En la accidentada historia del constitucionalismo latinoamericano, particularmente en el siglo XIX, destaca una ubicua creencia: la idea de que una nueva carta magna, más pura, mejor diseñada, producto del auténtico patriotismo, cambiaría, casi por arte de magia, la triste situación del país que la promulgaba. La magia constitucional es la hermana gemela del desencanto: era muy difícil que la decepción no sobreviniera. Las invocaciones legales, esos conjuros cívicos llamados constituciones, tenían claras limitaciones; no podían transformar la economía o la sociedad de las naciones por sí solas. Se trataba de una sustitución de la política real por la política simbólica, una especie de engaño colectivo. Ciertamente, la política tiene una dimensión simbólica sin la cual no puede transmitir la fuerza de lo común y lo emotivo. Sin embargo, cuando la dimensión simbólica oculta las causas materiales de nuestro descontento funciona como una cortina de humo que distrae y confunde. México no ha sido inmune a la magia constitucional, como bien sabían los prohombres del siglo XIX. No obstante, sorprende su reaparición vigorosa en pleno siglo XXI. En efecto, el ejercicio de redactar una constitución para el Distrito Federal (transformado en Ciudad de México por  la política simbólica), es una muestra de esa venerable tradición de tapar el sol con un dedo. Las mieles de la magia constitucional son difíciles de resistir. No sólo para los políticos profesionales y cínicos, sino también para una pléyade de ciudadanos sinceramente preocupados: activistas, académicos, colectivos, etcétera. Entrar al casino de la política simbólica parece irresistible. Es el embrujo, la ilusión de la creación colectiva de lo público, lo que seduce a tantos. Y es un remedo de acción: cuando podemos hacer tan pocas cosas, al menos podemos entronizar nuestros buenos deseos, nuestras mejores aspiraciones, la esperanza de una mejor vida, en la constitución. Ésa es una fiesta que no queremos perdernos.

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Ilustración: Víctor Solís

El problema de la magia constitucional como diversión es multifacético. Por un lado, distrae recursos escasos: dinero, atención, capital político, esfuerzos colectivos que podrían emplearse con más provecho en otras tareas. Además, enturbia la etiología de nuestros males. Los problemas de la capital del país son diversos, pero no son fundamentalmente constitucionales. Son problemas políticos y sociales: gestión urbana, clientelismo, contaminación, etcétera. No es que los problemas sociales y urbanos de la ciudad no tengan una dimensión institucional; ciertamente la tienen, pero hay pocas áreas en las cuales existan razones de peso para pensar que esa dimensión sea constitucional y no de legislación secundaria. Al concentrarnos en la constitución perdemos de vista el campo de acción real.

A veces, cuando un país transita de un régimen a otro es conveniente una nueva constitución como acto fundacional. Sin embargo, ése no es el caso de la capital. La constitución de la Ciudad de México es un divertimento que oculta el hecho de que sus alcances estarán seriamente limitados por el artículo 122 de la Constitución general. Creo, además, que la aventura constitucional —independientemente de su resultado— manda, en aspectos críticos, un mensaje simbólico equivocado. Lo hace al recrear la idea de un consejo de notables, tribunos de variopintas causas, sin experiencia, en muchos casos, en materia constitucional, para producir un proyecto de constitución. Lo hace al prescindir de una elección abierta para elegir a los diputados constituyentes y dar cabida a designaciones antidemocráticas por parte de los Ejecutivos nacional y local. Y lo hace, finalmente, al no establecer con claridad la ratificación de la constitución por referéndum. Malos símbolos todos ellos, vaya.

