío y un régimen internacional para la ciudad de Jerusalén. Si bien la participación del gobierno cardenista en los debates de la década anterior había sido reducida, en esta ocasión la necesidad de los palestinos e israelíes de diversificar sus alianzas dio gran importancia al posicionamiento de los países latinoamericanos, que tuvieron una “responsabilidad histórica significativa” en el desenlace de esta resolución, pues entonces conformaban un tercio de los miembros de la Asamblea General.4

Excepcionalmente, la administración de Miguel Alemán mostró gran interés en el asunto, al mismo tiempo que los grupos de presión redoblaron sus esfuerzos para influir en su decisión. Y, sin embargo, México fue uno de los diez países que se abstuvieron. Aunque la decisión se justificó en términos jurídicos, creer en esta lógica legalista es caer en el mito de que la política exterior mexicana es exclusivamente “principista”, es decir, regida por doctrinas y principios del derecho internacional como la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias. Como afirma la especialista Ana Covarrubias, nuestra política exterior ha sido esencialmente pragmática; los principios legales que abanderamos no han sido grilletes ideológicos, sino instrumentos discursivos en manos de las administraciones en turno.5 El argumento romántico es que los mexicanos estaban naturalmente predispuestos a rechazar la partición, debido a la experiencia histórica de nuestra nación con este procedimiento, quizá más presente que nunca en el centenario de la guerra contra Estados Unidos.6 No obstante, diversos analistas coinciden en que el voto en realidad estaba influido por el cabildeo de las comunidades judías y árabes al interior del país, así como por el deseo de mantener buenas relaciones con los países árabes.7 Las memorias del entonces secretario de Relaciones Exteriores, el ilustre Jaime Torres Bodet (quien confesó haber sufrido un “tenaz acoso” por parte de los grupos de presión pro árabes y pro israelíes) muestran que la decisión no sólo era una demostración de solidaridad, sino también una ponderación de costos y beneficios: “La simpatía personal me inclinaba a entender la causa de los judíos. Pero la razón histórica, y el recuerdo del caso de Texas, me obligaba a imaginar —como mexicano— la reacción que tendrían por fuerza los pueblos árabes”.8

En una entrevista el embajador de México en Estados Unidos, Rafael de la Colina, afirmó que debido a las presiones de grupos judíos adinerados e influyentes en nuestro país y el vecino del norte la cordialidad hacia ambas partes del conflicto era la solución más viable y de menores consecuencias: “Tenemos que seguir adelante navegando entre dos aguas […], para no comprometer nuestra posición y crearnos dificultades serias. En realidad, a nosotros lo que nos importa es defender nuestros intereses”.9 En ese momento se definió la lógica que regiría la política exterior mexicana ante el conflicto árabe-israelí en el transcurso de las décadas siguientes. La abstención de México no derivaba de la indiferencia, sino de la cautela y el cálculo político. La mayor parte de la bibliografía académica sostiene que nuestra posición ante esta disputa se ha guiado por el “principio de equidistancia”, basado en el balance de los intereses pro israelíes y pro palestinos. Sin embargo, este término es obtuso, pues parece insinuar que la posición de México ha sido estática, como si siempre se hubiese situado en el punto medio aristotélico del conflicto. Sería más adecuado llamarla “política del navegante”, en honor a la poética cita de Rafael de la Colina, quien capturó en su analogía fluvial la esencia pragmática y dinámica de la posición mexicana. Con el paso de los años México se ha alineado con ambos bandos en distintas ocasiones, cuidando (casi) siempre no alejarse demasiado de ninguno.

