Salió fea, débil, cucha. Y ahora es acechada y erosionada desde muy diversos flancos: desigualdad, pobreza, corrupción, violencia, insuficiente crecimiento económico… Tal es el diagnóstico que José Woldenberg presenta en este ensayo. Un diálogo que comparte y discute las propuestas planteadas por Héctor Aguilar Camín en “Nocturno de la democracia mexicana” (nexos, mayo de 2016).

La gestación fue larga y penosa. Y al final el niño salió feúcho, debilucho y cucho. Defraudó a todos. La madre sabe que no será Brad Pitt, el padre se lamenta porque soñaba en un hijo como Michael Jordan y la familia entera llora por sus malformaciones. Habrá quien le quiera aplicar la eutanasia y sanseacabó. Claro, también puede reaccionar un optimista irredento y pensar que en algunos años estaremos ante un doble de Jean Paul Sartre. Pero si hay unos gramos de sensatez lo mejor será tratar de ayudarlo, reforzarlo y acompañar su desarrollo. Como se ve, el halo de opinión que rodea al niño puede ser tan importante para el futuro del infante como el niño mismo.

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Ilustraciones: Víctor Solís

Luego de una gestación larga y penosa nuestra democracia defrauda a (casi) todos. Para algunos no le ha tocado ni un pelo a la desigualdad y la pobreza, no ha logrado un crecimiento económico como el que México requiere, no genera los empleos necesarios. Para otros, es incapaz de revertir la corrupción y la impunidad y no puede lidiar de manera efectiva con la espiral de violencia. Los de más allá observan unos partidos incapaces de suscitar el entusiasmo, de fijar un horizonte y penetrados hasta el tuétano por la podredumbre; acompañados de unos medios de comunicación que no ayudan a entender lo que sucede en el ámbito de la política. Los derechos humanos no acaban de ser el piso de nuestra convivencia, la agresión contra las mujeres se documenta todos los días, los abusos de los “poderosos” son parte del menú cotidiano de las noticias. La lista es larga, verdadera y se puede multiplicar pero no quiero abrumar al eventual lector. (Casi) todo mundo tiene una queja o un malestar legítimo. Y al igual que con el niño malogrado no faltará quien quiera deshacerse del engendro, o en el otro extremo, quien diga que quizá mañana, con un poco de suerte, seremos como Suecia; pero otra vez lo más sensato es no tirar el niño y el agua sucia y apuntalar a nuestra germinal democracia mientras se atienden las patologías que la debilitan en serio y en serie.

Entiendo que ésa es la pretensión de Héctor Aguilar Camín en su ensayo “Nocturno de la democracia mexicana”.1 Detectar para corregir aquello que está desgastando nuestro precario arreglo democrático con la intención de fortalecerlo, hacerlo más eficaz y por ello mismo perdurable. Coincido en la intención, pero tengo serias divergencias con el diagnóstico y las propuestas del ensayo. Iré al grano. 

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Por supuesto muchas expectativas fueron defraudadas. Pero preguntemos si no exageramos las expectativas y convertimos a la democracia en una varita mágica que todo lo resolvería, de tal suerte que cuando no se cumplen las ilusiones la “culpa” es de la democracia y no de nuestras desbordadas pretensiones y de nuestros ancestrales “rezagos”. Porque en una visión minimalista la democracia nos ayudó a aclimatar la convivencia-competencia pacífica de la diversidad política, a generar fenómenos de alternancia sin violencia, a ampliar las libertades, a la coexistencia en las instituciones estatales de la pluralidad política y súmele usted. Todo ello acompañado de realidades que en sí mismas son no sólo disruptivas de nuestras relaciones políticas sino de nuestras relaciones sociales todas. Muchas de las patologías que acompañan a la democracia ya estaban ahí; no nacieron con ella. Y ésa es una primera llamada de atención porque para algunos es de la esfera de la política desde donde se derivan todos los males, como si esos males no afectaran a su vez la vida política, en una relación de ida y vuelta, que se retroalimenta.

