¿Es la humillación —o el avergonzar a los ciudadanos— un instrumento legítimo del Estado? ¿Provocar vergüenza es un castigo infamante e indebido? ¿Se extralimita la autoridad al exhibir a través de las redes sociales a presuntos infractores en la vía pública? Me parece que tanto los defensores a ultranza del polémico funcionario de la delegación Miguel Hidalgo, que exhibe en vivo a presuntos infractores a través de la aplicación Periscope, como quienes lo condenan categóricamente, ignoran aspectos relevantes de un tema que tiene numerosas aristas.

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Hace unos años una polémica similar se desató en la ciudad de Nueva York a propósito de una campaña para prevenir que las adolescentes se embarazaran. Las autoridades produjeron carteles que buscaban explícitamente avergonzar a las potenciales jóvenes, aduciendo que sus hijos probablemente sufrirían las consecuencias negativas de sus decisiones. “Tengo el doble de probabilidad de que no termine la preparatoria porque me tuviste cuando eras adolescente”, reza un niño pequeño llorando en uno de los posters. La campaña puso en la discusión pública la legitimidad de utilizar la vergüenza (shaming) como un instrumento legítimo de la política pública. A primera vista la campaña parecería una intrusión en la esfera privada de los individuos, una manifestación insidiosa de lo que el teórico político inglés John Stuart Mill llamó la “tiranía de la mayoría”. Por eso es notable que una de las voces que se alzaron para defender la campaña sea la del emigrado británico Richard Reeves. En un artículo en el New York Times Reeves defendió el uso de la vergüenza.1 No sólo eso, sino que hallaba la práctica compatible con los principios liberales; nada menos que con los de Stuart Mill. Reeves es autor de John Stuart Mill: Victorian Firebrand (2008), una biografía intelectual del filósofo inglés.2 Conviene atender los argumentos de Reeves antes de condenar a rajatabla las andanzas del funcionario que ha desatado el debate en México.

Los liberales deberían pensar dos veces antes de condenar a la vergüenza, alega Reeves: “la vergüenza es un ingrediente esencial de una sociedad sana, particularmente de una sociedad liberal. Funciona como una forma de regulación moral”. Es una forma de alentar ciertos comportamientos al tiempo que se conserva la libertad individual. Por ello, los liberales no deberían huirle a la vergüenza. La pregunta relevante es cuando y cómo debe emplearse este instrumento. Para responderla Reeves echa mano de Mill: hay una diferencia crítica entre aquellas acciones de los individuos que pueden parecernos reprobables, pero que no perjudican a terceros y aquellas que dañan a los demás. En Sobre la libertad Mill escribió: “El simple hecho de vivir en sociedad impone a cada uno una cierta línea de conducta hacia los demás. Esta conducta consiste, primero, en no perjudicar los intereses de los demás, o más bien, ciertos intereses que, sea por una disposición legal expresa, sea por un acuerdo tácito, deben ser considerados como derechos; segundo, en tomar cada uno su parte (que debe fijarse según principio equitativo) de los trabajos y los sacrificios necesarios para defender a la sociedad o a sus miembros de cualquier daño o vejación”. Las salvaguardas de la individualidad, con lo importantes que son, no pueden ser empleadas para extenderle impunidad a los gandallas: “la sociedad tiene el derecho absoluto de imponer estas obligaciones a los que querrían prescindir de ellas. Y esto no es todo lo que la sociedad puede hacer. Los actos de un individuo pueden ser perjudiciales a los demás, o no tomar en consideración suficiente su bienestar, sin llegar hasta la violación de sus derechos constituidos. El culpable puede entonces ser castigado por la opinión con toda justicia, aunque no lo sea por la ley. Desde el momento en que la conducta de una persona es perjudicial a los intereses de otra, la sociedad tiene el derecho de juzgarla, y la pregunta sobre si esta intervención favorecerá o no el bienestar general se convierte en tema de discusión”.