La aprobación de la Resolución 181 desencadenó enfrentamientos violentos entre las dos poblaciones en el territorio palestino, que culminaron en la Declaración de Independencia de Israel el 14 de mayo de 1948 y el subsecuente estallido de la primera guerra árabe-israelí, en la que éste derrotó a Egipto, Líbano, Jordania y Siria, para después tomar la mayor parte del territorio palestino. Desde la firma del Armisticio de Rodas, Israel emprendió una campaña masiva de negociaciones diplomáticas, a fin de obtener reconocimiento internacional como Estado incipiente y entrar a la Asamblea General. México fue el último país latinoamericano en reconocer a Israel, cuando el 30 de abril de 1949 le otorgó reconocimiento de facto y acto seguido votó a favor de su ingreso a Naciones Unidas mediante la Resolución 273. Sin embargo, sería un error sostener, como lo hace Cecilia Baeza, que México mostró “una actitud favorable a Israel” desde la votación de 1947 hasta la Guerra de los Seis Días.10 Ante las protestas de países árabes, en particular Arabia Saudita, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Manuel Tello, redactó un memorándum para Rafael de la Colina en el que exponía la postura independiente de México respecto a Israel y su inclinación por el derecho internacional. Tello argumentó que, a pesar de la “fuerte presión sionista interna y externa” la verdadera razón del reconocimiento fue la firma de acuerdos entre Israel y Jordania, ya que “México no podía mantenerse indiferente a la tendencia general de reconocer a Israel como Estado”.11 También deben destacarse las condiciones del sistema internacional tras la Segunda Guerra Mundial, en que se percibía solidaridad generalizada hacia los pueblos judíos, apenas pasado el Holocausto. La política del navegante fue igualmente evidente en el proceso para establecer relaciones diplomáticas con Israel, caracterizado por su cautela; prolongados tiempos de espera y sutilidad en la comunicación oficial fueron necesarios para evitar perjudicar a los países árabes y suscitar el desprecio de los grupos de presión pro palestinos. La primacía del cálculo político sobre la política “principista” fue clara en la violación de la Doctrina Estrada, pues no se establecieron relaciones consulares al mismo tiempo: Moshe A. Tov llegó a México en 1950, como embajador extraordinario y plenipotenciario, mientras que Gustavo Ortiz Hernán llegó a Tel Aviv en 1956.12

Consolidación del funambulismo político

En el transcurso de las décadas siguientes, según relata Magaña, se cristalizaría la posición de equidistancia en el conflicto árabe-israelí. En las recurrentes votaciones de la Asamblea General respecto a intromisiones sobre delimitación fronteriza y la situación de los refugiados, México se abstuvo o reflejó una política orientada por los principios de la no intervención y la solución pacífica de controversias, mientras continuaba mostrando una posición conciliatoria y cuidadosa, como se observó en la reacción del gobierno ante la Crisis de Suez (1956) y la Guerra de los Seis Días (1967), cuyo desenlace permitió a Israel tomar la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán. En la primera crisis la administración de Adolfo Ruiz Cortines se orientó a los principios de no intervención y solución pacífica de controversias, denunciando las agresiones de Israel a Egipto en la XI sesión de la Asamblea General. En la segunda, fue evidente la predilección por el consenso internacional en la formación del Grupo de Países Latinoamericanos en Naciones Unidas, así como su votación consensuada a favor de la Resolución 242, que exigía el retiro de las fuerzas israelíes de los territorios ocupados, cese al fuego y reconocimiento de la integridad territorial de la zona. En ambos casos México logró manejar con sutileza crisis internacionales de alto perfil.13

Hasta el pasado octubre el único momento en que se había abandonado la política del navegante en la historia de nuestras relaciones internacionales fue un breve lapsus durante el mandato de Luis Echeverría. Como bien comenta el erudito Mario Ojeda, debido a la confluencia de diversas variables internas y externas, esta administración marcó un punto de inflexión en la historia de la política exterior mexicana. Por un lado, el deshielo de la Guerra Fría permitió al país tener mayor autonomía en su política exterior; por el otro, en respuesta al aumento del descontento social y la pérdida de legitimidad, Echeverría intentó ganarse el apoyo de los grupos disidentes al proyectar una imagen de pluralismo ideológico, cuya “contrapartida lógica” fue la diversificación de relaciones exteriores.14 Cuando el revisionismo internacional devino corolario de la reforma interna, la búsqueda de legitimidad dio a la política exterior un “carácter radical y agresivo”, en palabras de Yoram Shapira.15