Héctor Aguilar Camín recrea fielmente el espíritu de la reforma de 1977 que “se propuso abrir el espacio de la representación política a las minorías”. Y escribe que “el principio fundador de aquella reforma fue que la mayoría permaneciera donde estaba, en el PRI, animada parlamentariamente por una oposición que podría tener triunfos aislados, pero no alcanzar nunca la mayoría en el Congreso ni ganar una elección presidencial. Para garantizar eso el manejo de los órganos electorales permaneció en manos del gobierno”. No dudo que desde el gobierno esa fuera la intención. Pero hay que recordar que en la historia no existe una sola lógica —así sea la del poder—; lo que para el gobierno y el PRI podía ser una reforma preventiva, una “válvula de seguridad”, para las oposiciones era una oportunidad para ingresar al terreno institucional electoral, para crecer, para entrar en contacto con diversas organizaciones y grupos, para ganar espacios en el aparato estatal, en suma, para convertirse en parte del paisaje nacional. Hay que subrayarlo porque lo que pasó en los siguientes años fue fruto de esas lógicas en confrontación y confluencia, las que acabaron modelando el escenario político. No una lógica sino lógicas (en plural) enfrentadas.

No obstante, mi diferencia mayor es con el diagnóstico de lo que Héctor llama “los principios fundadores de la reforma de 1996”. Da la impresión que fue esa reforma la que generó realidades indeseables que ahora deben ser revertidas… y no fue así. Siguiendo esa lógica, cambiando algunas normas la realidad se volvería otra, más armónica, más parecida a la del pasado. HAC enumera cuatro principios: “1. Búsqueda de la equidad; 2. Aversión a la mayoría absoluta; 3. Rechazo al presidencialismo priista; 4. Apuesta por la pluralidad”. Sin duda el eje de la reforma de 1996 fue la búsqueda de la equidad en la competencia electoral, pero los otros tres elementos no fueron principios ni objetivos, sino derivaciones naturales de un pluralismo preexistente en la sociedad y cada vez más equilibrado en las instituciones estatales. Vayamos por partes.

La búsqueda de la equidad —lo único que explícitamente se buscó— no fue un capricho, sino una necesidad. En 1977 se abrió la puerta al ingreso de nuevas opciones políticas a las que se mantenía artificialmente marginadas del espacio institucional electoral, y en 1990 se construyeron las instituciones que debían inyectar imparcialidad y certeza a los procesos electorales (IFE y TRIFE), pero las condiciones de la competencia seguían siendo absolutamente asimétricas. En 1988, por ejemplo, la cobertura de las campañas en radio y televisión había sido totalmente facciosa. Más de 90% del tiempo en los dos principales noticieros de televisión se dedicó al seguimiento del abanderado del PRI, como si los demás no existieran o fueran sólo “fauna de acompañamiento”; y en 1994 la comisión de consejeros del Consejo General del IFE documentó que de cada 10 pesos gastados en las campañas ocho habían sido erogados por el PRI. Así, por supuesto, no se podía hablar de una competencia democrática, era necesario que fuera medianamente equitativa. De ahí la necesidad de regular el financiamiento y gasto de los partidos y apuntalar un acceso equilibrado a la radio y la tv de los diferentes candidatos.

Pero no fue la “aversión a la mayoría absoluta” lo que determinó en 1996 el diseño de la traducción de votos en escaños. Se confrontaron dos posiciones polares: quienes sostenían que en México era peligroso carecer de mayoría absoluta en el Congreso y por ello habían diseñado una mal llamada cláusula de gobernabilidad (que convertía a una mayoría relativa de votos en una mayoría absoluta de escaños, por mandato de ley) y quienes pugnaban porque la representación fuera estrictamente proporcional al número de votos (ejemplo: 20% de votos=20% de escaños). Al final lo que se dio fue una negociación en la que se estableció que el ganador no podría tener más de un 8% de escaños en relación a sus votos. Era, desde el mirador de la proporcionalidad estricta, un premio a la mayoría que tendría un porcentaje de curules mayor que el que le correspondería por su votación (si la traducción fuera estricta). El PRI concurrió —creo— a ese acuerdo porque pensó que podía alcanzar 42.2% de los sufragios para seguir conservando la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. (Sus votaciones inmediatamente anteriores habían sido de 58.5% y 48.6% en 1991 y 1994.) No fue la norma la que impidió que un solo partido tuviese la mayoría absoluta de escaños desde 1997, sino que ninguno de ellos logró el mínimo del 42.2% de la votación. Lo otro, contar con mayoría absoluta aunque no se hubiesen logrado los votos, eso sí hubiese sido distorsionar la representación y eventualmente conflictivo. A Héctor no le gusta el pluralismo equilibrado que habita en el Congreso, pero esa realidad no la forjó la reglamentación sino la realidad de un pluralismo partidista sin mayoría de votos. Y querer exorcizarlo con una reglamentación que artificialmente construya una mayoría absoluta no parece sensato. Porque además, como se ha visto, la falta de esa mayoría no ha paralizado al Congreso (como temían aquellos acostumbrados a las mayorías incluso calificadas), lo que sí es que ha obligado a las dos Cámaras a las negociaciones y los acuerdos que muchas veces resultan tortuosos.