Sin embargo, aquí no se refiere el teórico a las violaciones a los derechos de otros.  Cuando esto ocurre —cuando nos hallamos en el terreno abierto de la ilegalidad, así sea de infracciones no serias— Mill es bastante categórico: “los actos perjudiciales a los demás requieren un tratamiento totalmente diferente. La violación de sus derechos; la irrogación de una pérdida o un daño no justificables por sus propios derechos; la falsedad o doblez ante ellos; la utilización de ventajas sobre ellos, desleales o simplemente poco generosas; e incluso la abstención egoísta de preservarles de algún daño, todo ello merece, en verdad, la reprobación moral, y en casos graves, la animadversión y los castigos morales”.

Las violaciones a la ley en los espacios públicos caen llanamente en esta categoría. Quien sube un vehículo a la banqueta impide el tránsito a los peatones. Tirar la basura en la calle contamina el espacio que habitan otros. Nótese que Mill cuando habla de la sociedad incluye a la autoridad; por ello el tema de si el funcionario está limitado estrictamente por lo que mandata la ley, aunque importante, me parece secundario al tema central del debate. La autoridad no es sino una manifestación coercitiva de la sociedad. Tiene razón Mill cuando señala que, “la distinción entre el descrédito, al que justamente se expone una persona por falta de prudencia o dignidad personal, y la reprobación, a la que se hace acreedora cuando ataca a los derechos de sus semejantes, no es una distinción puramente nominal”. En efecto, es de consecuencia: “existe una gran diferencia, tanto en nuestros sentimientos como en nuestra conducta en relación a una persona, según que ella nos desagrade en cosas en que pensamos tenemos derecho a controlarla, o en cosas en que sabemos que no lo tenemos. Si nos desagrada, podemos expresar nuestro disgusto y también mantenernos a distancia de un ser, o de una cosa, que nos enfada; pero no nos sentiremos llamados por ello a hacerle la vida insoportable”, pero “muy otro será el caso si esa persona ha infringido las reglas establecidas para la protección de sus semejantes, individual o colectivamente. Entonces, pues, las consecuencias funestas de sus actos recaen, no sobre ella, sino sobre los demás, y la sociedad, como protectora de todos sus miembros, debe vengarse del individuo culpable, debe infligirle un castigo, y un castigo suficientemente severo, con intención expresa de castigarle. En este caso, se trata de un culpable que comparece delante de nuestro tribunal, y nosotros estamos llamados no solamente a juzgarle, sino también a ejecutar de un modo o de otro la sentencia que demos”.

¿Debemos hacer que los conductores ebrios se avergüencen de su conducta? Sin duda alguna, responde Reeves. Dañan a terceros de manera clara: pueden matar niños. Al igual que conducir intoxicado, las infracciones en la vía pública, la prepotencia e incivilidad de los guardaespaldas, no son meros actos que encontramos reprobables: son ilegales. Para Reeves, la presión moral es crítica para que se cumpla la ley. ¿Por qué es tan efectiva la vergüenza? La respuesta está en el papel que desempeñan las emociones: no somos seres puramente racionales. El temor, el disgusto o la vergüenza, cree Reeves, pueden tener un efecto más poderoso en la conducta humana que el razonamiento o la información objetiva. Este es, qué duda cabe, la parte más perturbadora del empleo de la vergüenza. Lo es porque acude a la parte irracional, instintiva, de las personas. Ese es un expediente que siempre será riesgoso. Como reconoce el propio Reeves, la vergüenza puede constituir una fuerza social negativa, que aplasta la libertad y el bienestar. Por eso tienen motivos fundados quienes advierten sobre sus peligros. La estigmatización, después de todo, tiene efectos terribles. Cuando la vergüenza falla como herramienta disuasiva las consecuencias pueden ser de consideración.3