La reorientación de la diplomacia mexicana frente al conflicto árabe-israelí es uno de los ejemplos menos citados de la forma en que el ímpetu “tercermundista” de la diplomacia mexicana distanció a Echeverría de nuestros principios tradicionales de política exterior. La decisión de abanderar la causa del tercer mundo acarreaba la necesidad de movilizar apoyo en Medio Oriente, por lo que el presidente mexicano abandonó temporalmente la política del navegante al mostrar mayor apoyo a los países árabes y la causa palestina.16 Así pues, en noviembre de 1974 —a pesar de la clara oposición de Estados Unidos e Israel— México votó a favor de la Resolución 3236 de la Asamblea General, que reconocía a la Organización de Liberación Palestina (OLP) como representante legítimo del pueblo palestino. El embajador Jorge Castañeda celebró el acontecimiento como una victoria para los países árabes, que finalmente tenían “un grupo de presión con alcances internacionales”.17 Después de que Echeverría se reuniera con el líder de esta organización, Yasser Arafat, durante su visita a Egipto (parte de su famoso “Viaje a tres continentes”), el gobierno mexicano reconoció la necesidad de demostrar el reconocimiento bilateral al establecer una oficina de información en el país.18

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Las relaciones con Israel llegaron a un punto dramático en noviembre de 1975, cuando México votó a favor de la Resolución 3379, que definía el sionismo como “una forma de racismo y discriminación racial”.19 El carácter de esta declaración no era poca cosa, considerando que el sionismo —la idea de reivindicación judía mediante el regreso a Sion— surgió en Europa Central como respuesta al antisemitismo y desde entonces ha sido la pieza central del nacionalismo israelí.20 El distanciamiento de los principios tradicionales de autodeterminación y no intervención no sólo provocó el repudio de Israel; también ocasionó que la comunidad judío-americana organizara un boicot turístico durante la temporada de invierno, que provocó una baja de 25% de ingresos en este sector de la economía. De igual manera, Henry Kissinger amenazó al país, afirmando que enfrentaría grandes repercusiones, aunque éstas nunca se materializaron. El boicot fue de tal magnitud que Echeverría envió a Emilio Rabasa a Tel Aviv para reparar el daño hecho, pero las rectificaciones del canciller suscitaron acusaciones internas de incongruencia y desorden. Este episodio atestiguó el poder de los grupos de presión sobre nuestra política exterior, así como las consecuencias de abandonar la equidistancia. A finales de la administración de Echeverría, Rabasa sirvió como chivo expiatorio y el gobierno mexicano decidió abstenerse en una Resolución de la Asamblea General que reiteraba la condena a Israel por la ocupación de los territorios árabes.21 Nuevamente se navegaba entre cauces.

Zarpando hacia el cambio de siglo

Gracias al tratado de paz entre Israel y Egipto en 1979, los países latinoamericanos relajaron sus acusaciones al gobierno israelí, hasta que el conflicto resurgió en el radar mexicano en 1988, cuando la OLP proclamó el nacimiento del Estado Palestino. De nuevo se recurrió con cautela a la política del navegante: la administración de Miguel de la Madrid, junto a la mayor parte de los países latinoamericanos, aprobó la Resolución 43/177, que reconoció esta independencia, pero se abstuvo formalmente de reconocer el Estado de Palestina.22

A principios de los años noventa —gracias a la transición democrática de los países en la región, su acercamiento a Estados Unidos en el deshielo y, sobre todo, el proceso de pacificación en Medio Oriente— la relación entre Latinoamérica y los países en conflicto se volvió “menos pasional”, como lo confirma la revocación unánime de la Resolución 3379, que equiparaba sionismo y racismo.23 Aunque los Acuerdos de Oslo (1993) no lograron la paz definitiva, contribuyeron a sosegar los conflictos entre Israel y la recién creada Autoridad Nacional Palestina (ANP), lo que permitió a los países de Latinoamérica acercarse más a ambos. A su vez, el nacimiento de esta organización administrativa autónoma coincidió con la apertura democrática de diversos países latinoamericanos, lo que suscitó el deseo mutuo de establecer relaciones para ganar legitimidad internacional. México apoyó el proceso de pacificación de la región y elogió las relaciones cálidas entre Israel, la ANP y Jordania. De igual manera, tomando en cuenta el reconocimiento de Israel a la ANP, en 1995 se abrió una “Delegación Especial de Palestina” en el país, con privilegios “similares a los de un organismo internacional”, y no un Estado.24 La aprobación del gobierno israelí ante esta acción allanó el camino para que José Ángel Gurría se convirtiera en el primer canciller en visitar Israel desde que Rabasa lo hiciera. De igual manera, Ernesto Zedillo fue el primer presidente en regresar tras el fiasco de Echeverría. En virtud de la equidistancia, la canciller Rosario Green visitó Gaza el mismo año y se entrevistó con Arafat, aunque la renuencia a hacer declaraciones sobre la autodeterminación de los pueblos nuevamente muestra la subordinación de los principios de política exterior a la prudencia política.25