“La democracia mexicana se creó quitándole poder a sus presidentes”, se dice en el texto. Y en efecto. Pero no fue con operaciones legislativas tendientes a mermar sus capacidades que ello sucedió, sino con el avance del pluralismo que acabó —en buena hora— con aquellas facultades metaconstitucionales que tan bien describió Jorge Carpizo.2 Al no tener mayoría en el Congreso, el presidente tuvo que aprender a negociar; al aumentar la competencia electoral el “tapado” dejó de ser el ungido porque podía fracasar electoralmente; al perder la presidencia el PRI las fuerzas locales pudieron tener mayor influencia en la designación de su candidato a gobernador, e incluso la Corte —durante décadas subordinada a la voluntad presidencial en materia política— hoy tiene una autonomía impensable en el formato del régimen de partido casi único. Al presidente los legisladores le han quitado muy pocas facultades constitucionales y legales. Son las nuevas realidades políticas las que han acotado su poder. Y de eso sí se trataba: de pasar de un régimen presidencialista a otro presidencial. Suprimir el “ista” requería cercenar todas las facultades discrecionales que convertían al titular del Ejecutivo en el actor de actores del mundo de la política mexicana, en la cúspide del poder, en el árbitro de la nación.

En efecto, como se apunta en “Nocturno…”, las elecciones de 2015 parecen anunciar un tránsito del pluralismo moderado a una fragmentación mayor. Pero es el fenómeno de la política el que lo explica, no las reglas electorales. Desde 1988 a 2012 —con muy diferentes regulaciones— tres grandes partidos fueron los ejes en los que giró nuestro sistema político. Siempre hubo otras opciones, pero los tres grandes organizaron/desorganizaron la política. Lo que sucedió o está sucediendo es que la ruptura en la izquierda y la formación de Morena, el desgaste de “los tres grandes” que le abre posibilidades a partidos nacionales que por lo pronto son regionales (MC, PVEM, por ejemplo) y las novísimas candidaturas independientes, suponen una mayor fragmentación. De tal suerte que ese fenómeno y las dificultades que lo acompañan es muy probable que se acentúen en el futuro inmediato, como bien lo apunta Héctor.

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De las propuestas de HAC comparto una y no me parecen adecuadas dos. La descripción de la corrupción extendida y su reproducción a todos los niveles me parece elocuente, central y preocupante. Y en efecto, “hay que suspender el mecanismo de traslado de fondos federales sin fiscalización efectiva a los gobiernos locales y poner frenos a la conducta fiscal de éstos”. Nada justifica que no sean auditados a fondo para evitar su despilfarro y su conversión en recursos privados.

Sin embargo, Héctor detecta y recrea unos “gobiernos débiles” y atribuye esa debilidad a “un régimen presidencial de perpetua minoría”. Es probable, pero la debilidad del presidente —lo repito— no proviene de las normas, sino de un pluralismo equilibrado que reclama convergencias y acuerdos. No es que la Constitución y las leyes diseñen un presidente menos poderoso, sino que la realidad política lo ha convertido en un agente con menos poder. Héctor señala que quizá sería bueno transitar a un régimen parlamentario, mejor capacitado para forjar, a través de coaliciones, gobiernos con mayoría (con lo cual estoy completamente de acuerdo3), pero mientras, propone dos reformas que van en un sentido errado: la segunda vuelta para la elección del Legislativo y “elevar el tope de sobrerrepresentación” del 8%. Fórmulas para exorcizar precisamente el pluralismo equilibrado.

El gran tema esbozado en el ensayo es el de la conjunción de la mayor capacidad de representación con la mayor capacidad de gobernabilidad (en el sentido estrecho del término: las posibilidades del gobierno para hacer prosperar sus iniciativas en el circuito legislativo). Un tema siempre difícil que intenta armonizar valores encontrados. Pues bien, HAC pretende, a través de sus medidas, adelgazar la representación en aras de la gobernabilidad. Me temo, sin embargo, que es una salida no sólo falsa, sino que puede causar más contratiempos que efectos virtuosos.