Los críticos del funcionario delegacional tienen razón en que no se trata de un ciudadano, sino de una autoridad, limitada por las leyes. Y debería tenerlo muy claro. Su papel no es denunciar, sino hacer cumplir la ley. Lo que puede legítimamente transmitir en vivo es precisamente el momento en que se hace cumplir la ley. Nada más. Exhibir cómo se conduce un funcionario en ejercicio de sus atribuciones legales es perfectamente legítimo. Y ante las injusticias cometidas por este servidor público debe existir el mismo procedimiento de queja y resarcimiento que en cualquier otra actuación del poder público. Más aún, la lupa no sólo se dirige a los presuntos infractores, observamos también, qué duda cabe, al que graba. ¿Por qué no se ha procedido contra el empresario que insultó a la autoridad a través del teléfono que le sostenía diligentemente su guarura? ¿Por qué no hay una averiguación previa contra el mismo personaje, que es el patrón del guardaespaldas que agredió físicamente al funcionario? ¿Se negocia la ley? El recurso de avergonzar, hay que recordarlo, es un arma de dos filos: puede acabar avergonzando al avergonzador. Sin embargo, a diferencia de los embarazos de adolescentes, en México no hay debate sobre el hecho de que tirar basura, estacionar los autos en las banquetas y otras linduras que cometemos a diario nos deberían dar pena. Eso es, claro, si tuviéramos un ápice de vergüenza.

 

José Antonio Aguilar Rivera
Investigador del CIDE. Autor de La geometría y el mito. Un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en México, 1821-1970 y Cartas mexicanas de Alexis de Tocqueville, entre otros títulos.


1http://www.nytimes.com/2013/03/16/opinion/a-case-for-shaming-teenage-pregnancy.html

2 http://amzn.to/1nhcum4

3 Julian Petley, Media and Public Shaming, New York, Tauris, 2013

 

9 comentarios en “Periscope y el uso de la vergüenza

  1. Muy mal planteada tu reflexión. Además de que llenas la mitad del texto con citas. En algunos casos larguísimas. Creo que tu argumento de la exhibición pública y la vergüenza es interesante. Y tu reflexión final de cómo esto puede caer en saco roto en un país que está lleno de sinvergüenzas, es genial. Pero creo que pierdes el punto de la discusión que muchos hemos expresado en las redes.

    Arne actúa mal (no sé porqué no lo nombras en tu artículo) porque increpa a los infractores y busca intimidar a través de la amenaza de la aplicación de la ley. En muchos casos intenta hacer “entrar en razón” al infractor como si fuese un ciudadano pero cuando no puede recurre a argumentos legales para luego terminar imponiendo su “autoridad” exponiendo su cargo o llamando a un policía que está ahí cerca. ¿No es esto un uso arbitrario de la ley? Un funcionario tiene la obligación de identificarse primero si está actuando como tal en horarios de trabajo.

    Lo que a mí me preocupa es que la delegación MH utilice la exhibición en redes buscando cambiar comportamientos evidentemente ilegales. Me preocupa que prejuzguemos el ilícito que nos transmiten en vivo sin conocer más del contexto de la infracción. En el caso de #ladybasura ¿sabemos si se arregló el problema de basura en la colonia? ¿Ha habido seguimiento de las autoridades? Me preocupa que no haya un plan integral para garantizar calles limpias y seguras para los ciudadanos. Que los gandallas se apropien del espacio sin ton ni son y que se protegen en la impunidad. Me preocupa que la aplicación de la ley se vuelva un show, sin consistencia ni congruencia. Que todo quede en lo anecdótico. Que Arne y Xóchitl Gálvez saquen capital político.

  2. Realmente hay de todo. Me gustó mucho el artículo, bien planteado, contundentes las citas y así como tanto se reclama que haya cámaras grabando a los policías, lo que hace Arne me parece correcto en ese sentido. En todo caso que lo denuncien ante la contraloría para que se determine la legalidad o ilegalidad de lo que hace.