Si bien se ha criticado la política de Vicente Fox hacia Medio Oriente como dispersa o poco articulada, al menos se preocupó por navegar con cautela entre Israel y los países árabes. Durante su administración se firmó un acuerdo de libre comercio con Israel (lo que denota la triangulación de la amistad estratégica con el vecino del norte tras el TLCAN, pues en realidad países como Marruecos o Arabia Saudita habrían sido más adecuados para ingresar al comercio de la región);26 sin embargo, este desbalance se compensó en 2005, cuando Fox siguió el ejemplo de Lula da Silva y anunció la apertura de una oficina para la representación mexicana en Ramala, sede de la ANP.27 De igual manera, la condena del canciller Luis Ernesto Derbez respecto al ataque de Israel a Líbano no sólo se basó en el principio de intervención, sino que atestigua el cuidado y respeto a los grupos de presión, particularmente las peticiones de la comunidad libanesa-mexicana, la población árabe más grande del país.28

La política de Felipe Calderón respecto al conflicto árabe-israelí se centró en la membresía de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad (2009-2010) y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A diferencia del sexenio anterior, el presidente mostraría mayor activismo respecto al conflicto árabe-israelí, que se reactivó el 27 de diciembre de 2008, cuando el primer ministro israelí Ehud Olmert ordenó el ataque “Plomo Fundido” a la Franja de Gaza, donde vivían millón y medio de civiles, para erradicar a Hamas, que en el 2006 había llegado al poder por la vía democrática.29 Claude Heller, representante de México en el Consejo, condenó el uso indiscriminado de la fuerza, apuntó la necesidad de responder a la crisis humanitaria e insistió en establecer un mecanismo de monitoreo para promover la pacificación de la zona. Desde la alternancia democrática, la política exterior mexicana se orientó a tomar mayor compromiso internacional para “anclar los cambios democráticos” al enaltecer la virtud de la democracia y los derechos humanos.30 Sin embargo, esta nueva orientación no alteró su carácter legalista ni el énfasis en la no intervención en organismos multilaterales. Según Heller, la participación de nuestro país en el Consejo de Seguridad no perjudicó la política de equidistancia, sino que ésta “salió fortalecida”, pues se condenó a ambas partes del conflicto en función de las violaciones al derecho internacional humanitario.31 Sin embargo, Marta Tawil argumenta que la posición abanderada —según la cual Israel debería salir de los territorios ocupados hasta que hubiese paz, y no viceversa— muestra que “en aras de ser equidistante México no cumplió su compromiso con los derechos humanos y el fortalecimiento del multilateralismo”.32

Después de que Estados Unidos vetara la solicitud de Mahmoud Abbas para la admisión de Palestina como miembro permanente de Naciones Unidas, el mandatario palestino hizo la misma solicitud a la UNESCO en 2011, que fue aprobada con 107 votos a favor, 14 en contra y 52 abstenciones. A pesar de la presión ejercida por Estados Unidos y el lobby judío, México adoptó una posición neutral, evitando angustiar a las comunidades pro palestina del país o perjudicar sus relaciones con los países árabes. Lo cierto es que la Dirección General para África y Medio Oriente de la SRE había enviado a Presidencia una propuesta para aprobar la Resolución sin recibir instrucción alguna, hasta que, apenas momentos antes de la votación, se envió la orden de abstenerse.33 Esta decisión demuestra la presencia de pugnas interburocráticas y la consideración de los grupos de presión en la formulación de la política exterior, pero también refuerza el supuesto de la primacía presidencial en la toma de decisiones “de alto perfil”.34 Como compensación, al año siguiente votó a favor de la Resolución 67/19, la cual permitió el ingreso de la ANP a la Asamblea General como Estado observador-no miembro.