Ese afán por reducir el pluralismo construyendo barreras para su expresión y recreación no me parece demasiado reflexivo. (El Congreso ha venido subiendo la barrera para el refrendo de los registros —de 1.5% de la votación a 2% y luego a 3%— y el pluralismo no merma.) Debemos entonces aprender a vivir en él y con él y por supuesto construirle un cauce para que resulte productivo. No será con exorcismos como saldremos adelante de la fragmentación. Hay que reconocerla, incluso ofrecerle una representación estrictamente proporcional para que cada corriente política esté presente en la Cámara de Diputados según su arraigo medido en votos. Y establecer incentivos —como alguno que ya existe en la Constitución— para facilitar los gobiernos de coalición cuando ninguna fuerza política —en singular— tenga por sí misma la mayoría de la representación. Una segunda vuelta para elegir legisladores e incrementando las posibilidades de sobrerrepresentación de la mayoría puede eventualmente construir una mayoría absoluta… pero de manera artificial. Es decir, que no se corresponda con el número de sufragios que la apoya.

En lo que sí coincido con Héctor es que, en efecto, dada la nueva fragmentación que aparece en el escenario sería conveniente una segunda vuelta para la elección del presidente y los gobernadores que serviría para que nadie llegara al gobierno con más rechazos que apoyo. Ese presidente, sin embargo y desde mi óptica, seguiría obligado a convivir con la diversidad de fuerzas políticas que cruzan al país y tratando —negociando— con ellas, en el sistema de pesos y contrapesos que genera un régimen presidencial democrático y con fuerzas equilibradas.

Lo que me cuesta más trabajo entender es la lógica de Héctor para combatir la corrupción y lograr que el dinero no genere más estragos de los que ya de por sí crea. Quizá la primera pregunta sea irresoluble pero inescapable: ¿Hoy tenemos más corrupción que en el pasado? ¿O lo que sucede es que existe más visibilidad pública de la misma —gracias al proceso democratizador— y menos tolerancia social? No tengo una respuesta contundente, pero vale la pena hacer la pregunta porque de lo contrario parecería que la democratización generó la corrupción y no que la corrupción antecedió —y por mucho— al proceso de apertura hacia el pluralismo, y hoy se reproduce de manera horizontal y vertical. 

Por supuesto, no se puede ni se debe minusvaluar el tema. La corrupción y la impunidad que la acompaña son unos de los nutrientes mayores de la erosión de la confianza en los políticos, los partidos, los gobiernos y los Congresos. Y HAC, luego de una muy ilustrativa descripción de la corrupción, concluye diciendo: “Hay que devolver a los partidos el libre acceso a los fondos que les dé su sociedad. Hay que desaparecer los spots en favor de la discusión de debates y compromisos programáticos. Deben permitirse las campañas negativas y también debe reabrirse el mercado de los medios en quien quiera adquirirlos”. Y digo que me cuesta seguir la lógica porque el vivo retrato de lo que ha generado la corrupción me parece que merece respuestas distintas a las ofrecidas por “Nocturno…”. Es cierto que la “fiesta petrolera” multiplicó los dispendios, es cierto que la transferencia de recursos federales a los estados sin fiscalización efectiva dio pie al derroche, la improvisación y el robo. Es posible que las campañas electorales sean cada vez más caras y que requieran de grandes recursos (y digo posible porque los testimonios enlistados son dichos y más dichos). Es decir, es cierto que tenemos un problema mayúsculo con el manejo de los recursos, su auditoría y certificación. Y el retrato que hace HAC es expresivo y creo que en lo fundamental resulta cierto y preocupante. Por ello mismo algunas de las prescripciones pueden agravar la enfermedad. Veámoslas una a una. Pero antes una precisión que quizá no sea necesaria. La política requiere de dinero. Y hay dos grandes fuentes de recursos: públicos y privados. En México se ha venido apostando por la preeminencia de los recursos públicos por tres razones: son transparentes (sabemos cuándo y cuánto dinero recibe cada partido), han sido pieza clave para equilibrar las condiciones de la competencia y se pensaba que deberían ser un dique para que los grandes intereses económicos no mandaran sobre los partidos (y peor aún que esa influencia fuera del crimen organizado).