  3. Interesante reflexión, pero alejada de nuestro sistema constitucional y legal. Las autoridades solo pueden hacer lo que la ley expresamente les permite, en acatamiento de sus obligaciones y funciones. El auto llamado city manager, cargo inexistente en realidad, lo que de por si constituye una infracción y hasta un delito, desempeña arbitrariamente su encargo, sin ninguna facultad que le permita exponer, avergonzar, sancionar públicamente, imponer apelativos a vecinos de Miguel Hidalgo como cochinos o gandayas, lo que en realidad constituyen actos de molestia que solo pueden desarrollarse en el estricto marco constitucional previsto para emitir actos administrativos, QUE NINGUNA LEY ESTABLECE QUE PUEDAN EMITIRSE VIA PERISCOPE. Lo que produce el servidor público son actos arbitrarios que violentan sus obligaciones contenidas en la Constitución, Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos ( entre otras leyes aplicables) y que ya deberían haber generado los procedimientos de investigación y sancionatorios previstos al efecto. El ejercicio del servicio público no puede desarrollarse como un espectáculo de circo, maroma y teatro, sino como la actividad seria, mesurada, responsable e imparcial que tiene como eje vertebral el cumplimiento estricto de la legalidad.

  4. Los mexicanos estamos tan acostumbrados a exigir la aplicación de la ley siempre y cuando su fuerza no alcanze nuestros límites, en cuanto esta nos alcanza y nos exige cumplir una sanción declaramos que se trata de una injusticia.
    El debate no debe ser sobre la acción de mostrar a los infractores a través de las redes sociales, debe acerca la educación que deben tener los ciudadanos, la existencia de las leyes tienen una razón, procurar una convivencia sana entre todos, en cuanto transgredimos estas normas violentamos el derecho de los demás, pero como mexicanos nos negamos a reconocer esto, consideramos un derecho “recibir la atención” por parte de la autoridad, consideramos un derecho que la autoridad no ejerza su función sobre nuestra persona, pero si lo exigimos para los demás.
    Ahí esta la crítica para Arne aus den Ruthen, pero ¿Dónde está la crítica para todas esas faltas de civilidad de las que hemos sido testigos a través de Periscope? Reconozcamos a los funcionarios de la Miguel Hidalgo esta transparencia, algo que no se dará en otras delegaciones y al contrario a través de partidos políticos y gremios izquierdistas buscarán bloquear tomando como bandera la protección a los Derechos Humanos.

  5. Cabe señalar que los así llamados “infractores” no son simples invasores de las banquetas, sino delincuentes potenciales o reales…no se trata de simples infractores. Son individuos acostumbrados a atropellar toda ley y reglamento, ciudadanos inermes, autoridades de todo nivel, y si tantito se molestan suelen ser contundentes: el Mister “Me la Pelas”, ¿no es suficiente ejemplo de comductas que no son simple infracciones a los reglamentos, sino amenazas reales que penden sobre las cabezas de los ciudadanos que se atrevan a cruzarse en su camino. Y considérese que esto no es “retorica legal”. Invocar a la Ley como norma de conducta obligada a los ciudadanos no nos es ajeno, como pretenden quienes pontifican con toda la catequesis del derecho, pero que en un terreno abstracto pierde todo su significado, terreno abstracto desde el momento en que los sujetos como el “me la pelas” pasa sobre lo que sea y no por razones de su función, sino simplemente porque no entiende más ley que por sus calzones y a ver que vayan los acólitos del derecho a catequizarlos y verán como les sale el tiro por la culata. De lo que se trata es de construir espacios institucionales reales que orienten la conducta de los ciudadanos, incluidos los sujetos que motivan esta polémica. Las instituciones cobran vida en l conducta de los individuos, pero en nuestro México, las clases dirigentes se han encargado de atropellarlas y hacerlas nugatorias con su prepotencia, influyentísmo y, por supuesto, con el ejercicio de la violencia. La problemática de fondo es que, más allá de las acciones señaladas como “infracciones”, en realidad están descalificando a todo el sistema institucional y el ciudadano común, en la medida que las instituciones son la burla de toda clase de delincuentes, pues ellos también participan con sus granitos de arena: no quieren formarse y esperar turno, se pasan los semáforos en alto, dan vueltas prohibidas en donde se les antoja, y toda una serie de desaguisados que son parte de nuestra vida cotidiana…¿gracias a quien?…pues precisamente al ejemplo de esta clase de rufianes llamados “escoltas” y a sus patrones que los usan como perros de ataque y recuerden cocomentaristas no es simplemente asunto de derecho ni de simples infractores, se trata de la construcción y deconstrucción de las instituciones, de la sociedad misma, el asunto tiene mucho más fondo…