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El 13 de octubre de 2016 la UNESCO aprobó la polémica Resolución “Palestina Ocupada”, una exhortación de preservación patrimonial cuyo fraseo aludía a un sitio en la ciudad antigua de Jerusalén igualmente significativo para judíos y árabes sólo mediante el nombre que estos últimos le conceden: la colina sagrada no aparecía como el Monte del Templo en ninguna instancia, sino como La Explanada de las Mezquitas, negando la importancia milenaria del Muro de los Lamentos para la comunidad judía.35 Además, la resolución, promovida casi exclusivamente por países árabes, denunciaba la ocupación de Israel y sus atentados “contra la libertad de culto y acceso de musulmanes” a la mezquita de Al Aqsa.36 En señal de protesta ante la parcialidad de la UNESCO, Israel rompió sus relaciones con la organización internacional, acusándola de reproducir un sesgo político pro árabe. La Resolución en sí era insólita, pero la reacción mexicana —–considerando una tradición longeva, guiada por los principios de Rafael de la Colina—– fue aún más inesperada. México fue uno de los 24 países que votaron a favor de la Resolución, provocando la indignación de la comunidad judía en el país y apasionadas protestas de su Comité Central.37

El escándalo mediático fue el drama del embajador mexicano en la UNESCO, Andrés Roemer Slomianski, de ascendencia judía, quien se ausentó de la sala a la hora de la votación, en gesto de desaprobación. Tras informar a diversos contactos su oposición personal al voto contra Israel y publicar en redes sociales el gesto de apoyo de su homólogo israelí Carmel Shama-Hacohen, fue removido del cargo, habiendo violado la Ley del Servicio Exterior Mexicano al filtrar documentos oficiales y comunicar su orientación personal. Prescindiendo del debate sobre la disolución entre lo público y lo privado, o las acusaciones hacia la falta de profesionalismo y el poco tacto de Roemer (quien busque una opinión al respecto puede referirse a la anticipada reacción de Salvador Camarena en El Financiero, la crítica sardónica de Carlos Puig o al texto personal de Adina Chelminsky en Huffington Post), el escándalo en sí debería ser la orientación de nuestra política exterior.

El primer comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, publicado el 14 de octubre, explicaba el motivo de votar en detrimento de los intereses de Israel como parte de una tradición longeva en apoyo a la conservación del patrimonio cultural de la humanidad. Sin percibir la ironía o ridiculez, la SRE justificaba su decisión al reproducir una cita descontextualizada de la directora general de la UNESCO, Irina Bolkova, quien de hecho se opuso fervientemente a la Resolución; para colmo, se hacía alusión a la prosperidad de nuestras relaciones con Israel y la importancia de las comunidades judías del país.38 El texto entero parecía defender la decisión opuesta a la que se había tomado. Tres días después, la SRE emitió un nuevo comunicado, informando (además de la destitución de Roemer) que cambiaría su voto a abstención en virtud del “reconocimiento que el Gobierno de México otorga al vínculo innegable del pueblo judío con el patrimonio cultural ubicado en Jerusalén Oriental”, así como —nuevamente— su aprecio a la comunidad judía del país.39 A pesar del esfuerzo por corregir un desliz inexcusable, el 19 de octubre la UNESCO informó que el voto era irrevocable y el gesto fútil.

A diferencia de Emilio Rabasa, Roemer no fue un chivo expiatorio: se le destituyó justamente por haber violado los artículos 41, 42 y 43 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, referentes a la imparcialidad, discreción y rendición de cuentas del personal diplomático. Sin embargo, tampoco tiene por qué acaparar la atención mediática, habiendo un escándalo aún más grave que denunciar. Desde 1947 la política exterior mexicana ante el conflicto árabe-israelí se ha guiado por el principio que Torres Bodet y Rafael de la Colina enaltecieron en la era dorada de nuestra diplomacia, mismo que Hans Morgenthau (padre de la disciplina de las Relaciones Internacionales) predicó en su obra maestra: la prudencia. En siete décadas, esta virtud sólo se había abandonado una vez, cuando el ímpetu tercermundista de Echeverría se antepuso a la razón política que subyacía al principio del navegante. Incluso los funcionarios israelíes han percibido el paralelismo: tras la aprobación de la Resolución, Carmel Shama-Hacohen declaró violentamente que este documento pertenecía en al “bote de basura de la historia”, junto con la Resolución 3379 de la ONU, que México apoyó en 1975.40 Ahora sumamos a aquel tropiezo histórico el fiasco de la votación a favor de “Palestina Ocupada” y su bochornoso desdecir. Otro fracaso en un año lamentable para nuestra política exterior. El barco está haciendo agua.