Creo que la magia constitucional tiene en nuestra actual circunstancia un efecto particularmente insidioso. En la cruda democrática que vive el país después de la transición a la democracia su futilidad abonará al desprestigio de la política como vehículo del cambio. No hay razón para suponer que en esta ocasión el pase mágico logrará conjurar al conejo del sombrero. El efecto sobre la gobernanza efectiva de la ciudad probablemente sea de modesto a nulo. Sin embargo, habrá generado expectativas en todos los ciudadanos que acudirán a las urnas a votar en la elección extraordinaria del constituyente. Lo ha hecho ya. Aunque esta experiencia promete lo extraordinario, lo cierto es que probablemente producirá la misma política de siempre. Y sobrevendrá la decepción. Algo de esa decepción se advierte en el grupo de ciudadanos, desprovistos de partido, agrupados en Tu Constituyente, que buscaron infructuosamente figurar en la boleta y que fueron incapaces de reunir el elevado número de firmas requerido sin recurrir a clientelas o comprar firmas en el mercado negro de lo cívico. Los ocho candidatos independientes que sí lograron el registro son el producto de corporaciones: bomberos, vendedores, empresas, etcétera.

En esa aventura frustrada advierto una clave para entender el hartazgo de muchos ciudadanos con su incipiente democracia. Hay aquí un eco de la política de oposición de los ochenta, la que enarbolaba el estandarte de las organizaciones no gubernamentales. En las postrimerías del régimen autoritario mexicano el Estado monopolizaba todas las iniciativas políticas; de ahí que fuera importante situarse fuera de él para reclamar lo público. Ahora, curiosamente, hemos llegado a un punto muy similar. Ya no es el PRI, sino el Estado producto de la transición democrática, el que le ha expropiado el espacio público a los ciudadanos… en su nombre. En este proceso de cuatro lustros el Estado paternalista expropió los partidos políticos a los ciudadanos y los incorporó a su propio entramado institucional. Los subvencionó de tal forma que no necesitaran más a sus militantes para sobrevivir. Así los divorció, de facto, de ellos. Esto se hizo en nombre de la equidad. Una parte del subsidio es legal y la otra viene del desvío ilegal de fondos públicos, pero casi todo es dinero de origen público, al fin y al cabo. Después, el Estado redefinió a los partidos de tal forma que no tuvieran una gestión independiente: los procedimientos para elegir a sus dirigentes y a sus candidatos, sus campañas y precampañas, su vida interna, sus estatutos, están todos sujetos, como los de cualquier burocracia, al control del aparato administrativo y judicial. Era natural que sus incentivos se movieran para complacer a su nuevo amo. Se han movido como girasoles hacia el sol. Así, los partidos se convirtieron en un cártel estatizado. El ogro democrático ha devorado a sus hijos, que se agitan en sus entrañas con lo único que les queda: sus membretes. En casi ningún sentido puede decirse que los partidos en México estén bajo el control de sus militantes, ya no digamos de los ciudadanos. Como ya no son organizaciones ciudadanas, sino estatales, no pueden cumplir su función esencial en una democracia: representar efectivamente los intereses de los ciudadanos. En ese contexto es que vuelve a tener sentido hablar de “organizaciones no gubernamentales”, como los colectivos que rehúyen definirse como partidos políticos.  

La alquimia constitucional de la Ciudad México es una pócima que no ayudará a curar los males de la democracia mexicana; probablemente aumentará el malestar. No hay invocación ni encantamiento que cure estos males. Podemos agitar la varita todo lo que queramos. La pomada milagrosa no sanará esa herida que supura hartazgo y fastidio.

 

José Antonio Aguilar Rivera
Investigador del CIDE. Autor de La geometría y el mito. Un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en México, 1821-1970 y Cartas mexicanas de Alexis de Tocqueville, entre otros títulos.

 

Un comentario en “Constituyentes: La magia y la ciudad

  1. Las causas de la aventura constitucionalista del PRD en la Ciudad de México son específicas: 1) megalomanía de su inspirador y guía, quien procreó la idea como consolación de su intento de promulgar una nueva constitución política general bajo la presidencia de Fox; 2) merma del presidencialismo; 3) ascenso de la partidocracia; 4) chovinismo Gran Chilango como engendro de la megalópolis, que pretende ser vanguardia en todo lo concerniente al país, desdeñando al resto de las entidades y siendo inconsciente de los graves problemas de la capital…