Ahora veamos cada propuesta. 1) “Devolver a los partidos el libre acceso a los fondos que les dé su sociedad”. Es decir, apostar por el financiamiento privado. En el propio diagnóstico de HAC ésos son los fondos más difíciles de rastrear, los que corren por vías paralelas y los que dado que se encuentran concentrados —digo yo— eventualmente fomentarían una dependencia mayor de los partidos de las grandes corporaciones privadas. 2) “Hay que desaparecer los spots en favor de la difusión de debates y compromisos programáticos”. En efecto, los spots han impactado de manera negativa el debate público. En 30 segundos ningún diagnóstico o propuesta medianamente sofisticada puede hacerse. Se les debería reducir de manera significativa y utilizar el espacio que existe por ley para fomentar debates, no sólo entre candidatos a la presidencia, sino a todos los niveles. Y quizá se podrían hacer programas unitarios de los partidos de —digamos— cinco minutos donde éstos podrían hacer planteamientos un poco más sofisticados. 3) “Deben permitirse las campañas negativas”. Me extraña porque nunca han estado prohibidas y sería un delirio tratar de prohibirlas. Para eso son las campañas para que A diga que es el mejor y que B es el peor y a la inversa. Lo único que hoy está prohibido es la calumnia. 4) “Debe reabrirse el mercado de medios”. Hoy partidos y candidatos (y terceros) no pueden comprar tiempo en radio y tv. Pero hay suficiente tiempo del Estado para que los mismos exploten el mismo en sus campañas. Es el formato el que resulta inadecuado y hay que modificarlo. ¿Pero cuál es la razón para abrir ese mercado si el Estado cuenta con 48 minutos al día en cada estación? ¿Para qué transferir recursos millonarios a los medios? ¿Realmente más dinero privado en la política y un mercado de compra de espacios en los medios coadyuvará a reducir las componendas y la corrupción? Por eso digo que no lo comprendo. Recordemos que la fiscalización de los recursos públicos es relativamente sencilla pero los privados por su propia naturaleza suelen ser más opacos. Por si fuera poco, en “Nocturno…” se propone reducir el financiamiento público. Dada la corrupción, ¿resulta sensato disminuir la única fuente de recursos clara y transparente? Sé que el financiamiento público tiene mala prensa, pero colocar a los partidos a expensas de los donadores privados ¿no redundará en una mayor espiral de arreglos opacos e indeseables?

Nuestra precaria democracia se encuentra acechada por muy diversos flancos. Hay que tomar nota de ello porque ninguna “ley de la historia” garantiza su pervivencia. Pero imaginemos que la economía estuviera creciendo, generando empleos formales, incrementando los salarios; que fueran evidentes y productivas políticas para fomentar la cohesión social, el sentido de pertenencia a una comunidad nacional; que fuéramos capaces de abatir la criminalidad y la violencia y paulatinamente ir restableciendo una cierta civilidad; que fueran las leyes las que regularan nuestras relaciones y las relaciones con los poderes públicos y privados; que los medios nos ayudaran a discernir aquello que apuntala las relaciones democráticas y aquello que las dinamita; y sígale usted. La situación, por supuesto, sería otra. Ese triste ejercicio de la imaginación tiene sentido para subrayar algo que debería ser obvio: que el régimen político democrático se fortalece si es apuntalado desde muy diversos flancos y por supuesto se debilita si en lugar de refuerzos está rodeado de situaciones que tienden a erosionar el aprecio por las instituciones que hacen posible el despliegue del pluralismo. Es el listado anterior el que hay que atender, dejar por un momento de seguir dando vueltas a la noria electoral (que por supuesto requiere ajustes), si deseamos que la germinal democracia no se deteriore aún más. No es, entonces, estrechando el pluralismo, ni pretendiendo que los partidos puedan comprar espacios en radio y televisión, ni haciendo que el dinero privado inunde la política, lo que nos va a sacar de la difícil situación en que vivimos. Necesitamos atender los fenómenos que debilitan la convivencia democrática si es que queremos consolidarla.

 

José Woldenberg
Escritor y ensayista. Su más reciente libro es La democracia como problema (un ensayo).


1 nexos, núm. 461, mayo de 2016.