 

Carlos Eduardo López Cafaggi


1 Graciela de Garay, Las relaciones diplomáticas México-Israel (1947-1967), México, SRE/Universidad Iberoamericana, 1996, p. 24.

2 Arturo Magaña Duplancher, México ante el conflicto árabe-israelí: 1932-1976, México, Senado de la República, 2008, pp. 11-21.

3 Blanca Torres, “Prólogo”, en ibid., pp. 9 y ss.

4 Cecilia Baeza, “América Latina y la cuestión palestina” (1947-2012), Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, 28 (2012), p. 113.

5 Ana Covarrubias, “Los principios y la política exterior de México”, en Jorge Schiavón et al. (eds.), En busca de una nación soberana: relaciones internacionales de México, siglos XIX y XX, México, CIDE/SRE, 2006, pp. 387-422.

6 Edward B. Glick, Latin America and the Palestine Problem, Nueva York, Theodor Herzl Foundation, 1958, pp. 111-113.

7 Léase Magaña, Baeza y Garay. La última, en particular, sostiene que la abstención se debió a la influencia del grupo sionista sobre la diplomacia estadunidense y al temor de entrar en conflicto con la Banca Mundial, “en gran parte, monopolio judío”, considerando las desfavorables condiciones financieras del país. La conciencia de los diplomáticos mexicanos respecto al peso de los actores internacionales es evidente en un memorándum confidencial de la delegación de México en la ONU, el cual reconocía que la comunidad judía estadunidense era “demasiado poderosa para no tenerla en cuenta” (G. de Garay, op. cit., pp. 128-131.

8 Jaime Torres Bodet, Memorias, t. II: La victoria sin alas, México, Porrúa, 1964-1974, pp. 217, 219-220.

9 En esta entrevista De la Colina también hace alusión a la fuerza política de las comunidades judías en el territorio estadunidense (G. de Garay, Rafael de la Colina: una vida de hechos, México, SER/Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, 2006, pp. 79 y ss., cit. en su libro Las relaciones diplomáticas México-Israel (1947-1967), p. 135.

10 C. Baeza, op. cit., p. 120.

11 Manuel Tello, Memorándum a Rafael de la Colina, AREM: III-1685-1 (7ª parte), cit. por A. Magaña, op. cit., p. 132.

12 Ibíd., pp. 132-138.

13 Ibíd., pp. 132-176.

14 Mario Ojeda, Alcances y límites de la política exterior de México, México, Colmex, 2ª ed., 1ª reimpr., 2001, pp. 203-220.

15 Yoram Shapira, “La política exterior de México bajo el régimen de Echeverría: retrospectiva”, trad. Y. Meyer, Foro Internacional, 19 (1978), pp. 63 y 77.

16 Ibíd., p. 85.

17 Jorge Castañeda, Informe como embajador de México en Egipto dirigido a Manuel Tello, AREM: III-2683-1: III/510 (53.1-0) “63”/1, cit. por. G. de Garay, op. cit., p. 229.

18 A. Magaña, op. cit., pp. 176-185.

19 Como dato curioso, aunque de gran importancia, es notable que el día de la votación Echeverría “ofreció un desayuno a la comunidad libanesa de México, con la presencia de Emilio Aarun Tame, presidente del Comité Continental Americano de la Unión Libanesa Cultural Mundial”. Sería demasiado argumentar que este gesto fuese mera coincidencia; este dato refleja la cercanía entre Echeverría y los miembros de países árabes en el momento de la declaración. (Ibíd., p. 187).

20 Indira I. Sánchez, “El Espejo de Oriente. Un reflejo de las relaciones
entre México y la región Medio Oriente-Norte de África”, en Mercedes de Vega (coord. gral.), Historia de las relaciones internacionales de México, 1821-2010, t. 7: Hilda Varela e Indira I. Sánchez, África y Medio Oriente, México, SRE, Dirección General del Acervo Histórico Diplomático, 2011, pp. 210 y ss.

21 A. Magaña, op. cit., pp. 185-196.

22 C. Baeza, op. cit., p. 118.

23 Stephan Sberro, “América Latina e Israel, del apoyo a la hostilidad”, en Manuel Férez Gil (ed.), El conflicto en Gaza e Israel, 2008-2009: una visión desde América Latina, México, Senado de la República, 2009, p. 66.

24 León Francisco Rodríguez Zahar, “Estrategias de diversificación de México: Medio Oriente”, Foro Internacional, 41 (2001), pp. 903 y ss.