  6. ¿Es prepotente aplicar la ley? Creo que no. Exibir a los infractores puede parecer prepotente, algunos dirán, no puede ser, es prepotente. Convengo en que exhibir a los infractores es un exceso, cuando no hay una invitación previa a respetar la norma; por ejemplo: antes que nada, identificándose como autoridad, decirle al infractor que está violando una ley de tránsito, o la que sea el caso, explicándole cual es y sus consecuencias, no solo de sanción, si no el porqué hay que respetarlas; aunque el infracor tiene por obligación saberla y pedirle que deje de hacerlo. Dicho todo esto en el ánimo de educar a la ciudadanía a respetar las reglas de convivencia dictadas por ley. La publicación/ exibición del infractor solo debería ser hecha en caso de renuencia o desacato de la recomendación e insistir en la infración, sea hecha por simple omisión o con prepotencia explícita. En mi opinión, no solo basta con que las leyes estén escritas, si no que, hay que saber educar a los ciudadanos a respetarlas.

  7. Si las infracciones se cometen en la vía pública ya son públicas. Lo único que la autoridad (no viene al caso mencionar su nombre puesto que estamos hablando de la institución) está haciendo en el caso, es ampliar el universo de personas que se pueden enterar de ello en tiempo real. Es en esencia lo mismo que si en lugar de publicarlo por Periscope, el funcionario estuviera siempre acompañado de un reportero que publicara las imágenes y los hechos de las infracciones al día siguiente en un periódico, la única diferencia sería la falta de inmediatez. En todo caso, debe hacerse una valoración del derecho de la sociedad a la transparencia en el actuar de la autoridad, frente al derecho del individuo a no ser avergonzado en público con la publicación de sus acciones o conductas antisociales o ilícitas. Creo que debe prevalecer el interés de la sociedad. Dicho lo anterior, es posible que analizando las formalidades de la actuación de la autoridad, tenga mérito el argumento de que le faltan facultades expresas para llevar a cabo la acción de grabar o transmitir imágenes y sonido de sus acciones en el desempeño de su trabajo, en atención al principio de legalidad. Si tal fuera el caso, deberían dársele a la autoridad tales facultades.

  8. A ver, dejemonos de debate y hablemos en primera persona, no quiero ser ridiculizado debo conducirme con civismo .

  9. Interesante el artículo para reflexionar sobre el uso de la vergüenza incluso fuera del contexto de la Delegación y remontándose a los contextos indígenas. Al respecto, me hizo recordar que es una práctica que se utiliza justo como un mecanismo inhibidor de prácticas incorrectas en las comunidades. Las maneras de utilizarse van desde llamarle la atención al responsable del acto que se le incrimina delante de su familia hasta hacerlo frente a toda la comunidad. Es un mecnismo que tan funciona que por ejemplo cuando una persona indígena residente en la CDMX comete una falta y se entera algún paisano y lo amenaza con que será exhibido ante la autoridad del lugar de origen, lo piensa dos veces para repetir el hecho o bien, para concretarlo. La diferencia que yo ubico es que en las comunidades, las autoridades se limitan y tiene muy claro que el objetivo es exclusivamente inhibir al sujeto relacionado y de paso a toda la comunidad de que comentan el hecho catalogado como indebido. La intención también es dar una oportunidad al infractor de no volverse a equivocar, pues de repetir el acto, la sanción estonces sube de nivel.