2 El presidencialismo mexicano, Siglo XXI, México, 1978.

3 Para el tema se puede consultar el libro: Ricardo Becerra (coordinador), Equidad social y parlamentarismo, Una propuesta del Instituto de Estudios para la Transición Democrática en coedición con Siglo XXI, México, 2012, 368 pp.

 

7 comentarios en “Sobre “Nocturno de la democracia mexicana”
Convergencias y divergencias

  1. Francamente observo que los razonamientos son muy académicos y desde ese ángulo, muy valiosos. Ni duda cabe, que José Woldenberg, es uno de los mayores conocedores de nuestro sistema electoral, en cuanto a democracia, por lo menos en algunos estados de la republica, es prácticamente inexistente. Son demasiado poderosos los grupos de poder, y amplía la ignorancia y desinterés ciudadano, como para que las condiciones de un sistema de partidos y una estructura legal con procedimientos democráticos, realmente funcionen. Estamos lejos de eso,

  2. Muy interesante análisis de José Woldenberg; y sobre todo, es desde luego una voz autorizada para hacerlo. Coincido en lo que afirma que al incrementar el financiamiento privado a los partidos, conlleva un deterioro de la democracia, entre otros factores de demérito. Y eso es tan evidente, que incluso en lo que siempre erróneamente hemos considerado una de las democracias más perfectas que es la que se practica en Estados Unidos de Norteamérica es donde mayormente se percibe el flujo de dinero privado en las campañas políticas; y en las campañas de los dos partidos: el Republicano y el Demócrata. Le denominan los primos allende El Bravo, dinero blando y dinero duro. El dinero blando son las aportaciones ocultas de las empresas. Suscitó una gran polémica cuando quedó evidenciada la participación de Enro (empresa en quiebra) en esas aportaciones. El dinero duro por otra parte es la que aportan particulares que es de más fácil control; pero no empresas. Obvio es, que las empresas que aportan grandes cantidades de dinero en los EE. UU. en ocasiones hacia los dos partidos, tienen un fin que queda sobreentendido: obtener beneficios para sus actividades empresariales provenientes del próximo jefe de la Casa Blanca y de congresistas, gobernadores… Nadie va a donar su dinero a cambio de nada. Eso mismo desde luego que sucedería en México; incluso se supone que ya ha sucedido en ocasiones electorales pasadas. Unas aportaciones sustantivas de algún cártel del narcotráfico, exigiría un ” new deal ” (nuevo trato) para su organización. Ese es el riesgo que se origina; además que en automático la aportación-inversión cumple con otro objetivo: lavar dinero, con prospectiva de recuperación multiplicado limpio.

  3. Un acertado analisls de nuestra democracia actual, me gustaría haber leído mas acerca HAC su ensayo para ver como vio la ultima reforma que creo la ley general de partidos políticos y si fue un factor subjetivo o real de la democracia y acertado y coincido con Jose Woldenberg sus señalamientos. Opto por un gobierno de gabinete y claro por eficientar mas a los partidos políticos.

  4. vi, recien el programa de la hora de opinar sobre la democracia en mexico, en donde participaron el sr jose woldenberg y el sr aguilar camin, el sr woldenberg da ternura, cierto, todo esta en la norma en las reglas, en las leyes, pero de que se cumplan, eso es otra cosa, woldenberg esta en el cielo y aguilar camin en la tierra,so el angel bueno y el angel malo de la pelicula de pedro infante, las voces que nos dicen como comportarnos, el moderador con tibieza puso en la mesa la posibilidad de que lo que falta es que las leyes se cumplan, muy sesuda su intervencion,el problema es que qiuen va a hacer que las leyes se cumplan, ¿el gobierno? dificilmente si este es juez y parte, ¿la sociedad? de cuando aca los borregos tenemos voz,las leyes se hacen no como medida de todos sino como herramienta de control, se usan cuando se necesitan, no mas no menos.

  5. Otra vez gracias a José Woldemberg por ayudarnos a hacer memoria, a poner en justo contexto el alcance y las limitaciones de esta democracia que, cucha y todo, es lo que tenemos para podernos aferrar como una alternativa a la barbarie.
    No hay demasiado que imaginar sobre los vicios del dinero suelto en los procesos electorales, como lo están (estamos, más bien) sufriendo en el circo electoral de los vecinos que a algunos acá les gustaría imitar.