25 Ibíd., pp. 904-906.

26 C. Baeza, op. cit., p. 121.

27 Alejandra Galindo Marines, “La política exterior de México hacia el Medio Oriente: el dilema entre el compromiso y la realidad”, Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, 28 (2012), p. 101.

28 Loc. cit.

29 Marta Tawil, “México ante Medio Oriente durante el sexenio de Felipe Calderón”, Foro Internacional, 53 (2013), pp. 674 y ss.

30 A. Galindo, op. cit., p. 94.

31 Claude Heller, Conversación con estudiantes de la licenciatura de Relaciones Internacionales de El Colegio de México, 14 de octubre de 2015.

32 M. Tawil, op. cit., pp. 680-687.

33 Tawil menciona que uno de los miembros de Cancillería que entrevistó comentó al respecto que “la decisión final, como sucede con muchas otras de la esfera de la alta política, provino de los acuerdos directos entre la secretaria [Patricia] Espinosa y Presidencia, o de Presidencia, exclusivamente”. De igual manera, aunque Estados Unidos no fue una variable significativa en nuestro posicionamiento durante el siglo XX, otro miembro de Cancillería entrevistado declaró que, hoy en día, “la dependencia económica hacia Estados Unidos reduce el margen de maniobra de México y le impide ser autónomo en el tema palestino”, pues “todo pasa por la oficina de Presidencia y todo se discute con la embajada de México en Washington” (loc. cit.).

34 Rafael Velázquez Flores y Roberto Domínguez, “Balance de la política exterior de México en el sexenio de Felipe Calderón bajo los tres niveles de análisis: límites y alcances”, Foro Internacional, 213-214 (2013), pp. 510 y ss.

35 Mientras que la Resolución se refiere al sitio como la Plaza Al-Buraq, su nombre judío (Plaza del Muro Occidental) aparece entre comillas. Véase “Israel Suspends Cooperation with UNESCO Over Jerusalem Draft”, The New York Times (Middle East), 14 de octubre de 2016, consultado en línea en: http://nyti.ms/2fzgMql.

36 Carlos Yárnoz y Lourdez Baeza, “La UNESCO condena “medidas ilegales” de Israel en la mezquita de Al Aqsa”, El País (Internacional), 13 de octubre de 2016, consultado en línea en: http://bit.ly/2gGeNws.

37 “La Comunidad Judía de México condena la resolución de la UNESCO
sobre Jerusalem y lamenta el voto de México”, Diario Judío, 13 de octubre de 2016, consultado en línea en: http://bit.ly/2ggIG9A.

38 “Comunicado no. 458. Posición de México sobre la Decisión de la UNESCO relativa a Jerusalén”, SRE, 14 de octubre de 2016, consultado en línea en: http://bit.ly/2ggEPcJ.

39 “Comunicado no. 461. La SRE anuncia cambio de voto sobre preservación del patrimonio de Jerusalén Oriental”, 17 de octubre de 2016, consultado en línea en: http://bit.ly/2fIS4yR.

40 “Crece polémica por nuevo voto de UNESCO en Jerusalén”,
Milenio, sec. Internacional, 27 de octubre de 2016, consultado en línea en: http://bit.ly/2gSRcwU.

 

2 comentarios en “México y el conflicto árabe-israelí

  1. El artículo es una buena recopilación de momentos importantes de la diplomacia mexicana respecto al conflicto palestino-israelí. Sin embargo, al igual que la “política equidistante” que se menciona en el texto, el autor evita referirse al origen del conflicto: la creación de un Estado (Israel) en el territorio que le pertenecía a los palestinos. La actuación de la diplomacia mexicana se enfrentó a un hecho que desde su origen fue ilegal, ya que no se respetó el acuerdo de la Sociedad de las Naciones que concedió a gran Bretaña el Mandato sobre Palestina, con la responsabilidad de llevarla hasta su independencia, hecho que no aconteció, sino por el contrario, con el Plan de Partición de la ONU se le cercenó el 55% de su territorio original. El caso de palestina es desde su inicio una violación del Derecho Internacional. Esto es lo que se debe señalar como premisa del artículo, algo que se olvidó, obvió, o menospreció.

  2. mexico practica…no mexico no, el gobierno practica la politica de el avestruz, es decir la politica estrada